Las aguas bajaron y la tormenta quedó atrás. Pero la última inundación dejó al descubierto la urgencia de repensar dónde crece la ciudad. Y también de qué manera. O sea, la urgencia de definir una planificación urbana y una prevención eficaz que sea capaz de protejer a los porteños de los recurrentes temporales que azotan cada vez con más frecuencia el área metropolitana.

La Reina del Plata creció de espaldas al gran río marrón y a las fuerzas de la Naturaleza: no en vano fueron entubados todos los arroyos que la atraviesan, maximizando así la superficie a construir sin preguntarse seriamente si la zona era apta.

Un siglo después los rigores del cambio climático pusieron en evidencia que la naturaleza no es tan fácil de domesticar y vuelve por sus fueros: la ciudad es cada vez más vulnerable al embate furioso de vientos y lluvias y los arroyos desbordan provocando frecuentes pérdidas humanas y materiales.

La ecuación es complicada; los milímetros acumulados de agua crecen año tras año mientras el suelo absorbe cada vez menos. La mayoría de las obras comprendidas en el Plan Hidráulico, que fue ideado hace 15 años, están demoradas. Existe una construcción vertiginosa en zonas que se pueden considerar críticas desde el punto de vista ambiental porque son bajas e inundables. Todos estos factores explican la gravedad de las inundaciones recientes y obligan a replantear un escenario urbano donde viven y trabajan millones de personas.

Arroyo escondido

“Podría decirse que el primer error fue el entubamiento de los arroyos porteños”, asegura a Diario Z el arquitecto Guillermo Tella, que coordina la Licenciatura en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, los arroyos Maldonado, Vega, Medrano, White, Ugarteche, Erézcano y Cildáñez atravesaban la ciudad al aire libre, desde las zonas altas hacia el bajo.

Hoy sobre el Maldonado se desliza la avenida Juan B. Justo; sobre el Vega, la calle Blanco Encalada; el Medrano corre debajo de las avenidas Ruiz Huidobro y García del Río; sobre el White están las calles Campos Salles y Rubén Darío; el Ugarteche corre debajo de la calle Juncal y desemboca a la altura de avenida Costanera y Sarmiento; el Erézcano se encuentra por debajo de la avenida Castañares y luego atraviesa las calles Emilio Mitre, Agustín de Vedia, la avenida De la Cruz y Erézcano, hasta su desembocadura en el Riachuelo; y el Cildáñez corre entubado debajo del Parque de la Ciudad y Parque Roca.

Entre 1875 y 1936 la Capital aumentó su población de 230.000 personas a 2.415.142: más de diez veces. Fue un período de crecimiento demográfico geométrico, alentado por las oleadas de migrantes europeos que llegaron al país y la posterior migración del campo a la ciudad. Muchas de las nuevas barriadas populares se formaron en los límites de la ciudad, sobre bañados y a las orillas de esos arroyos. Los desbordes, las inundaciones y los consiguientes problemas sanitarios fueron la razón por la que se decidió cortar por lo sano, y los cursos de agua se volvieron invisibles.

“Los arroyos se entubaron hace unas ocho décadas, por eso los terrenos por los que pasan están tan construidos. Lo más lógico hubiera sido dejarlos a cielo abierto y hacer parques a los costados. Así, en el caso de inundaciones, se hubiesen anegado sólo los espacios verdes”, explica el arquitecto Enrique García Espil, ex secretario de Planeamiento Urbano de la Jefatura de Gobierno de Fernando de la Rúa.

Si hoy resulta difícil imaginar una ciudad con arroyos y bañados parquizados, más complicado resulta pensar en desentubar los arroyos que hoy corren por debajo de avenidas hiperpobladas y volver al paisaje del siglo XIX.

“Podría hacerse, no es imposible, pero es realmente difícil sobre todo por las construcciones asentadas sobre las orillas, que se verían afectadas”, explica Tella. Y agrega: “Partimos de una situación en la que se quiso negar la huella de la naturaleza para imponer la urbanización”. El conocido ecologista y ex defensor adjunto Antonio Elio Brailovsky coincide: “La cultura urbana invisibilizó la naturaleza y ahora sólo la percibimos a través de los desastres. Me parece que una de las cosas que nos tiene que preocupar es el desconcierto de la clase política ante estas circunstancias”.

