En los recientes acuerdos del PRO y el FPV (y sus aliados) hay, en primer lugar, un sinceramiento de una necesidad política mutua. Históricamente, el tratamiento de estos proyectos estuvo trabado por un triple empate político: los vecinos quieren que las tierras ferroviarias disponibles sean transformadas en parques, la Ciudad tiene la potestad de darles norma urbanística pero no es dueña (y además debe considerar la opinión de sus habitantes) y la Nación quiere aprovechar el potencial valor económico de esos terrenos, que sin embargo se reduce a cero si no tienen normas otorgadas por la Ciudad. Este empate es estructural porque no depende del partido político ni de la ideología de los gobernantes. Y es, al mismo tiempo, una disyuntiva difícil: la propiedad del Estado nacional es de todos los argentinos, incluso de los que viven a centenares de kilómetros de Buenos Aires.
Este pacto entre dos fuerzas políticas pone en disposición una cantidad de tierras. Está muy bien que haya emprendimientos y que se construya en la Ciudad, pero es necesario que estas obras estén pensadas con criterios apropiados: que estén integradas a sus barrios y consideren los problemas ambientales que hoy se hacen evidentes, que la valorización inmobiliaria que generan sea utilizada por ambos niveles del Estado para promover el acceso universal e inclusivo a los beneficios de la urbanidad. En caso contrario, sólo se tratará de promover negocios privados desde una lógica reducida a la venta del patrimonio.
A pesar de sus diferencias, el kirchnerismo y el macrismo parecen consideran al suelo disponible en la Ciudad casi exclusivamente como un recurso económico primario, con el riesgo de caer en una matriz económica extractivista. Así como se extraen minerales en las provincias andinas o soja en la pampa húmeda, se pueden «extraer» m2 en las grandes ciudades, sin reinvertir en desarrollo social ni en ampliar y universalizar los beneficios de la urbanidad.
Un acuerdo político no está ni bien ni mal per se. La lógica es que si dos gobiernos tienen trabas para avanzar con sus proyectos se deben sentar a negociar. Para la sociedad hay dos temas centrales. Por un lado, cómo afectarán los nuevos emprendimientos a los barrios y a los vecinos, que convivirán con la nueva situación. Por el otro, si la valorización y el dinero se pondrán al servicio de una ciudad más justa, igualitaria e inclusiva. La doble lectura y la presentación definitiva de los proyectos son instancias que permitirán evaluar mejor estos aspectos.
Una buena señal hubiera sido que el acuerdo incluyera también un compromiso para avanzar en la urbanización de las villas: la Villa 31 tiene una Ley sancionada sin que se hayan registrado avances en su implementación.
DZ/km
Sinceramientos
Por Marcelo Corti, arquitecto y urbanista. Edita el portal Café de las Ciudades.
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