La convocatoria se hizo para denunciar “el proceso de desguace de áreas estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires. El achicamiento del Estado, ligado a tercerizaciones y negociados con los privados; está a la orden del día”, según los organizadores.

El origen del conflicto, cuenta Santiago Fernández Galeano (delegado general adjunto), se remonta al traslado de 37 trabajadores del área de Reciclado, que fueron llevados a Fiscalización: prácticamente la mitad de quienes interactúan como nexo entre el Estado y los cartoneros en labores de reciclado.

“Se trata de trabajadores que ya de por sí están en condiciones muy precarias, con contratos de locación de servicios. Y encima ahora cambian sus roles: de ayudar a os cartoneros a fiscalizar, ahora pasan inspeccionar”, especifica Fernández Galeano.

“A esto se suma que pasan a engrosar la Dirección de Fiscalización, que conduce alguien procesado por el caso de la UCEP, como es Matías Lanusse. En suma, engrosan un área que no es de ellos, y a la vez vacían la Dirección de Reciclado”.

Fuentes del ministerio desmienten el vaciamiento. “Hay una decisión de integrar en Fiscalización inspectores que sean polivalentes, con capacidad para fiscalizar distintos aspectos, no solo la basura, sino también si hay una mesa de un bar en la vereda y no corresponde, por ejemplo. Lo que se hace es maximizar la sinergia al momento de fiscalizar las transgresiones”. En suma: “Así dejamos efectivo un solo cuerpo de inspectores, que además toma agentes de otros sectores, no solo Reciclado”.

Para Fernández Galeano, “nuestro temor es que se esté preparando el terreno para un nuevo contrato en el tema de la basura. El año que viene hay que negociar el pliego, que por un lado contempla a las empresas, pero que le dejó un diez por ciento de la recolección a recicladores nucleados en cooperativas. Si se vacía Reciclado, si se resiente la labor, el vínculo, y el vecino ve que no es eficiente el servicio, va a preferir que haya una empresa. De Reciclado depende el proceso de formalización de más de cinco mil recuperadores urbanos”. De ahí el reclamo por mejoras en las condiciones de trabajo.

En Espacio Público, respecto de este punto, aseguran que, “siempre hemos tenido un dialogo permanente con los trabajadores y con las cooperativas. Incluso se los recibió al comienzo del conflicto, en febrero. Acordamos una mesa de diálogo y se ofreció un mejora económica que quedó en veremos porque dijeron que debían consultar a las bases. Nunca tuvimos una respuesta”.

La movilización en protesta se realizó hacia el ministerio de Modernización, “que debe actuar en pos de regular las relaciones laborales”, según Fernández Galeano. “No hemos tenido respuesta en Espacio Público, y por eso queremos tener una respuesta levando nuestro reclamo a Modernización. Todavía no hay claridad sobre las funciones que pretenden que cumpla Reciclado. La única conclusión es que están pensando más en la campaña y la necesidad de recaudar, que en implementar las políticas públicas necesarias para avanzar en la problemática de Reciclado en la Ciudad”.

DZ/JPC

Fuente Redacción Z