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Traspasan los institutos de menores a la Ciudad

Son siete instituciones, algunas con régimen cerrado y otras de libertad restringida. No hay control sobre las condiciones de encierro.

Por Alejandra Hayon
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instituto de menores

La Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) transfirió a la Ciudad los dispositivos penales juveniles, más conocidos como institutos de menores. Son siete y alojan alrededor de 360 chicos. Para los especialistas, las condiciones de infraestructura y de encierro “son trágicas”.

Con el decreto 873/2016,  que oficializó el traspaso el miércoles 20, la Ciudad pasó a tener siete institutos penales juveniles. Cuatro son de régimen cerrado, similares a una cárcel: el San Martín, el Belgrano, el Roca y el Inchausti. Los otros tres –Almafuerte, Azurduy y Simón Rodríguez- son residencias educativas de libertad restringida.

En los institutos de régimen cerrado viven alrededor de 120 chicos y en los de libertad restringida, 240. En total, hay 700 personas trabajando: 300 como personal de seguridad y 400 empleados que cumplen diferentes funciones al interior de los centros.

“Todavía no tenemos ninguna información de cómo será el traspaso y si va a significar algún cambio en las condiciones de los dispositivos. Creemos que la idea de pasarlos a Ciudad surgió después del motín que protagonizaron 45 chicos en el Instituto Roca, en Flores”, le contó a Diario Z José Machain, consejero por la Legislatura del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA).

Para Machain sería un error que los institutos queden en la órbita del Consejo, como se supone que ocurrirá. “El Consejo es el encargado de controlar que no se vulneren los derechos de los chicos, es contradictorio que administre instituciones de encierro. ¿Se va a controlar a sí mismo?”, opinó.

Quién controla el estado de los institutos y las condiciones de vida de los chicos es un misterio. Hasta ahora, ningún organismo de control podía ingresar para garantizar que no se violaran los derechos de los chicos. “Las condiciones materiales de encierro son ruinosas, tiene la misma lógica que las cárceles. La minoridad de edad no les genera ningún costado humanitario”, criticó Laura Musa, abogada especialista en derechos de infancia y ex asesora tutelar.

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Nación que autorizara el ingreso de la Procuración Penitenciaria. “No sabemos con exactitud ni cuántos chicos hay encerrados. Se muere un chico y no pasa nada, quién se entera”, opinó Musa. En diciembre de 2014, murió un chico de 14 años  alojado en una celda de aislamiento del Instituto Agote, en Charcas al 4600, en Palermo.

Para Musa las condiciones jurídicas de encierro también “son trágicas. Los chicos no tienen ni un abogado defensor y son juzgados por una ley de la dictadura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que es inconstitucional”. Y agregó: “Ojalá el traspaso sea para transparentar la situación y replantear el sistema”.

 

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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