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TEMAS DE LA SEMANA

Señales institucionales: No había pasado nunca

Dos hechos inéditos: el vicepresidente declaró ante la Justicia como cualquier ciudadano y legisladores oficialistas y opositores viajaron a Estados Unidos para defender en conjunto la posición argentina frente a los Fondos Buitres.

Por Reynaldo Sietecase
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Dos hechos sin precedentes en la historia democrática abren esperanzas sobre el fortaleci­miento institucional del país. Por primera vez un vicepresidente de la Na­ción se sentó delante de un juez, acusado de un hecho de corrupción. El juez Ariel Lijo, según se desprende del escrito de ci­tación, está convencido de que Amado Boudou se aprovechó de su cargo de mi­nistro de Economía en 2010 para quedarse con la imprenta de billetes de la familia Cic­cone. En su larga exposición, el vicepresi­dente rechazó todas las acusaciones, volvió a cuestionar al magistrado por no investi­gar “la ruta del dinero” –mencionó al ban­quero Raúl Moneta, que reclamó la plata– y dijo que los antiguos dueños de la impren­ta “orquestaron todo para sacarle plata al Estado”. Más allá del resultado del proceso, que alguien ubicado en la cúspide del po­der político tenga que dar explicaciones en los tribunales como cualquier ciudadano es una señal positiva que vale la pena desta­carse. No había ocurrido nunca.

Boudou dice que es víctima de una suer­te de vendetta por haber promovido la es­tatización de las jubilaciones. Cree que por esa razón fue sometido a una suerte de lin­chamiento mediático. “Es una causa arma­da”, insiste. El juez en su escrito de llamado a indagatoria, en cambio, describió la ma­niobra por la cual el funcionario “se que­dó con el 70 por ciento de la empresa”. En la misma línea, el fiscal Jorge Di Lello cree que existen pruebas suficientes para acu­sarlo por incompatibilidad con los deberes de funcionario público. Pero en algo coin­ciden el fiscal y el principal acusado de la causa: el juez Lijo no investigó la arquitec­tura financiera de la operación que terminó con el salvataje de la empresa.

En la misma tarde en que Boudou de­claraba en el tercer piso del edificio de Co­modoro Py, la Sala Idela Cámara Fede­ral resolvió declarar abstracto un planteo de la defensa del vicepresidente para anu­lar las testimoniales de los responsables de la ex Ciccone (ya que deberán prestar de­claración indagatoria como acusados en los próximos días). En gran medida sobre esos dichos, que hablan de reuniones con el amigo del vicepresidente, José María Núñez Carmona, para pactar el traspaso de la em­presa se basa gran parte de la acusación.

El tribunal también le sugirió al juez Lijo que “evaluara” investigar el origen de los fondos que sacaron a la empresa de la quiebra. Uno de los camaristas, Eduardo Farah, que quedó en minoría, fue todavía más allá y le pidió al magistrado que cite a indagatoria al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al empresario Raúl Moneta (que está muy mal de salud), al banquero Jor­ge Brito y a otros operadores financieros. Este punto es considerado clave para la de­fensa del funcionario. El planteo que hizo Boudou en su indagatoria fue, en términos coloquiales: si dicen que compré la ex Cic­cone, que me digan con qué dinero y de dónde salió ese dinero.

No importa cuál sea finalmente la de­cisión del juez, la carrera política del vice­presidente está hipotecada desde hace tres años cuando Laura Muñoz Tokatlian, ex pa­reja del contador Alejandro Paul Vander­broele, administrador de la empresa que podía imprimir papel moneda, denunció en el programa Sin filtro de Radio Mitre, que éste era “testaferro de Boudou”.

Unos meses antes de ese día, la presi­denta Cristina Kirchner lo había designado como compañero de fórmula para sorpre­sa de propios y extraños. Después de la ex­periencia con Julio Cobos, todos esperaban un nombre de peso dentro del PJ y no un economista con pasado en la UCD. Se ha­blaba de algún miembro del Gabinete: Juan Manuel Abal Medina, Carlos Zannini o la cuñada Alicia Kirchner. También se especu­laba con algún gobernador como Jorge Ca­pitanich o José Alperovich.

El nombre del ministro de Economía es­taba en la agenda periodística pero ningún analista le asignaba muchas posibilidades. Las encuestas le daban mal en la Ciudad de Buenos Aires y, por esa razón, el go­bierno había decidido bajar su precandida­tura en la elección porteña a favor del se­nador Daniel Filmus. “Necesito a mi lado a alguien que no le tenga miedo a las corpo­raciones”, dijo la Presidenta en el momen­to del anuncio.

Por ahora las principales espadas del gobierno nacional respaldan al vicepresi­dente. Con más o menos entusiasmo de acuerdo con las posibilidades electorales de cada uno de los consultados. El gober­nador Daniel Scioli y el ministro Florencio Randazzo fueron los más moderados. In­dependientemente de lo que diga el juez –procesarlo o dictarle falta de mérito, el so­breseimiento está descartado– como en el 2011 será la presidenta Cristina Kirchner quien deberá decidir cuál será el futuro de Amado Boudou.

Contra los buitres

Mientras el vicepresidente se sometía a interrogatorios judiciales y periodísticos, una comitiva de legisladores oficialistas y opo­sitores viajaron a Washington a explicar la postura del país en relación a las pretensio­nes de los Fondos Buitres. La delegación, en­cabezada por Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados incluyó al dipu­tado Darío Giustozzi, presidente del Bloque del Frente Renovador (Sergio Massa); el pre­sidente de Compromiso Federal, Lino Aguilar y a dos economistas muy críticos del gobier­no: Federico Sturzenegger, de Unión PRO, y el diputado Martín Lousteau, de Unen.

Una parte del Frente Amplio Unen que­dó en orsái al rechazar el viaje y limitarse a enviar una carta de apoyo. Fue por esa razón que Lousteau decidió viajar por su cuenta. “Lo de los Fondos Buitres es una causa nacional”, señaló el ex ministro. Aun con sus diferencias políticas e ideológicas, la gran mayoría de los dirigentes con po­sibilidades de llegar al poder coinciden en que un resultado desfavorable en el plei­to que los fondos especulativos mantienen con la Argentina sería lesivo para los intere­ses del país. No había pasado nunca.

DZ/rg

Fuente Redacción Z
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