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TEMAS DE LA SEMANA

Vacunas vencidas: un descuido imperdonable y caro

El Ministerio de Salud porteño compró unas 500 dosis de la vacuna contra el HPV y las dejó vencer.

Por laura-lifschitz
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En las oficinas de Car­los Pellegrini 311, don­de funciona el Ministe­rio de Salud porteño, la noticia dada a conocer por la presidenta Cristina Fernández, el pasado 9 de febrero, parece no haber significado mucho. Des­de allí informaron que la vacuna contra el Virus del Papiloma Hu­mano (HPV) recién será aplicada en las instituciones públicas de la Ciudad cuando la Nación brinde las dosis. Sin embargo, el ministro Jorge Lemus parece olvidar que desde fines de 2008 existe una ley que dispone la inoculación gratui­ta contra este virus, y que unas 500 dosis vencieron en un Centro de Atención Primaria de Villa Lu­gano sin haber sido usadas. El vi­rus del papiloma causa por lo me­nos el 70% de los casos de cáncer de útero. Si la medida dispuesta a partir de la iniciativa de la en­tonces legisladora Patricia Walsh hubiera sido cumplida, se habría reducido la cifra anual de muje­res afectadas con HPV y, poten­cialmente, con cáncer de cuello de útero. En la actualidad, cada año se conocen 360 nuevos casos de cáncer de útero, y 75 mujeres mueren.

La ley 2.960 para la «Preven­ción y Detección Precoz del Cán­cer Génito Mamario», aprobada el 4 de diciembre de 2008, fue un paso fundamental para expan­dir el Programa de Detección Pre­coz del Cáncer Génito Mamario y Enfermedades de Transmisión Sexual (Prodegem). Este progra­ma se había iniciado en 1986, a instancias de la médica Mirta Bu­ratti, por ese entonces directora del Centro de Salud y Acción Co­munitaria N° 5 de Ciudad Oculta. Prodegem actuaba hasta 2008 en coordinación con el hospital San­tojanni para la realización de exá­menes mamarios, colposcopías, papanicolau y para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Por allí habían pasado 30 mil mujeres. El Cesac N° 5 es la única vía de acceso a la salud de la población de la zona.

Al sancionarse la norma, se dispuso que se «extienda a toda el área de Atención Primaria la apli­cación del Programa de Detección Precoz del Cáncer Génito Mama­rio y Enfermedades de Transmi­sión Sexual». La medida, además, obligaba -y obliga- al Poder Eje­cutivo a «realizar una campaña in­formativa, articulada con las áreas específicas del Ministerio de Sa­lud, Educación y Desarrollo Social, con periodicidad anual, conteni­dos modernos y científicos». Pero lo más significativo es que la ley obliga a que el Ministerio de Sa­lud provea «en forma gratuita la vacuna contra el Virus del Papilo­ma Humano (HPV) en los casos en que los/as profesionales de Prode­gem prescriban su aplicación».

Así dispuesto, la vacuna pue­de ser aplicada en cualquiera de los 38 Cesac o los 37 Centros Mé­dicos Barriales (CMB) que existen bajo la jurisdicción del Gobier­no de la Ciudad, así como tam­bién en los hospitales públicos. Al tratarse de una vacuna que sólo algunas obras sociales cubren -cuyo costo varía según el labo­ratorio entre los $1.000 y $3.000 pesos la aplicación de las tres do­sis requeridas- la aplicación de un programa preventivo de la ciudad de Buenos Aires resulta auspicio­so y necesario, si efectivamente la vacuna es aplicada. Pero no fue éste el caso.

En la actualidad hay en el mer­cado dos vacunas, que fueron aprobadas por el Anmat en 2006 y 2007. Ellas actúan neutralizando dos de las cepas de mayor riesgo del virus, que son las que pueden derivar en manifestaciones cance­rosas (además del cáncer de cue­llo de útero, cáncer de vulva y va­gina, de pene y de ano).

La edad ideal para la aplica­ción es entre los 10 y los 14 años, cuando las mujeres aún no se han iniciado sexualmente. Pero pue­de inmunizarse hasta los 26 años en el caso de mujeres y 15, en el de los hombres -aunque aún no está extendida su inmunización, la vacuna también funciona para ellos- toda vez que no hayan sido portadores del virus. Desde su aprobación en el mercado argen­tino, numerosas instituciones lo­cales, como la Sociedad de Obs­tetricia y Ginecología de Buenos Aires (Sogiba) y la Sociedad Ar­gentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij) avalaron la vacuna e hicieron hincapié en que su pres­cripción debía ser una medida ex­tendida en el campo médico. Esto no significa de ningún modo la suspensión de los programas de screening (colposcopía y papani­colau) como método preventivo, claves en la detección de las lesio­nes precancerosas.

