Entre esos testigos estarán el propio líder de PRO y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, aunque en sus casos fueron autorizados por el tribunal a declarar por escrito.

La principal víctima de aquella supuesta aplicación de tormentos fue el ex sargento Juan José Bayarri, quien fue secuestrado ilegalmente y luego blanqueada su situación hace hoy 22 años, junto con su difunto padre, y pasó 13 años en prisión para terminar finalmente absuelto.

En el banquillo de los acusados están el ex comisario inspector Carlos Alberto Sablich; los ex comisarios Carlos Jacinto Gutierrez y Alberto Alejandro Armentano, el ex suboficial mayor Julio Roberto Ontivero y el ex secretario del Juzgado de Instrucción 25, Eduardo Albano Larrea, todos ellos imputados por los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos». Los cinco imputados se negaron a declarar cuando el tribunal les ofreció la posibilidad de prestar indagatoria. En una causa paralela, se encuentra procesado otro policía de alta jerarquía por el mismo caso: el ex comisario mayor Gustavo Adolfo Storni. El Estado argentino perdió un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó indemnizar a Bayarri por el tiempo que permaneció detenido injustamente.

Actualmente, el tribunal internacional está cumpliendo la «etapa de supervisión de sentencia», pues uno de los puntos que establecía aquel fallo era justamente el juicio y castigo a los responsables de aquellas supuestas torturas.

DZ/sc

Fuente DYN