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Toma de Lugano: cuestionan el desempeño de la justicia porteña

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad planteará en una audiencia pública la «incompetencia» de la Justicia local para intervenir en la investigación de la ocupación de las tierras linderas con la villa 20.

Por Redacción Z
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En la audiencia los fiscales argumentarán por qué consideran que la investigación que derivó en la toma del predio de Fernández de la Cruz y Pola, el 22 de febrero pasado, debe ser investigado por la justicia nacional y no por el fuero penal, contravencional y de faltas porteño.

El planteo de incompetencia fue presentado días atrás por el fiscal interviniente en la causa Carlos Rolero, al entender que de acuerdo a la prueba recabada en la investigación «habría mérito suficiente para cambiar la figura delictiva», informaron fuentes judiciales.

En este sentido, los voceros apuntaron que el fiscal Rolero busca cambiar la carátula de «usurpación» que actualmente posee y que lleva adelante la jueza Gabriela López Iñiguez, por la de «asociación ilícita», que es un delito de competencia nacional.

La audiencia estará encabezada por la propia jueza López Iñiguez, titular del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 14, y se llevará a cabo a partir de las 9.30 en la sala de audiencias 6 de la sede judicial ubicada en Berutti 3345.

Los voceros destacaron que en el caso de que la Justicia porteña «decline su competencia» la causa podría quedar en manos de la justicia nacional.

La investigación de la fiscalía sostiene que hubo una «asociación ilícita» en la toma del predio actualmente denominado barrio papa Francisco, por la cual ya existe un acusado, el ex dirigente barrial Marcelo Chancalay, quien tiene prisión preventiva acusado de haber instigado la ocupación.

La causa también posee «una orden de desalojo en espera de ejecución y más de una decena de imputados como autores o partícipes necesarios de la ocupación ilegal».

Unas mil personas se encuentran en el predio de más de diez hectáreas, desde el 22 de febrero pasado, cuando en su mayoría habitantes de la villa 20, lindera con estos terrenos, decidieron ocuparlos con el argumento de la falta de viviendas.

Tras la orden de desalojo, la Policía Metropolitana, con el apoyo de fuerzas nacionales, intentó la desocupación del predio pero se consideró que no estaban dadas las garantías necesarias para preservar las vidas de numerosas mujeres y niños que
estaban en los terrenos.

La jueza Elena Liberatori puso en marcha la ejecución de la ley 1770 que ordenaba la urbanización de la villa 20 y que había sido votada por la legislatura porteña en el 2005, pero que estaba paralizada por una demanda judicial sobre la jurisdicción a la que pertenecían los terrenos actualmente tomados.

Es que el predio usurpado era utilizado por la Policía Federal como un depósito de automóviles, con la consecuente contaminación que tienen esas tierras y que es utilizado como uno de los argumentos de la Justicia para desalojar a los
ocupantes.

Liberatori estuvo presente durante el censo que se realizó el fin de semana de todos los habitantes de la villa 20, no sólo de los que ocupan el predio desde el 22 de febrero pasado, como primer paso hacia la definitiva urbanización de la villa, para lo cual ayer inició las tareas acompañada de veedores, la asesoría tutelar de menores porteña y la defensoría del pueblo de la ciudad.

En tanto, los ocupantes, que ya instalaron precarias viviendas y mínimos servicios básicos como luz o agua, denuncian que no son tenidos en cuenta en las decisiones y la precaria situación en la que se encuentran, con numerosos niños, mujeres embarazadas y ancianos.

DZ/sc

Fuente Télam
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