La legislatura porteña aprobó finalmente el proyecto de ley que prohíbe a las inmobiliarias exigir cualquier tipo de pago en concepto de honorario o comisión a los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Esta sanción implica una mejora en las condiciones de acceso al alquiler, pero según muchas asociaciones civiles debe acompañarse de muchas otras medidas para que funcione plenamente.

En una ciudad en la que más de un tercio de sus habitantes resuelve su situación habitacional mediante un contrato de locación, todavía faltan dar varios pasos. La Ley de inquilinos aprobada excluye una serie de propuestas que estaban en el proyecto presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el CELS, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Algunos de los puntos que quedaron fuera, y las organizaciones siguen reclamando que se legislen, son medidas crear un sistema público de garantías, establecer la gratuidad de las certificaciones de las firmas, poner oficinas públicas de asesoramiento y adoptar medidas para evitar prácticas discriminatorias. Además, el proyecto original creaba una mesa de trabajo para la formulación de políticas públicas que promovieran la oferta de inmuebles en alquiler para sectores medios y bajos, y establecía mecanismos más eficientes que fiscalicen el cumplimiento de las leyes que regulan este mercado.

«Estas propuestas abordan una serie de aspectos problemáticos que una legislación que se oriente hacia la intervención integral y estructural sobre el mercado de alquileres no debería desconocer», dice un comunicado que firman ACIJ, La Boca Resiste y Propone, CELS, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Fuente CELSFuente Diario Z