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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Un protocolo antitomas

Para desalentar las protestas estudiantiles, el Ministerio de Educación dispuso un nuevo protocolo que responsabiliza a los padres e impone multas a las familias en casos de daños materiales.

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toma de escu

El Ministerio de Educación porteño busca desarticular las protestas de los estudiantes presionando a las familias con posibles multas. El nuevo protocolo sobre las acciones que deben seguir los directores de escuela frente a una toma que fue enviado a las escuelas responsabiliza a los padres por las acciones de los estudiantes e impone multas por posibles daños materiales. El año pasado, fueron 30 las escuelas tomadas en rechazo a la reforma inconsulta bautizada Secundaria del Futuro, que eliminaba parte del último año a cambio de prácticas laborales en empresas. En esa ocasión, el protocolo que llegó hasta las escuelas pedía que el director denunciara la toma ante la Policía. Sin embargo, la Justicia respondió de manera rápida y contundente: el derecho a la protesta no constituía ningún delito.

De acuerdo al nuevo protocolo, en caso de una toma los directores de escuela deberán citar a los padres para que retiren a los chicos de la institución. En los casos en que las familias aprueben la toma, el Gobierno buscará que los padres se hagan cargo de los gastos por los daños en el establecimiento.

Los directores deberán dar intervención también al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME. También sacar fotos de la escuela del antes y después de las tomas para remarcar los casos de vandalismo. Contradiciendo esto último, en las tomas del año pasado muchos estudiantes aprovecharon el tiempo libre para pintar y arreglar las aulas deterioradas por la falta de mantenimiento escolar.

El nuevo protocolo indica que las multas que deberán afrontar las familias de los chicos que tomen las escuelas serán determinadas por el Procurador General de la Ciudad. Además se traslada la responsabilidad sobre los chicos y los daños materiales que puedan suceder a los padres de los estudiantes, en vez de recaer sobre el rector como hasta ahora.

“Lo que estás intentado hacer es que desaparezca la toma de las escuelas a través de la presión a los padres para que se hagan cargo de todo lo que pudiera pasar en la escuela durante la toma”, explicó a DiarioZ el asesor tutelar Gustavo Moreno, que el año pasado presentó un amparo contra la reforma inconsulta.

Según Moreno, los nuevos lineamientos son una forma “de poner en contradicción a los papás con los chicos por una cuestión económica, por lo que pueda pasaren la toma y los supuestos perjuicios económico para las escuelas”. El asesor tutelar también remarcó que aún queda corroborar la legalidad del nuevo protocolo.

El legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano consideró al protocolo como una “resolución represiva” y pidió que la ministra de Educación, Soledad Acuña, sea citada a la Legislatura para dar explicaciones. «La resolución de la ministra se inscribe en el reforzamiento de la política represiva del Gobierno. Es la aplicación en el ámbito educativo, que por definición requiere de la más amplia libertad y democracia, de la llamada ‘nueva doctrina de seguridad’ de Patricia Bullrich», afirmó Solano.

Fuente Diario Z
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