En los recientes acuerdos del PRO y el FPV (y sus aliados) hay, en primer lugar, un sinceramiento de una necesi­dad política mutua. Históricamente, el tratamiento de estos proyectos estuvo trabado por un triple empate político: los vecinos quieren que las tierras ferro­viarias disponibles sean transformadas en parques, la Ciudad tiene la potestad de darles norma urbanística pero no es dueña (y además debe considerar la opinión de sus habitantes) y la Na­ción quiere aprovechar el potencial va­lor económico de esos terrenos, que sin embargo se reduce a cero si no tie­nen normas otorgadas por la Ciudad. Este empate es estructural porque no depende del partido político ni de la ideología de los gobernantes. Y es, al mismo tiempo, una disyuntiva difícil: la propiedad del Estado nacional es de todos los argentinos, incluso de los que viven a centenares de kilómetros de Buenos Aires.
Este pacto entre dos fuerzas políti­cas pone en disposición una cantidad de tierras. Está muy bien que haya emprendimientos y que se construya en la Ciu­dad, pero es necesario que estas obras estén pensadas con criterios apropiados: que estén integradas a sus barrios y consideren los proble­mas ambientales que hoy se hacen evi­dentes, que la valorización inmobiliaria que generan sea utilizada por ambos niveles del Estado para promover el ac­ceso universal e inclusivo a los benefi­cios de la urbanidad. En caso contrario, sólo se tratará de promover negocios privados desde una lógica reducida a la venta del patrimonio.
A pesar de sus diferencias, el kirch­nerismo y el macrismo parecen conside­ran al suelo disponible en la Ciudad casi exclusivamente como un recurso eco­nómico primario, con el riesgo de caer en una matriz económica extractivista. Así como se extraen minerales en las provincias andinas o soja en la pampa húmeda, se pueden «extraer» m2 en las grandes ciudades, sin reinvertir en desarrollo social ni en ampliar y univer­salizar los beneficios de la urbanidad.
Un acuerdo político no está ni bien ni mal per se. La lógica es que si dos gobiernos tienen trabas para avanzar con sus proyectos se deben sentar a negociar. Para la sociedad hay dos te­mas centrales. Por un lado, cómo afec­tarán los nuevos emprendimientos a los barrios y a los vecinos, que convivirán con la nueva situación. Por el otro, si la valorización y el dinero se pondrán al servicio de una ciudad más justa, igua­litaria e inclusiva. La doble lectura y la presentación definitiva de los proyec­tos son instancias que permitirán eva­luar mejor estos aspectos.
Una buena señal hubiera sido que el acuerdo incluyera también un com­promiso para avanzar en la urbaniza­ción de las villas: la Villa 31 tiene una Ley sancionada sin que se hayan regis­trado avances en su implementación.
DZ/km

Fuente Especial para Diario Z