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Usandivaras: «Tiran abajo sin que les importe nada»

La abogada y fundadora de Basta de Demoler lucha para preservar la memoria de la Ciudad simbolizada en sus antiguos edificios, hoy en peligro.

Por Juan Carlos Antón
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En el tercer piso de un viejo edificio de la diagonal Roque Sáenz Peña, conveniente reciclado y conservado, se encuentra la sede de Basta de Demoler, una ONG defensora del patrimonio urbano a la que el gobierno porteño demandó el año pasado por “daños y perjuicios” con inhibición general de bienes y una reparación de 22 millones de pesos.

A la cabeza de la institución, la abogada María Carmen Arias Usandivaras –“porteña de ley”, se define– batalla por preservar la memoria de la ciudad simbolizada en sus antiguos edificios en peligro. Hacia 2007 coincidió con algunos de sus vecinos de Recoleta en el reclamo por los petit hoteles de la zona que estaban siendo demolidos.

“Desde entonces, comenzamos a luchar. Somos unas veinte personas que nos movilizamos permanentemente. Nada nos detiene”, señala Arias Usandivaras. Su guía es que se cumpla la ley que protege todas las edificaciones anteriores a 1941, y batallar contra las grandes constructoras e inmobiliarias que tratan de hacer sus negocios buscando excepciones. Una verdadera lucha de David contra Goliat pero que no deja de tener su mística.

“Conseguimos muchas cosas –dice Arias Usandivaras–. Es constante y muy desigual. Nosotros somos voluntarios que dedicamos nuestro tiempo y del otro lado hay intereses económicos muy fuertes. No está el edificio nuevo en sí, sino los grandes constructores, los empresarios. Sabemos que es así. Hay zonas de Buenos Aires que han quedado totalmente destruidas. Belgrano, por ejemplo. Villa Urquiza también es un barrio que lo están destrozando, Retiro, Recoleta, Núñez. Es casi toda la ciudad. Barracas se tiró mucho abajo y es una zona muy característica. Estos barrios diferencian a Buenos Aires de cualquier otro sitio. Además, no se toma en cuenta el valor del turismo. Tiran abajo sin que les importe nada.

¿Cómo distinguir qué es lo que hay que preservar y qué no?
Hay distintas leyes y nos manejamos con eso. Existe una serie de normas que protegen los edificios anteriores a 1941. Lo que marca qué sí y qué no es que un consejo asesor del Gobierno de la Ciudad, compuesto por una serie de organismos gubernamentales y otros que no lo son.

¿Ustedes participan del Consejo?
Queremos participar pero hasta ahora no nos han dejado. Tendríamos que tener aunque sea voz. Pasa que no les conviene. La evaluación que hacen muchas veces de un edificio es sólo a través de una foto. Y el edificio es todo. En el Código de Planeamiento Urbano hay distintas caracterizaciones por las cuales se protegen las edificaciones, distintos valores y grados de preservación. Con esos criterios deben regirse.

¿Esto es así? ¿Se rigen?
En principio sí, pero no siempre ocurre. Por eso hemos tenido que intervenir en algunos casos que estaban para protegerse, tuvieron proyecto de ley y así y todo, otorgaron permiso de demolición o de modificaciones. Por ejemplo, esto ocurrió con el edificio donde estaba la Defensoría, en Montevideo al 1200. La Legislatura lo protegió y después se hizo un convenio con distintos actores –la empresa, amparistas– y si bien se le hicieron algunas modificaciones, logramos mantenerlo en pie. Otro éxito fue el teatro Del Picadero en el pasaje Discépolo. Ésa fue una experiencia con actores y gente de la cultura. En ese caso había un valor simbólico. Ese espacio fue quemado en la época de la dictadura y ahí se hizo Teatro Abierto. Hay una ley que dice que donde hubo un teatro debe haber otro. Se logró que no se derribara.

¿Qué tienen pendiente y no se logra resolver?
Una cosa que tenemos parada desde hace casi dos años es la Iglesia de las Victorias en Paraguay y Libertad. Estamos con un amparo. No es que iban a derribar la iglesia pero sí querían construir adentro un edificio de siete pisos en una parcela que no se podía  modificar. También el Convento de Santa Catalina, en Viamonte y San Martín, donde querían construir atrás un paredón, desde Córdoba hasta Viamonte. El convento moría si se hacía. Siempre nos da la razón la Justicia pero el Gobierno de la Ciudad y la empresa siguen apelando.

¿Cómo marcha la demanda que les hizo el gobierno porteño?
Ése es uno de los riesgos que nosotros corremos. Todo empezó el año pasado cuando la Ciudad nos demanda por 24 millones de pesos por el tema de la plaza Intendente Alvear, enfrente de plaza Francia, donde querían hacer la estación del subte H. Habían destrozado la barranca, sacado árboles, tapiado. Primero, se trata de un área de protección histórica y en segundo lugar, la traza de la línea H iba por debajo de Pueyrredón y de plaza Francia, no de la Presidente Alvear. Es decir, querían hacerla por donde no debían y por eso la Justicia nos dio la razón y ellos tuvieron que aceptarlo.

El Gobierno de la Ciudad no se los perdonó.
En el ínterin, la Legislatura dictó una nueva ley mejorando la anterior, haciendo esa boca de subte en la Facultad de Derecho y el mismo gobierno porteño arregló la plaza, la mejoró, la abrió y dos años después dice que tuvo pérdidas por culpa de nuestra acción judicial. ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo? El hecho es que estamos demandados. Nuestra demanda es un asustadero de vecinos. Demandan al que saben que hace lío.