Después de la última inundación, la oposición acusó al gobierno de Mauricio Macri por el incumplimiento del Plan Director Hidráulico, que contempla la construcción de canales aliviadores para las cuencas del Maldonado, Vega, Medrano y Ochoa. Este plan fue aprobado por la Legislatura en 2000 y sólo se terminó el canal principal del Maldonado. El resto está demorado, según el gobierno local, por falta de financiamiento. El caso más resonante es el del arroyo Medrano, que desbordó causando estragos, inundó el barrio de Saavedra y sobre todo Barrio Mitre, que recibió dos metros de agua. El PRO acusa al gobierno nacional por no firmar los avales que permitirían que la Ciudad pidiera créditos externos para esta obra y la del arroyo Vega, en tanto la oposición asegura que el gobierno cuenta con recursos propios y subejecuta los recursos presupuestarios que debería utilizar para estos fines.

Duda, duda

Muchos especialistas, sin embargo, opinan que es necesario volver a discutir el Plan Hidráulico. Según esta perspectiva, completar las obras previstas sería un avance, pero no sería suficiente para solucionar el problema. “La planificación urbana que contempla a las obras de infraestructura como única solución es una idea perimida, obsoleta. ¿Han sido estas obras la solución a las inundaciones? Y además, ¿han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población?”, se preguntan los profesionales del Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente (Pirna) de la UBA. “Al Plan Hidráulico hay que terminarlo urgentemente, pero es cierto que no alcanza. Como los arroyos ya están entubados y es imposible desentubarlos, hay que hacer los aliviadores. Los arroyos desembocan en el Río de la Plata y en el Riachuelo, que se van rellenando. Entonces son necesarios también lagos reguladores o compensadores”, afirma Espil.

Los aliviadores son grandes túneles extra que amplían la capacidad de los arroyos. Las tuneladoras perforan y extraen tierra; luego se colocan grandes anillos de hormigón para contener y encauzar el curso del agua. Al mismo tiempo, se construyen canaletas subterráneas que permiten que las alcantarillas lleven el agua y ésta no quede en las calles.

Según los especialistas, el uso del suelo urbano debe incorporar en su planificación las amenazas ambientales actuales –lluvias intensas, tormentas– en un plan de gestión integral de riesgo de desastre. Más claro: la construcción debe tomar en cuenta que existen zonas riesgosas o directamente no aptas para edificar. Brailovsky opina que el gobierno debería aplicar la ley 123 de Evaluación del Impacto Ambiental para determinar áreas riesgosas y subraya que “hoy, para la administración porteña, no hay ningún área ambiental crítica”. Una decisión semejante podría afectar muchos intereses: desalentaría la construcción en zonas anegables, incluidos numerosos proyectos inmobiliarios en curso. También habría que rediscutir el Código de Edificación fijando pautas para la construcción nuevas desde los desagües hasta la elevación de la planta baja. “Es incomprensible que haya edificios en Juan B. Justo que tengan la planta baja al mismo nivel que la calle”, dice Brailovsky.

Tus ladrillos

La cuestión inmobiliaria es otro de los debates pendientes en una ciudad que sumó en quince años 21 millones de m2 nuevos. Exactamente desde 1998, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos. Lejos de desparramarse en forma equitativa, las inversiones se realizaron con un alto nivel de concentración: el 59,4% de la construcción se agrupó en 10 de los 48 barrios porteños. Sólo Palermo (13,6%); Caballito (10,1%); Villa Urquiza (8,1%); Belgrano (6,7%) y Almagro (4,6%), suman el 43,1%. Mientras tanto, del otro lado de Buenos Aires, Villa Soldati (0,1%), La Boca (0,3%), Parque Avellaneda (0,5%), Villa Riachuelo (0,5%) y Villa Lugano (0,6%) sumaron sólo el 2% de lo construido en la Ciudad.

Los números del fervor inmobiliario son contundentes. En 2011, se duplicó la superficie construida respecto a 2010 (2,56 millones m2 contra 1,3 millón del año anterior). Y el comportamiento del mercado no se modificó: en la zona norte (Belgrano, Palermo, Recoleta, Coghlan, Colegiales, Núñez, Saavedra) se construyeron 645 mil m2. Es decir, casi el 26% del total. “A esto hay que sumarles las construcciones ilegales, como los quinchos y piletas que tapan las áreas de absorción que por ley deben tener todas las manzanas”, suma Tella.

