El presidente del bloque Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, impulsó una iniciativa en la Legislatura porteña mediante la cual buscará expresar el “enérgico repudio” los más de 500 nuevos despidos en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. La medida se suma al hecho de que en los últimos diez meses también se había reducido el personal de planta, provocando más de 1.200 ceses.
En ese sentido, el legislador kirchnerista explicó que “el propósito de esta política de despidos va mucho más allá, se trata de un conflicto de intereses, es la disputa por el uso de la tierra, el negocio de la propiedad de la tierra” y consideró que “se destruyen en forma sistemática las políticas para quienes producen alimentos para la población, privilegiando solo a los grandes exportadores concentrados”.
Cabe recordar que la estructura del personal de trabajadores del Ministerio de Agroindustria está integrada por cuatro mil empleados; la mayor parte de ellos, 2700 trabajadores, están regidos por contratos anuales que gozan de todos los beneficios de la planta permanente, salvo la estabilidad laboral. Además, la planta permanente de dicha cartera asciende a un total de 270 trabajadores existen 900 trabajadores contratados monotributistas a través de la Fundación ArgenINTA , que son trabajadores que prestan servicio en el Ministerio.
En los fundamentos de la iniciativa, Tomada remarcó que “de dicha estructura el ministro Luis Miguel Etchevehere tiene la intención de despedir a cientos de trabajadores en este organismo, empezando por la mitad de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar que cuenta con 1100 empleados distribuidos en todas las provincias” y destacó que “en lo que va del año 2018 despidió en abril a 330 empleados del ministerio y otra cifra similar en el SENASA organismo que también depende del ministro. Todos los trabajadores despedidos tienen en promedio más de 10 años de antigüedad laboral en el organismo”.
Sobre esa misma línea denunció que “el promedio de sueldo de los despedidos en abril es de 26.215 pesos, en contraposición a las designaciones de nuevos cargos que rondan los 60 mil pesos” y sentenció que “a la reducción salarial en torno a la inflación se le ha sumado la baja de horas extras y/o eliminación de las mismas dejando los salarios por debajo de los casi 20 mil pesos que indicó el INDEC para la canasta básica de julio de 2018”.
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