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TEMAS DE LA SEMANA

Viviendas del IVC: casitas que se desarman solas

Los nuevos complejos habitacionales de Villa Soldati presentan serios problemas edilicios.

Por Franco Spinetta
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Mientras el gobierno porteño promociona 3.500 créditos baratos para comprar la primera casa, la deficiencia de la gestión crece desde las márgenes urbanas, donde el barro y la basura son la vereda del Riachuelo, el río más contaminado de la Argentina y el octavo a nivel mundial. Al incumplimiento de los plazos para relocalizar a las familias que viven en el camino de sirga, se sumó la entrega de viviendas sin gas ni luz, con filtraciones y cloacas rebalsadas, sin mantenimiento ni medidas de seguridad. Un informe del Ministerio Público Tutelar (MPT) revela graves irregularidades en las casas asignadas a las familias que debieron dejar sus hogares, en el marco de la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema que obliga a los gobiernos de la Ciudad, la Nación y la Provincia a sanear el Riachuelo.
El informe firmado por el asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno analiza la relocalización de dos asentamientos, Luján y El Pueblito. Dice que se entregaron «viviendas sin terminar en cuanto a servicios básicos», vulnerando «el derecho a la salud integral y a la vivienda de las familias a raíz de las condiciones precarias en que el Estado entrega las unidades asignadas, donde no se cumple con los parámetros impuestos para el contenido normativo del derecho a la vivienda».
El gobierno porteño debe reubicar a 1.832 familias que habitan asentamientos precarios e insalubres. En 2008, la Corte Suprema ordenó sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y liberar la margen del río, mudando a las familias que allí habitan. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, que custodia la ejecución del fallo, estableció plazos.
Según el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), ya fueron relocalizados los asentamientos Luján y El Pueblito y se está trasladando un tercero, el Magaldi. Queda pendiente parte de la Villa 21-24 (la más numerosa) y de la 26, pese a que el IVC había fijado el 15 de julio como fecha límite.

«Hay un grado de irresponsabilidad muy grande, durante 2011 la Ciudad no ha entregado una sola vivienda terminada», apunta el informe de Moreno, al que Diario Z tuvo acceso. «No se trata de cumplir con las reubicaciones intempestivamente. Hay que garantizar viviendas dignas a las familias que ya la pasan muy mal viviendo a la orilla del Riachuelo, expuestas a enfermedades de la piel y respiratorias», coincidió la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía.

El informe describe pormenorizadamente la difícil situación que atraviesan las familias que fueron reubicadas en dos complejos habitacionales de Villa Soldati. En el apartado que lleva como título «Relocalización de las familias alojadas en el camino de sirga del asentamiento Luján, efectuada en el predio de Av. Fernández de la Cruz y Lacarra», el Ministerio Püblico Tutelar dice que los vecinos denuncian que la luz se corta dos veces al día (entre las 8 y las 10 y de 16 a 18) y la provisión es a través de un grupo electrógeno que quedó de la obra.

Tampoco hay provisión de gas natural, los vecinos utilizan la garrafa social. Es un gasto significativo porque, «al no tener gas, calientan aguas en ollas para bañarse». En un principio las pagaba el IVC pero hace dos meses dejó de hacerlo.

Además de filtraciones y grietas en las paredes de las cocinas, el MPT encontró que los pisos de los dormitorios no tienen revestimiento, sólo «se advierte el contrapiso». «A esto hay que sumarle la falta de energía eléctrica y matafuegos en los espacios comunes», señaló Moreno. Según pudo saber Diario Z, la Corporación Buenos Aires Sur -responsable de la construcción de las viviendas junto con el IVC- informó al Ministerio que las obras de suministro de electricidad y gas se encontraban en ejecución y que planeaban finalizarlas el 28 de febrero. «El plazo no se cumplió», señala el informe.

