La Sala I de la Cámara Federal determinó que debe ser el Juzgado en lo Correccional 9 quien investigue los episodios registrados en agosto y septiembre de 2013, al resolver un conflicto de competencia entre el fuero ordinario y el federal.

La Sala reconoció que debe ser la justicia de excepción la que intervenga «en los delitos cometidos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación trasciendan la esfera local, o se perjudique a las rentas del Estado Nacional».

«Sin embargo no es ello lo que ha acontecido aquí», dijeron los camaristas Jorge Luis Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, al analizar los episodios registrados el 2, 5 y 15 de agosto y el 13 de septiembre.

En una resolución de dos carillas, a la que accedió Télam, los magistrados citaron fallos de la Corte Suprema que establecieron que «correspondía intervenir al fuero local cuando no se afectase al servicio de transporte público interjurisdiccional» y que «para que surja la competencia federal, los efectos del hecho deben exceder los límites provinciales».

La cuestión había llegado a la Cámara luego que el fiscal federal Guillermo Marijuan apelase el envío a la justicia local -ahora confirmado por la Cámara-, al sostener que la conducta desplegada por los manifestantes afectó un servicio público de carácter general, que habría perjudicado a un grupo indeterminado de personas y que esto podría haber generado un peligro común».

La interrupción del servicio había sido dispuesta por empleados de una empresa que tercerizaba el servicio de seguridad en la línea A de subterráneos, quienes bloquearon las vías impidiendo la circulación de los trenes en reclamo por el despido de alrededor de medio centenar de trabajadores.

DZ/sc

Fuente Télam