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TEMAS DE LA SEMANA

Unas 18 mil personas viven en las calles porteñas

Los hoteles precarios son la única salida. El gobierno entrega dos tipos de subsidios: uno de 1800 pesos y otro de 5.500 pesos. Un informe especial de Diario Z.

Por Alejandra Hayon
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El 21 de junio pasado fue el peor día en la vida de José Luis (30). Era el día del padre y debía abandonar el cuarto de hotel en el que vivía con su mujer y sus tres hijos (de 9 y 3 años y un bebé de ocho meses). Semanas atrás había perdido su trabajo como empleado en una empresa de seguridad y no volvió a conseguir otro. En el hotel no lo quisieron aguantar más y le dijeron que se fuera.

“Cargamos todo lo que pudimos en el carrito y con los chicos a upa empezamos a caminar. No sabíamos a dónde ir ni qué hacer. Era la primera vez que me quedaba sin nada, la primera vez que me quedaba en la calle”, recuerda José Luis y su rostro se llena de dolor y tristeza.

Con ayuda de organizaciones sociales, José Luis consiguió el subsidio habitacional que da el gobierno porteño pero le costó días y días conseguir un hotel que los aceptara con chicos. “Nos cerraban la puerta en todos lados”, contó.
La realidad de José Luis es la realidad de miles de porteños. En 2011, el Gobierno informó que en las calles de la ciudad sólo vivían 876 personas, un 35 por ciento menos que el año anterior. La cifra despertó fuertes críticas, se dijo que la metodología con la que se presentaba la información estadística era insostenible desde el punto de vista técnico.

Las personas que viven en la calle son muchísimas más. Según un informe de 2012, elaborado por la organización Médicos del Mundo, son 16.353 los porteños sin techo. Para Horacio Ávila, fundador de Proyecto 7 y referente del Centro de Integración Monteagudo, que es autogestionado por personas que viven en la calle, el número supera los 18 mil.

“Es muy fácil sacar el cálculo: el Gobierno lleva otorgados más de nueve mil subsidios habitacionales a personas solas y grupos familiares, más otros dos mil exigidos por la Justicia, más las 2.600 plazas que el mismo Ejecutivo dice tener en los paradores… si no reconocen cuántas personas están en la calle es porque no quieren”, sostiene Ávila.

Soluciones a medias
Desde el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social informan que el gobierno porteño tiene programas específicos para brindar “atención social primaria a toda persona en situación de riesgo, emergencia y vulnerabilidad social”. Entre ellos se encuentra el programa Buenos Aires Presente (BAP), las brigadas móviles que responden a los llamados recibidos a la línea 108. El BAP resuelve la situación puntual: deriva por esa noche a paradores y refugios transitorios. En los hogares las personas suelen estar por más tiempo y los hay para hombres solos, mujeres con y sin chicos y familias.

Lo único que el Gobierno ofrece para subsanar la falta de vivienda es el subsidio habitacional. Puede ser de dos tipos. Uno consiste en una cuota de 1.800 pesos que se paga directamente a la persona; en el otro, el Gobierno le paga al hotelero 5.800 pesos por habitación, independientemente de la cantidad de personas que vivan en ella. En ambos casos el plazo máximo que cubre el subsidio es de diez meses y sólo la Justicia puede ordenar que se extienda en respuesta a un recurso de amparo.

“El valor del subsidio siempre funcionó como un regulador de precios para los hoteles. Cuando se consigue un aumento del subsidio, los hoteles aumentan también. Hoy una persona sola paga como mínimo entre 2.200 y 2.400 pesos y una familia no menos de 3.600; si es que consigue lugar porque es muy difícil que te alquilen con chicos”, denuncia el referente social.

Horacio Ávila vivió seis años en la calle y conoce bien el estado de los hoteles. Hacinamiento, condiciones deplorables de higiene y limpieza, habitaciones sin ventanas ni ventilación y familias enteras que comparten dos o tres colchones en el piso. “Los hoteles son un desastre, la mayoría no tiene habilitación ni inspecciones pero al Gobierno no le importa porque les son funcionales. No los controlan porque deberían clausurarlos a todos e impedir que alojen a tantísima gente en esas condiciones. Pero si eso pasa ¿qué hacen con las miles y miles de personas?”, cuestiona.

