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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Villa 31: prometen responder llamados de emergencia

Funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se comprometieron ante una jueza porteña a asegurar que los pedidos de ambulancia, policía y otros servicios de emergencia provenientes del sector «San Martín» de la villa 31, de Retiro, crónicamente desantendidos, serán en adelante respondidos con regularidad.

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Funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires se comprometieron ante una jueza porteña a asegurar que los pedidos de ambulancia, policía y otros servicios de emergencia provenientes del sector «San Martín» de la villa 31, de Retiro, crónicamente desantendidos, serán en adelante respondidos con regularidad.

El compromiso quedó establecido ante la jueza Elena Liberatori en una reunión de trabajo convocada a mediados de la semana pasada por la magistrada ante las quejas vecinales, según informó hoy el abogado Demian Konfino uno de los representantes de los vecinos que participó.

Según el acta suscripto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión por intermedio de Rosario Pirán presentó protocolo de emergencias, que en lo que se refiere a llamados al SAME, Defensa Civil, Bomberos, Policía Metropolitana y otros organismos, debe estar en funcionamiento en diez días.

«Se refiere a que los llamados serán atendidos y resueltos, porque hasta ahora, cualquier vecino que llamaba a estos organismos le decían `al San Martín no podemos entrar`, por lo que esto es un gran logro», dijo Konfino.

En la reunión, realizada el miércoles pasado, hubo también un compromiso de los funcionarios a estudiar la demanda de camiones atmosféricos y contenedores de basura, sobre lo cual se presentará un protocolo en la próxima audiencia del 15 de mayo.

A su vez, Espacio Público enviará a un ingeniero para analizar los pasos a seguir en el alumbrado público y cambio de cables.

Fue la segunda «reunión de trabajo» promovida por la jueza Liberatori tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por vecinos y la agrupación «Los invisibles» con el patrocinio de Cecilia González de los Santos, Defensora 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza ordenó al gobierno porteño «llevar adelante las acciones necesarias tendientes a la sustancial mejora de las condiciones de habitabilidad del asentamiento vulnerable denominado San Martín», anexo a la Villa 31.

Los vecinos habían solicitado la realización de un censo oficial y la incorporación del barrio al esquema de asentamientos informales de la Ciudad de manera que el Estado provea los servicios públicos ordinarios y de emergencia.

Se requirió un plan de alumbrado público y el recambio de postes metálicos, volquetes para residuos; agua potable a través de camiones cisterna hasta que se realicen las obras sanitarias necesarias para la conexión a la red y la instalación de redes cloacales y pluviales.

DZ/sc

Fuente Télam
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