¿Y ahora?
No está resuelto. Nosotros ni hemos contestado la demanda. Es el único caso de una gestión política de la democracia que haya hecho esto. No es casual. Se trata de amedrentar a la gente para que no participe. El primer artículo de la Constitución porteña plantea que la participación vecinal hace a la construcción del día tras día, ayuda al Ejecutivo a gestionar el Estado, pero si a los vecinos los penalizan cuando participan, entonces no van a participar. Meter miedo, ésa es la idea. Nosotros no actuamos en interés particular, ninguno es dueño de la plaza, y, por otro lado, el subte nos parece fantástico pero que se ponga donde dice la ley. Ellos querían hacerla al lado del shopping. Y casualmente esto la administra IRSA que es el mismo grupo que tiene que ver con los intereses de Macri. Se veía desde el punto de marketing comercial. Rodríguez Larreta dijo que deja esto en manos de la Justicia. Ellos no van a dar su brazo a torcer y la Justicia va a tener que desestimarlo porque no puede ser que ciudadanos que están ejerciendo sus derechos constitucionales se vean amenazados.

¿Cuentan con apoyo de la oposición?
La verdadera oposición pura es mínima. Hacen sus negocios. Por eso, es tan importante que los nuevos legisladores que van a entrar corten el quórum automático. Por ejemplo, esto pasó con la ley de bares en las plazas. La ocupación del espacio público es una constante de este gobierno. El espacio público no es para hacerlo privado y tampoco para llenarlo de cosas. Ni de estaciones saludables, ni de bicicletas ni rejas, ni nada. ¿Dónde va la gente a sentarse en un día de sol? La idea siempre es más cemento. A la plaza de Callao y Rodríguez Peña la están por abrir y pusieron unos senderos inmensos como si fueran a hacer manifestaciones. A pesar de la oposición dce la gente, esa ley se aprobó.

Pero uno de los ejes de la publicidad del gobierno es que gestiona mucho, hace cosas en la ciudad.
Pero no es hacer por hacer. Las obras que se hacen tienen que ver con los contratos de licitaciones. Buenos Aires es la ciudad más rica de América latina y hay una transferencia de capital social de todos nuestros impuestos hacia los privados. Lo que se construye no es para la gente común. Esos edificios que se construyen son carísimos, no para las personas que necesitan vivienda en esta ciudad. ¿Cuántos edificios hay vacíos? El déficit habitacional pasó en diez años de siete por ciento a diez. Hay 100.000 propiedades nuevas pero vacías.

¿Cuándo comenzó esto?
Se remonta a la crisis de 2001 que hizo que la gente no pusiera más la plata en los bancos y la pusiera en ladrillos. Pasa que la gente no los alquila y paga los costos de su bolsillo. Es un capital que está parado ahí. Uno va por Recoleta y en un edificio de siete u ocho pisos sólo dos están ocupados. Esto no es culpa de Macri pero el Gobierno de la Ciudad podría poner límites. Por ejemplo, con impuestos a la vivienda ociosa. Estamos en una burbuja inmobiliaria similar a la española.

¿Qué hacen ustedes cuando ven un edificio que se quiere derribar?
Estamos siempre muy atentos. Hay edificios que tienen “catálogo preventivo”, es decir, no se tocan “por ahora”. Pero eso es otra trampa. Los edificios se catalogan por ley de doble lectura: pasa dos veces por la Legislatura. Es un proceso largo y en el medio hay una audiencia pública donde cualquiera puede participar. Entre la primera y segunda lectura, es muy fácil sacar al edificio del catálogo y en ese momento dar permiso de obra o de demolición y ahí es donde uno tiene que intervenir porque están burlando la ley. Nosotros siempre vamos a estar denunciando estas maniobras.

Luto para las estatutas

La más reciente de las denuncias de Basta de Demoler se ocupa de las estatuas porteñas. Por decreto, el Gobierno decidió pintarlas de negro para preservarlas.
Por ejemplo, la del Brigadier Carlos María de Alvear del francés Antoine Bourdelle, está pintada de negro. La obra de Recoleta tiene una pátina de grafito oscura. El mismo color tienen las figuras de La Victoria, La Fuerza, La Libertad y La Elocuencia que circundan al patriota montado atrás del Palais de Glace. “Eso es una locura. Ellos dicen que han encontrado la forma de proteger la estatuaria de la ciudad de las palomas y de los grafiteros y esa protección es inédita: consiste en darles una pátina de grafito negro. El gobierno dice que el proceso es reversible y se puede sacar pero la Comisión Nacional de Monumentos ya advirtió que no”, explica Usandivaras.
La pintura de las estatuas se está haciendo desde hace más de un año y el plan es llegar a las 2.400 que existen. “Además de que es caro, no se piensa en el acabado que quiso darle el artista a su obra. Pasan por encima de todo. Nos oponemos tajantemente”, dice Arias Usandivaras.

 

Perfil: María Carmen Arias Usandivaras es abogada recibida en la Universidad del Salvador.
Vive en Recoleta.
Tiene dos hijos y es viuda.
Fundó junto con otros vecinos la ONG Basta de Demoler.
Se dedica a la práctica profesional pero dos días a la semana los destina a su trabajo en la ONG.
Asesora a vecinos, contesta demandas y camina la ciudad en busca de edificios en peligro.

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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