Hoteles de la vergüenza
María Ester tiene seis hijas y está embarazada de 8 meses, espera al varón. Hace poco le salió “el Habitacional” y con eso puede pagar los 5.500 pesos que le cuesta el cuarto en el hotel a tres cuadras del hospital Ramos Mejía, lugar en donde se atiende. Sigue yendo a la puerta del hospital por las noches para comer el plato de comida caliente que reparte la organización Sumar Solidario. “Yo por suerte tengo techo, pero igual estoy en un lugar muy chico: es un cuarto muy chiquitito que compartimos entre todas. Me gustaría ir a otro lugar pero es muy difícil encontrar”, cuenta.

Si bien es una ayuda importantísima para quienes están en la calle, con el subsidio empieza un nuevo peregrinar. Encontrar hotel que acepte como inquilinos a beneficiarios del subsidio, que admita a familias con niños y que no esté en condiciones deplorables se vuelve una hazaña.

En marzo de este año, el asesor tutelar de la Cámara Nº 1, Gustavo Moreno, del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, presentó un informe que denuncia la precariedad de los hoteles. De los 125 relevados menos de la mitad tiene la habilitación correspondiente, el 60 por ciento no acepta hospedar a familias con menores de edad, sólo cinco están preparados para discapacitados y sólo el 19 por ciento recibe a beneficiarios que pagarán directamente, no a través del gobierno. La explicación es sencilla: el valor del subsidio cambia radicalmente. Si paga el gobierno directamente al hotelero, la pieza vale $5.800. Si paga el beneficiario plata en mano, sólo tiene los 1.800 por adulto que le entregó el gobierno. El informe de Moreno afirma que ocho de cada diez hoteles pide más de 1.800 pesos mensuales por la habitación.

Estar en la calle y ser de familia grande es otra dificultad: apenas el doce por ciento de los hoteles hospeda a familias con cinco miembros y ninguno admite a familias de más de ocho personas.

“El informe se hace todos los años y siempre son los mismos resultados. Le elevamos el oficio a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pero no tuvimos ninguna respuesta”, aclaró Moreno. Para el asesor tutelar la situación afecta sobre todo a los chicos: “Es muy triste que el único lugar que tengan los niños para jugar, disfrutar, hacer la tarea, dormir y comer sea el mismo cuarto que comparten con todo el grupo familiar, en muchos casos hasta están expuestos a situaciones de promiscuidad”.

La mayoría de los establecimientos consultados cuenta con cocina y baños compartidos y tienen terraza y patio pero no Salón de Usos Múltiples (SUM) ni comedor. Lo último es importante porque las familias deben usar el cuarto además de para dormir para el resto de las actividades diarias como la comida y la recreación.
Como si lo anterior fuera poco, los hoteles tienen muchas restricciones para admitir huéspedes. Por ejemplo, siete de cada diez no reciben ni indocumentados ni menores de edad si no los acompaña un adulto. Al momento del informe, en marzo de este año, más del 60 por ciento no tenía lugar para nuevos inquilinos. Y sólo cuatro de los que tenían vacantes aceptaban grupos familiares.

Cuando los hoteles son inspeccionados las denuncias se confirman: casi el 90 por ciento tenía algún tipo de irregularidad.

El negocio con la pobreza
“Lo más llamativo es la diferencia en el monto del subsidio que paga el Gobierno a los hoteleros en contraste con el que les asigna a las personas y familias. Cómo puede ser que al hotel se le pague el doble o el triple que a las personas”, cuestiona Moreno.

El negocio de los hoteles ha sido largamente denunciado. En 2002, la entonces defensora del pueblo Alicia Oliveira denunció que se pagaban sobreprecios millonarios. “Es un sistema muy perverso y endémico. Pasaron tres gestiones distintas y nada cambió esta vinculación económica y financiera por parte de los hoteles y política por parte del Gobierno”, denuncia Moreno.

El problema de fondo es la falta de acceso a la vivienda. El programa Alquilar se Puede presta el dinero para pagar la garantía y las comisiones inmobiliarias para ingresar a una vivienda. Sin embargo, los requisitos son imposibles para quienes viven en la calle: “El que cree que la gente puede mantener, dentro de la pobreza y la marginalidad, trámites burocráticos no tiene ni un solo día de trabajo en la calle. Muchas veces no pueden sostener ni cinco días de atraso en el pago del subsidio y el Gobierno paga siempre con atraso”, aclara Moreno.

Un techo transitorio no soluciona el desamparo. Se necesita promover la inserción social y laboral y garantizar el acceso a viviendas sociales. “Un subsidio debería estar acompañado por un seguimiento para lograr el fortalecimiento de las personas. No existen políticas para sostener a la gente. Cuando se termina la cuota vuelven a la calle”, dice Ávila.

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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