Con las consecuencias de las inundaciones a la vista, los especialistas coincidieron en advertir sobre la creciente “impermeabilización de la zona norte”, que consideran de riesgo “crítico” por los arroyos entubados, cuya infraestructura se encuentra sobrepasada u obsoleta –según quien la califique– para contener el gran caudal de las precipitaciones de los años del cambio climático.

Los problemas que generaba en los barrios la construcción de millones de metros cuadrados nuevos fueron denunciados en reiteradas ocasiones por los vecinos. En 2007, el jefe de Gobierno Jorge Telerman se hizo eco de los reclamos y ordenó por decreto suspender la construcción de torres por 90 días en Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito. La respuesta del lobby inmobiliario fue drástica. Una solicitada de lo más granado de la industria de la construcción acompañada por algunos consejos profesionales como la Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, entre otros, acusó a Telerman de propiciar un “corralito”, de oponerse al progreso y de “hacer crecer el déficit de vivienda en los sectores medios y bajos”.

Pero una vez vencido el plazo, las constructoras eligieron nuevamente los mismos barrios para avanzar en sus proyectos inmobiliarios. La lucha de los vecinos viró entonces hacia la Justicia, que otorgó varios amparos para frenar la edificación de torres. Por ejemplo, en mayo de 2010, la jueza Andrea Danas ordenó “frenar la construcción indiscriminada de edificios” en Villa Pueyrredón y Agronomía. En diciembre de 2011, otro fallo similar protegió una zona de Belgrano.

La mayor superficie construida fue determinante para consolidar la impermeabilización de la zona norte. Hasta hace 50 años, la mitad de los predios privados eran absorbentes porque las casas y los edificios tenían jardines o patios arbolados propios. Del mismo modo, las escuelas, hospitales y otras instituciones públicas solían tener grandes áreas verdes. “Ahora la lluvia cae en patios pavimentados y en dos minutos esa agua está en la calle. Esa capacidad de retención se perdió”, abunda Espil. Considera que una manera de compensar esa pérdida de absorción sería modificando el Código de Edificación para que las construcciones tengan grandes tanques de retención capaces de almacenar el agua de lluvia: “Esa agua –llamada agua gris– se pueden usar luego para regar, baldear, los sanitarios”, explica.

La norma que rige la construcción en Buenos Aires es el Código de Planeamiento Urbano (CPU). Fue redactado en 1977 durante la intendencia de facto del brigadier Osvaldo Cacciatore y aunque tuvo diversos retoques, el último en 2008, se hicieron cambios cosméticos, pero el espíritu se mantuvo. “Es un código hecho por especuladores inmobiliarios, que promueve la construcción de torres y no tiene en cuenta la cuestión ambiental –sentencia Brailovsky–. Hay que discutir dónde y cómo se construye de aquí en adelante teniendo en cuenta las zonas de riesgo, que deben ser definidas también por los vecinos. Podríamos empezar por prohibir los estacionamientos subterráneos y las cámaras de electricidad ubicadas en subsuelos inundables. Luego tenemos que debatir el CPU, que necesita muchos cambios”.

Para el urbanista Marcelo Corti, editor del portal Café de las Ciudades, el principal problema del Código es que permite construir en zona norte y restringe las obras en la zona sur. El mayor problema, a su juicio, es la carencia de instrumentos urbanísticos que permitan “intervenir racionalmente” sobre el tejido construido. Corti advierte que “no alcanza con revisar el Código, se debe considerar la dimensión metropolitana del problema: hay que analizar los impactos de la ocupación de humedales para construir urbanizaciones de lujo como Nordelta o emprendimientos como Costa del Plata y los impactos de las construcciones de estacionamientos en subsuelo”. El peligro es que esos estacionamientos impermeabilizan aún más el suelo, sobre todo en las superficies libres de edificación, como plazas y parques, porque influyen en la circulación de las corrientes subterráneas y las napas.

Todo hace pensar que es hora de tomarse un respiro y pensar cómo seguimos antes de que nos tape el agua.

DZ/km

Fuente Redacción Z