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TEMAS DE LA SEMANA

Venta de propiedades fiscales, costumbre PRO

Mauricio Macri puso a la venta 17 inmuebles del gobierno nacional para “reducir costos y generar actividades económicas”. Se trata de una práctica que aplicó también en la Ciudad, sin resultados a la vista.

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La venta de patrimonio público es una constante en la gestión PRO. Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad asegura que durante la jefatura de Gobierno de Mauricio Macri unas 200 hectáreas de tierras fiscales pasaron a manos privadas, sea por ventas o concesiones. Y que ahora, con la mira de los inversores puesta sobre el Tiro Federa, el Cenard y el Campo de Polo, hay otras 110 ha que están riesgo de privatización.

Por si fuera poco, el gobierno nacional anunció que se desprenderá de otros 17 inmuebles, 13 de ellos ubicados en la Ciudad. Entre ellos, hay dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño (que aseguran seguirá funcionando), un boliche del Conurbano y hasta tres oficinas que alguna vez fueron utilizadas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También hay una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

El gobierno emitió un comunicado donde señala que el objetivo es “reducir gastos y generar actividades económicas en espacios que no están siendo aprovechados”. “Algunos de estos inmuebles están en desuso, en tanto que otros tienen las concesiones vencidas y cánones muy inferiores a los valores de mercado”, añade.

Uno de los bienes cuya venta se autoriza es un predio de 4.700 m2, ubicado en el barrio porteño de Palermo, que es usado actualmente por una empresa que alquila canchas de fútbol 5 y que tiene la concesión vencida. Según el gobierno, el alquiler que paga es de 22.000 pesos por mes, a pesar de que una tasación oficial estimó que el monto del arrendamiento debería ser de 116.000 pesos mensuales.

Sin embargo, el argumento choca con la actitud que tuvo el mismo gobierno con respecto a otras concesiones polémicas, como la del shopping Buenos Aires Design, que está en manos de la empresa IRSA y cuyo canon es de apenas 54 mil pesos por mes.

El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, fue muy preciso respecto al destino de los inmuebles a subastar: «Sigue siendo ineficiente para el Estado que, por ejemplo, haya una cancha de fútbol en un lugar donde puede usarse para otro fin como podría ser que un privado construya viviendas, porque en el proceso de la construcción se genera empleo, directo e indirecto».

El PRO ha recurrido a la venta de inmuebles en reiteradas ocasiones durante los últimos años. Además de los casos puntuales, como la venta del Tiro Federal o la concesión de 45 hectáreas del Parque de las Victorias donde hay una cancha de golf, la Ciudad ha promovido proyectos de ley para enajenaciones en paquete.

En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles considerados “innecesarios para la gestión”, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y con fecha de reapertura aún difusa.

Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a tratar un proyecto enviado por el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri, que proponía la venta de 40 inmuebles, también considerados innecesarios. Esta vez, el dinero sería destinado en partes iguales para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo, los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron.

En materia educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura. Además la Ciudad atraviesa una crisis por falta de vacantes irresuelta. De hecho, el ministerio reconoció que este año más de 11 mil chicos se quedaron sin lugar en la escuela pública.

No menos grave es la situación en Salud, donde los médicos se mantienen en estado de alerta y movilización por falta de personal, insumos y problemas edilicios. En 2015, por ejemplo, la Ciudad atravesó un conflicto de dimensiones al asegurar que no tenía el dinero pautado para el financiamiento del Hospital Garrahan.
El gobierno nacional está decidido a avanzar en un gran remate de alcances, por ahora, desconocidos. Así lo admitió la propia AABE, que advirtió que de los 80 mil inmuebles que son propiedad del Estado, hay “terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios en los que la administración nacional no brinda servicio alguno”.

El organismo está realizando un relevamiento para verificar si “cumplen actividades al servicio del Estado” y “los que no cumplan estos requisitos serán puestos a la venta”.

 

Fuente Redacción Z
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