El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, rechazó este mediodía las acusaciones por los presuntos abusos y vejámenes cometidos por la ex Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) a personas en situación de calle.

Macri, acompañado por su abogado, Alejandro Pérez Chada, presentó un escrito y aceptó responder presuntas que le formuló la jueza de instrucción María Fontbona de Pombo, quien momentáneamente está reemplazando al juez titular, Facundo Cubas.

El jefe de gobierno porteño se presentó poco después de las 11.30 ante el juzgado de instrucción número 49, presentó un escrito y una copia del expediente de formación de la ex UCEP y sorpresivamente aceptó responder preguntas de la jueza.

En esa instancia, Macri -quien se presentó después de varias postergaciones e incluso tras recusar al juzgado- defendió la «validez de los decretos de formación de la UCEP», que constituye el punto de inicio de la investigación.

Macri explicó que la UCEP era «un organismo preestablecido», independientemente de lo cual defendió su formación y aclaró que su disolución no estuvo vinculada con las denuncias de malos tratos sino con una reforma organizativa en su gobierno.

En cuanto al otro punto relevante de la actuación de la UCEP, la forma en que se realizaron los desalojos, Macri se mostró ajeno a eventuales abusos cometidos por los agentes y detalló cuáles eran las normativas que debían cumplir en su cometido.

En la causa también fue indagado el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo, sobre quien -a diferencia de Macri- sí pesaba una imputación del fiscal Marcelo Roma.

En la causa, además, hay una querellante particular, una mujer embarazada que denunció agresiones por parte de los miembros de la ex UCEP.

El tribunal dispone ahora de diez días hábiles para resolver la situación procesal del jefe de gobierno, lo que ocurrirá cuando ya haya regresado al juzgado el magistrado Cubas.

DZ/km

 

Fuente Redacción Z