El segundo apartado trata sobre la relocalización de las familias de El Pueblito y Magaldi en el predio de Castañares, Lafuente y Portela. El MPT asegura que se «verificaron irregularidades en lo que concierne a falta de provisión de gas natural, electricidad, agua potable, deficiencias de seguridad y dificultades para acceder a los medios de transporte público. (…) Falta agua en las viviendas ubicadas en los primeros y segundos pisos; el tendido eléctrico interno no se encuentra finalizado y los vecinos denunciaron nueve cortes de luz en un mismo día ya que cuentan con sólo ocho horas de suministro eléctrico», detalla Moreno. También, se «incumplió el compromiso del IVC con fecha 15 de mayo de 2012 en cuanto a que todas las viviendas iban a contar con gas habilitado».

Otro de los problemas es la entrega incompleta de la vivienda. Según revela el informe del MPT, el propio IVC informó -a través del oficio ACCAyT N° 1035/11-, que el predio de Castañares, Lafuente y Portela «no cuenta con la Mensura de Fraccionamiento con Apertura de calles registrada». Esto significa que las familias no podrán escriturar. «Es pertinente poner de relieve -continúa el informe- que fueron entregadas 168 actas de entrega de llave y 37 familias sólo cuentan con el acta de tenencia precaria. Esto genera incertidumbre y miedo, ya que se presenta una imposibilidad jurídica para confeccionar la escritura», explicó Moreno.

Otro informe de la Superintendencia Federal de Bomberos sobre el mismo predio intimó al gobierno local a «subsanar las irregularidades» por la ausencia de matafuegos y de luces de emergencia. El MPT exigió que el IVC explicara la falta de estos elementos y la respuesta es insólita: el gobierno porteño explicó a modo de ejemplo que los extintores estarían «dentro de las viviendas para evitar su sustracción y que la misma suerte correrían las luces de emergencia».

La Superintendencia de Bomberos también señaló que no hay «accesos adecuados ni espacios suficientes entre los diferentes módulos habitacionales para la circulación y maniobrabilidad de las unidades operativas del servicio de bomberos».

Demoras peligrosas
El 15 de julio venció el plazo para relocalizar a las 240 familias de la Villa 26. El IVC tiene desde hace 9 años los tres terrenos donde construir; la licitación está rubricada y también se encuentra asignado el dinero aprobado por la Legislatura en el Presupuesto 2012. «La situación es complicada porque el gobierno porteño no ha hecho más que montar los obradores y poner el cartel de obra, pero no puso un solo ladrillo», aseguró Alejandro Franco, abogado de las familias de la 26. «Es más, uno de los terrenos comprometidos fue transferido al Ministerio de Justicia, que construyó un precinto para la Policía Metropolitana en tiempo récord», añadió.

Desde el IVC aseguraron a Diario Z que «antes del 31 de diciembre de 2012 se completaría la reubicación de la Villa 26» y reconocieron que los tiempos se «extendieron» por la «dificultad de conseguir terrenos disponibles». «El IVC se encuentra trabajando en un proceso de regularización dominial para poder otorgar la tenencia definitiva de cada unidad funcional a su beneficiario a través de créditos flexibles de adquisición», añade el comunicado.

«Es mentira: no llegan a entregarnos las viviendas en esa fecha ni haciendo lo que no hicieron durante todos estos años. Recién ahora están empezando a limpiar uno de los terrenos y nos dijeron en la cara que no saben para cuándo», apuntó Serafina Falagán, presidenta de la 26.

El informe del MPT resalta que vencieron los plazos judiciales para reubicar las familias que faltan del Magaldi y que no se conoce «las condiciones habitacionales del complejo asignado (en General Paz y Castañares) ni la fecha de culminación de las obras en el complejo de Los Piletones para finalizar la relocalización de todo el asentamiento».

En el caso de la Villa 21-24, aún resta obtener terrenos para 602 familias: 202 familias deberían haber sido reubicadas el 1 de abril y el resto sólo tiene la promesa del IVC de que a principios de diciembre vivirá en su nuevo hogar.

 

DZ/sc

Fuente Redacción Z
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