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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Un informe revela los nexos entre el macrismo y la barra brava de Boca

Un informe difundido por la Agencia de Noticias Infojus reveló que el gobierno de la Ciudad firmó un convenio con una ONG cercana a la barra brava xeneize para construir viviendas en el barrio de La Boca, y que sus beneficiarios fueron elegidos en una «asamblea interna».

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Entre los preadjudicatarios de dichas viviendas se encuentran Hernán Cantón, miembro de la 12, y preso por asociación ilícita, y la hija de Santiago Lancry, otro de los detenidos por la causa de los carnets truchos.

Cantón, por ejemplo, está detenido por el escándalo de los carnets truchos, y es uno de los beneficiarios del convenio entre la Asociación Civil Casa Amarilla y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), dependiente del gobierno porteño.

 El acuerdo, que otorga el manejo de los planes de vivienda a un privado, alcanza a más de cuatrocientas personas elegidas en una «asamblea interna» de la asociación.

En el listado -al que tuvo acceso Infojus Noticias- también figura Cinthia Soledad Lancry, la hija del “cabezón” Santiago Lancry, quién se entregó hace unos días en el juzgado de Manuel de Campos.

La Asociación Civil Casa Amarilla existe desde el año 2005. La preside un amigo íntimo de los “tribuneros” -como llaman a los barras la gente del barrio: Diego Basualdo. Él es quién firma al pie de los listados de personas que podrían ser dueñas de las casas a construirse.

El convenio por el plan de viviendas –desmenuzado en una investigación publicada hoy por el diario barrial Sur Capitalino- establece que el Estado construye edificios de viviendas sociales pero delega en una ONG la selección de los beneficiarios y la administración de los consorcios.

“Este convenio es la privatización del clientelismo. Es como una inmobiliaria con bienes del Estado”, definió Facundo Taboada, integrante del equipo de asesores de la Defensoría General de la Ciudad, en la nota publicada en el diario barrial.

La investigación de ese medio revela que de la lista de 431 preadjudicatarios sólo un 22,10% vive en La Boca. El dato no expresa, por sí sólo, una ilegalidad.

El pacto entre el organismo que conduce Emilio Basabilvaso –ex subsecretario de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos, vinculado al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, licenciado en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y becado con honores en Madrid- y la ONG de Basualdo, le permite a los aspirantes vivir en toda la ciudad Autónoma y en el Gran Buenos Aires, a pesar de que se trata del único plan de viviendas en años en uno de los barrios más relegados de la capital en infraestructura habitacional.

“Es ilegal otorgar a un particular, en este caso una asociación, el derecho de administrar propiedades que otorga el Estado”, agregó Taboada en la publicación del sur de la capital.

Del análisis del listado no sólo emergen los barras del xeneize. Sur Capitalino detectó otras irregularidades: hay viviendas para distintos miembros de una misma familia (padres, hijos, hermanos, parejas); y una decena de adjudicatarios que viven en un mismo edificio (Irala 170). Y hay, sobre todo, muy pocos vecinos de La Boca.

 
DZ/rg 
 
 
Fuente Télam
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