Es que el HPV es un virus de transmisión sexual, la mayoría de las veces asintomático, con excepción, en algunos casos, por la aparición de verrugas en el aparato genital. Sin embargo puede permanecer largo tiempo sin expresarse. La infección ocu­rre a cualquier edad, pero con mayor frecuencia (50%) entre los 15 y los 24 años, tanto en va­rones como en mujeres. Los es­pecialistas dicen que 7 de cada 10 mujeres padecen HPV al me­nos una vez en su vida. La razón por la cual esta estadística no se refleja en el número de consul­tas clínicas se debe a que el or­ganismo puede llegar a expulsar el virus por sí mismo en un de­terminado lapso, lo que, junto con la ausencia de sintomatolo­gía, silencia la enfermedad. Pero en otros casos, el virus permane­ce en el cuerpo, y allí aumenta el riesgo de sus complicaciones. Por ello, las campañas de infor­mación de esta patología, junto con las recomendaciones sobre cuidados sexuales (utilización del preservativo), además de los controles periódicos y la aplica­ción de la vacuna en el momen­to adecuado resultan la combi­nación perfecta para evitar la aparición del cáncer.

En los hechos, ningún centro de salud porteño inmuniza con­tra el HPV. Consultados varios Ce­sac, el resultado fue que nadie allí prescribe la vacuna, principalmen­te, según dijeron, porque a nin­gún especialista se le ocurre tal idea. En resumen, puro descono­cimiento de la ley.

En la práctica privada, en cam­bio, muchos ginecólogos suelen recomendar la inoculación a sus pacientes, a sabiendas de que es un costo que tienen que afrontar ellas. Entre una y otra situación parece existir un hiato inmenso.

Para evitar estos trastornos en relación al no cumplimiento, el año pasado la diputada porte­ña por la Coalición Cívica Adria­na Montes presentó una modifi­cación a la ley 2.960 que intenta subsanar la ausencia al derecho de información sobre el HPV. La diputada propuso la obligatorie­dad de la aplicación de la vacu­na a niñas entre los 10 y los 13 años, lo cual evitaría la arbitra­riedad del médico tratante o la falta de información de la pa­ciente. Esta modificación prevé que el certificado de aplicación de la vacuna sea un requisito ne­cesario para el ingreso a la edu­cación media porteña. El pro­yecto aún no ha sido aprobado por la Comisión de Salud, pero desde el Ejecutivo ya han adver­tido que no existe presupuesto para tal medida.

Así las cosas, con una ley no aplicada en los hechos y una mo­dificación en estado de espera, el gobierno del PRO cometió un traspié más. Que se paga en el cuerpo de las mujeres.

Según fuentes cercanas a la industria farmacéutica, el gobier­no porteño compró, luego de la promulgación de la ley, una par­tida de 500 dosis del antígeno para cubrir las necesidades de un centro de atención primaria de Villa Lugano. En la práctica, nadie allí recuerda haber inocu­lado a una sola paciente. Sen­cillamente, porque el Gobierno de la Ciudad jamás repartió esas dosis. ¿Qué fue lo que sucedió? Las ampollas padecieron el sue­ño de los justos: quedaron apila­das en algún lugar, hasta que se vencieron.

Una iniciativa que pudo ha­ber sido pionera en la concienti­zación y prevención de una en­fermedad tan nociva como el HPV y también del cáncer de cuello de útero fue desperdicia­da, pese a los logros conseguidos con la sanción de la ley 2.960 de la diputada Walsh, cuya hija ma­yor María Eva murió de cáncer en enero de 2008. La legislación en este caso actúa sobre la pre­vención y en el marco de ella hay dos factores primordiales que se pierden de vista con su incumpli­miento. Por un lado, el hecho de que los sectores con mayor ries­go de la Capital (y del conurba­no, porque ellos también acce­den al sistema de salud porteño) son aquellos en donde es inexis­tente la capacidad de compra de la vacuna. Por el otro, es una rea­lidad que esos sectores cuentan con mayores dificultades para ac­ceder a la información.

En este caso, este derecho les ha sido vulnerado al no exis­tir una campaña de difusión para prevenir el virus y de los cuida­dos sexuales que se requieren para evitarlo. Pero, además, lo que se niega al desoír esta me­dida es la mejora de la calidad de vida de las ciudadanas. Una mu­jer que no enferma de cáncer sig­nifica un ahorro para el Estado, y además está claro que la preven­ción es una de las garantías de la salud pública. Ahora, quizá, en el Ministerio de Salud de la Ciudad estén esperando de brazos cru­zados el momento en que el go­bierno nacional les haga llegar vacunas contra el HPV.

La política de descuido y desi­dia sobre la salud pública y el in­cumplimiento de las normas san­cionadas por la Legislatura sale cara en recursos humanos y es­pirituales. Lemus no aprende la lección.

DZ/km

 

Fuente Redacción Z
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