El Gobierno porteño retomó con fuerza su combate contra la po­lución visual, una medida muy esperada por los porteños, que conviven a diario con la invasión de cartele­ría en las calles de la Ciudad. Ya son más de 700 marquesinas las que el GCBAretiró de las principales calles comerciales del centro. Los vecinos aplauden la medida, mientras pequeños y medianos comerciantes piden más tiempo para poder poner sus locales en regla, tal como lo establece la ley.

Nadie discute la necesidad de liberar el espacio visual, pero algunas voces reclaman flexibilidad para poder cumplir con lo que establece la ley. «Estamos de acuerdo en combatir la contaminación visual, pero las ventas han bajado dramáticamente y cues­ta mucho de un día para el otro pagar el re­tiro de la marquesina y comprar otra cuyo precio oscilará entre los 6 mil y 12 mil pe­sos», dijo Osvaldo Distéfano, presidente del Centro Comerciantes de Belgrano (CCB). Unos 30 mil son los pequeños y medianos comercios distribuidos en la ciudad y apor­tan el 68,9% de los ingresos brutos del pre­supuesto porteño, según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba).

La medida responde a la Ley N° 2.936 de Publicidad Exterior, que fue promulgada el 9 de enero de 2009 y que es implementada por el Ministerio de Espacio Público, dirigido por Diego Santilli. Ya en octubre pasado se li­beró Diagonal Norte de 38 estructuras que no cumplían con la normativa y este mes se avanzó con locales de las avenidas Corrien­tes y Santa Fe, desde Callao hasta el Bajo, y Cabildo al 400 hasta General Paz. El próxi­mo paso será despejar el tramo de Santa Fe a Pueyrredón.

«Me dí cuenta de que habían quitado los carteles por Santa Fe cuando descubrí un edificio que jamás había visto. La arqui­tectura del lugar se aprecia más sin tanto letrero», comentó Julieta Gómez Ruiz, que opinó como la mayoría de los transeúntes consultados. Sobre esa avenida el año pasa­do se removieron 600 marquesinas. Algu­nos locales, los más pequeños, aún no las han repuesto por falta de presupuesto.

Según se dispuso, los comercios grandes, cadenas, supermercados y marcas de renom­bre con publicidad en gigantografías se res­ponsabilizan de remover marquesinas y car­teles cuyas medidas no se ajusten a la ley.

En cambio, los medianos y pequeños co­mercios son intimados para luego ser visita­dos por inspectores que acuerdan la remo­ción de las marquesinas con medidas acordes a la ley. Los comercios pymes pueden optar por que sea el propio Gobierno el que reti­re las estructuras. Según la tarifa oficial, las remoción de grandes marquesinas (carteles, toldos fijos y columnas con salientes) cues­ta $ 9.000; las medianas (carteles y salien­tes pequeños), $ 5.000; y lo que es cartelería móvil, bancos, maceteros, sombrillas, mesas y sillas, varía entre los $ 2.000 a $ 3.000.

Las voces más críticas se escudan en lo «repentino» del cumplimiento de la norma. «Los grandes anunciantes, supermercados y cadenas no son los más perjudicados. Sí se tendría que haber respetado el plazo de las habilitaciones otorgadas en espacios de pu­blicidad exterior», dijo a Diario Z Philip Pé­rez, director general de la Cámara Argenti­na de Anunciantes.

El CCB, la Asociación de Amigos Comerciantes de la avenida Santa Fe y los co­merciantes consultados co­incidieron en que se debe­ría haber planteado plazos de entre uno y tres años, y facilidades de financiación. «No hubo un análisis serio de nuestra situación previa a la promulgación de la ley. Por eso reclamamos subsi­dios o un plan de créditos a través del Banco Ciudad al que no le sea imposible aplicar», dijo a este medio José Clavería, presidente de la Asociación de amigos de la avenida Santa Fe.

Diálogo abierto

Fecoba, junto con otras entidades que representan a los comerciantes, es parte de la Comisión de Paisaje Urbano que fue creada a partir de la promulgación de la ley, pero sólo tienen voz, y no voto.

«Tenemos el compromiso de Santilli de ir despacio con la aplicación de la ley y nos reuniremos con la comisión estas semanas para rever algunos detalles. Es una oportu­nidad para que se combata la polución vi­sual, pero también para regularizar los me­canismos de habilitación, para que haya una competencia leal y se reactive el comercio minorista ceñido a las normativas vigentes», dijo, positivo, Castillo.

«No se hacen diferencias ni selecciones dentro del Programa de Liberación de dis­positivos publicitarios en infracción, sino que se está implementando con muchísimo éxi­to un plan de consenso y diálogo coordinado con los intimados para que los mismos cum­plan con la ley de la manera menos perjudi­cial para su actividad comercial y su bolsillo, teniendo en cuenta que tras el desmantela­miento de los dispositivos es el propietario quien debe encargarse de la refacción de las fachadas», indicaron desde prensa del Minis­terio de Espacio Público ante la consulta de Diario Z.

Además, desde las oficinas de Santilli aseguraron que se reciben «sugerencias de los vecinos y comerciantes, que son atendi­dos, escuchados y asesorados, en vías de re­solver el estado de la cartelería sin menos­cabar los derechos de los ciudadanos de poder gozar debidamente del espacio pú­blico así como tampoco perjudicar al co­merciante que está en infracción».

 

Fuente Redacción Z