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Toma de Lugano: la Justicia dispuso aplazar el desalojo

Así lo resolvió la jueza María Gabriela López Iñíguez hasta tanto se garantice “la vida e integridad física de las personas” afectadas a la ejecución.

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DYN802.JPG DYN802, BUENOS AIRES 21/03/2014, CONTINUA LA TOMA EN EL PREDIO DE VIILA LUGANO.FOTO:DYN/RODOLFO PEZZONI.

La titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas rechazó el planteo de incompetencia interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y dispuso aplazar el libramiento de la orden de desalojo. La causa que investiga la toma ilegal de terrenos en las proximidades de la Villa 20 continuará tramitándose en la Justicia de la Ciudad. La magistrada instó a que “entretanto corresponderá instar a los funcionarios que han venido trabajando en el marco de la Mesa Técnica Interinstitucional para que retomen sus reuniones, intensificando las mismas a efectos de lograr conciliar los puntos conflictivos expuestos por escrito ante esta sede judicial, y concertar por ende un plan conjunto, constituyendo una unidad de mando de ser ello necesario, para posibilitar la efectiva implementación de la manda de desahucio”.

La jueza dispuso que la investigación deberá proseguir “por no haberse logrado acreditar los extremos invocados” y “por revestir el conflicto referido al saneamiento y urbanización subyacente, en el marco de la ley 1770, de eminente carácter local”. En la resolución, la magistrada porteña sostiene la existencia de una “contradicción” entre el planteo de incompetencia impulsado por la fiscalía argumentando el cambio en la calificación legal -de un delito de “usurpación”, de competencia local, a “asociación ilícita”, “estafas”, “estelionato”, “extorsión”, y “malversación de caudales”, entre otros delitos de competencia de la Justicia Nacional-, y la imputación formulada por el fiscal a Marcelo Antonio Chancalay, único detenido en la causa, como autor del delito de usurpación del predio tomado a partir del 24 de febrero de 2014.

“Si al 13 de mayo el Fiscal ya estaba convencido de que estos hechos involucraban ‘a prima facie’ y a su juicio calificaciones legales diferentes a las hasta entonces propuestas (181 inc. 1 del CP y 189 bis CP), no logra comprenderse por qué no intimó a uno de los principales imputados de la causa en orden a tales supuestos típicos. Esto sólo, a mi modo de ver, ya debería señalarnos que la pretendida incompetencia no puede tener favorable acogida, por resultar cuanto menos infundada y prematura”, sostiene la jueza López Iñíguez en los fundamentos de su sentencia.

En la sentencia también se resalta que “el Fiscal no ofreció ni una sola prueba” que sostenga la hipótesis de existencia de una asociación ilícita, y remarca que “ni los allanamientos; ni las escuchas telefónicas; ni la declaración del único imputado que fue intimado a tenor del art. 161 CPP; ni los testigos que fueron escuchados (en general, de modo informal y sin control de las Defensas) abonan esta hipótesis”.

La magistrada también subraya el carácter eminentemente local del conflicto en cuestión y la necesidad de no frustrar el avance del proceso de desalojo pacífico del predio, destacando la intervención del Juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, a cargo de Elena Liberatori, quien dispuso el pasado llevar a cabo un censo habitacional, en el marco de la causa relativa al cumplimiento de la Ley 1770 de saneamiento y urbanización de la Villa 20.

“A la luz de lo normado por la ley 1770, la restitución del predio debe existir en función del cumplimiento de los fines de dicha ley, previo saneamiento de la tierra que padece niveles alarmantes de contaminación, producto de años de omisión de las agencias estatales. Y los fines ulteriores son los de la urbanización de esas tierras”, afirma López Iñíguez.

 

DZ/vr

Fuente Redacción Z
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