“Recuperar el espacio público es una de las premisas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta”. El ministro de Seguridad, Martín Ocampo, dejó en claro cuál será la línea política del actual gobierno con respecto a dos cuestiones que generan polémica: los manteros y trapitos.
Al mismo tiempo, en las últimas semanas se produjeron al menos 10 operativos policiales que tuvieron como objetivo la venta callejera. Hubo allanamientos en depósitos, talleres clandestinos y también desalojos de manteros en Flores y Caballito.
La situación despertó apoyos y preocupación en partes iguales. Diario Z contactó al vocero de la Confederación de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, Vicente Lourenzo; a la referente de vendedores del espacio público de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Gabriela Olguín; y a la antropóloga e integrante del Conicet María Victoria Pita, quien investigó el circuito económico de los manteros.
Vicente Lourenzo (Fecoba): “Hay que atacar toda la cadena de distribución ilegal de mercadería”
Siempre sostuvimos que el mantero es el eslabón más frágil de una cadena que se origina en el contrabando, los talleres clandestinos y los piratas del asfalto. Pero no es verdad que la mayoría de los manteros son cuentapropistas. El Estado, al no controlar el espacio público, les hace un flaco favor porque obliga con su inacción a mantener manteros con un salario indigno, con falta de perspectivas laborales. Nosotros creemos que no se puede justificar el delito por la necesidad social.
Apoyamos los últimos operativos contra estas organizaciones. El gobierno de la Ciudad apunta a pegar en el medio y atacan los depósitos de almacenamiento. No creemos que haya habido represión. No puede continuar la compra venta de productos ilegales: la mayoría de los puesteros no puede justificar de dónde sacó la mercadería, a quién se la compró. No son legales porque pagan el monotributo.
Gabriela Olguín (Ctep): “El fenómeno de los manteros llegó para quedarse”
No nos sorprende esta situación porque ahora tiene la fuerza para hacer todos estos operativos. El fenómeno de los manteros llegó para quedarse. El primer lugar al que va un trabajador necesitado, es al espacio público. La erradicación no va a solucionar el problema.
Compramos en los mismos mayoristas que las grandes cadenas y pagamos monotributo. Vendemos más barato porque tenemos menos margen de ganancias. Nosotros calculamos que debe haber unos 50 mil trabajadores en esta situación.
Ellos (el gobierno) nos llaman mafia y nos conectan con los talleres clandestinos… es una hipocresía porque las grandes marcas están involucradas. También es cierto que existen abusos, gente que cobra por el uso del espacio público, pero eso sucede con la connivencia policial y política. Son coimas que van bien arriba de estos poderes.
Hay que formar mesas de trabajo en la que estén todos los actores, organizaciones de trabajadores, el Estado, las cámaras comerciales, las organizaciones vecinales. Hay que ordenar las ventas y también el espacio público. Pero no es con represión.
María Victoria Pita (antropóloga): “Las mafias existen, pero no son la mayoría”
El gobierno porteño siente que goza ahora de legitimidad e impunidad para avanzar. Acá la discusión es cómo se van a resolver los conflictos urbanos, pero me da la sensación de que la única lógica del PRO es la no voluntad de administrar dichos conflictos y apelan a la violencia para erradicar a los vendedores.
La idea de la mafia detrás de cada mantero es una construcción argumental para justificar la represión. Las mafias existen, obviamente son ilegales, pero no son la mayoría. Las mafias son las menos vulnerables porque tienen en claro el manejo de las ramificaciones ilegales, son granes capitalistas, con mucho dinero y conexiones con la policía y la política.
En la lógica del Gobierno se persigue al vendedor autónomo, el más débil, que está allí por subsistencia económica.
Esta situación es producto de un orden social desigual. Es un tema que hay que debatir para encontrar soluciones políticas de manera no violenta. Todas las fuerzas políticas tienen que sentarse a discutir estos temas partiendo de la premisa de que no van a poder eliminarlos, ni siquiera con la persecución y la represión. La política punitiva es para la tribuna.
dz / fs
Fuente Redacción Z
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