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Trabajadores de empresas recuperadas reclaman sanción de norma

Marcharon a la Legislatura para pedir sanción de una norma que brinde amparo jurídico a 29 compañías

Por DyN
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Trabajadores de empresas recuperadas establecidas en la ciudad de Buenos Aires se manifestaron ayer frente a la Legislatura porteña para reclamar la sanción de una norma que brinde amparo jurídico a 29 compañías, en las que se desempeñan unos 5 mil obreros.
La movilización se concretó ayer y estuvo protagonizada por representantes del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores.
El presidente de la organización, Luis Caro, dijo a DyN que en los últimos días se reunió con legisladores de los bloques PRO y de varios referentes de la oposición para promover una ley que proteja al sector de acciones legales iniciadas por parte de los antiguos dueños.
A fines de diciembre pasado, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó una norma que beneficiaba la situación de las fábricas recuperadas por sus trabajadores.
El texto rechazado por Macri prorrogaba por seis años el plazo para que la Ciudad formalizara el funcionamiento de las fábricas y empresas recuperadas, las declarara de utilidad pública y sujetas a expropiación. El decreto 672 de veto, entre otros puntos, cuestionó la conformación de una «mesa participativa» abierta para acompañar el proceso de expropiación, que debía estar integrada por dos representantes del gobierno porteño y por miembros de tres comisiones de la Legislatura y uno de cada empresa recuperada.
Caro señaló que en paralelo a la manifestación se reunió hoy con el vicepresidente primero de la Legislatura, el diputado Cristian Ritondo (PRO), que se comprometió a dar tratamiento el próximo jueves en el recinto a un proyecto ley promovido por el legislador kirchnerista Juan Cabandié y que busca dar amparo legal a las empresas recuperadas.
«El proyecto de Cabandié tiene el apoyo de muchos bloques y tiene muchas posibilidades de ser aprobado. Hablamos con Ritondo y nos dijo que el PRO no tenía mayor oposición, por lo que la iniciativa tiene pleno acuerdo», evaluó Caro.
Para seguir de cerca el análisis legislativo del proyecto, los trabajadores volverán a movilizarse la próxima semana a la Legislatura, anunció Caro.
De las 29 empresas en situación de riesgo legal, 4 atraviesan procesos judiciales que podrían derivar en el desalojo de las instalaciones: el Hospital Israelita, el frigorífico Torgelón, la fábrica de chocolates Arrufat y el boliche La Peña del Colorado.
DZ/sc
 

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