La Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar a la apelación del gobierno porteño contra la medida cautelar dictada en febrero, que había frenado el proceso de licitación para concesionar distintos predios de la Costanera Norte.

“No se advierte la afectación ambiental invocada en la demanda”, expresaron los camaristas, según el departamento de Información Judicial. La jueza de primera instancia que frenó la licitación, Patricia López Vergara, había asegurado que los pliegos se oponían al marco normativo vigente. Sin embargo, según la Sala I “se prohibió al concesionario realizar modificaciones en el espacio concesionado sin el previo consentimiento del GCBA y “toda obra nueva” no podrá alterar el “destino propio de los distritos de Urbanización Parque“.

“En tales condiciones, en este limitado ámbito de conocimiento, asumir que frente a tales previsiones de los pliegos existiría el riesgo de que se autoricen obras incompatibles con el destino propio de los distritos UP –en desmedro de la protección ambiental perseguida- implicaría presumir el incumplimiento del orden jurídico vigente en la materia sin suficiente sustento probatorio o normativo”, consideró la Sala I.

Además, para los camaristas, el hecho de que “las actividades que se proponen licitar resultan las mismas que las desarrolladas hasta la fecha” implica que las “licitaciones impugnadas no modifican el uso que actualmente se le da a los predios, y que lo que se propone es poner en valor, jerarquizar el espacio público ya existente”.

“En tales condiciones, y en tanto los pliegos no pueden contradecir lo dispuesto por las distintas normas que integran el orden jurídico, entiendo que en este estado liminar no puede presuponerse que la demandada extralimite los fines reseñados”, concluyó Schafrik.

Al mismo tiempo, la Sala I confirmó la intimación al gobierno de la Ciudad a brindar un informe sobre el estado de ocupación, tenencia o explotación de los predios, bajo apercibimiento de aplicar multas.

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Fuente Redacción Z