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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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TEMAS DE LA SEMANA

Se agrava el déficit habitacional

Por Rocío Sánchez Andía, legisladora Coalición Cívica.

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En más de una oportunidad he­mos señalado que las respuestas habi­tacionales del Gobierno son deficien­tes y que los paradores y los subsidios habitacionales no constituyen una respuesta adecuada para las personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad o en situación de calle. El 24 de abril pasado la Corte Suprema emitió un pronunciamiento sin precedentes sobre políticas habi­tacionales. La Corte dijo que los de­rechos enunciados en la Constitución de la Ciudad y la Constitución Nacio­nal no son meras expresiones de de­seos, que el Estado tiene el deber de garantizarlos y debe realizar el mayor esfuerzo para logar en forma progre­siva garantizar la plena efectividad del derecho a la vivienda digna de todos sus habitantes.

En tal sentido, podemos observar que si bien los presupuestos han ido aumentado nominalmente año tras año, producto de la inflación, no ocu­rre lo mismo en el porcentaje que el área vivienda representa sobre el total, que descendió de manera constante desde 2006. Ese año el presupuesto destinado al IVCrepresentaba alre­dedor de un 5% del total del presu­puesto de la Ciudad. En 2011 y 2012 significó alrededor del 2 por ciento.

Peor es la situación si miramos la ejecución del presupuesto del Instituto de Vivienda (IVC), que fue descendien­do desde 2006 en el que teníamos al­rededor de un 85% de ejecución a un 49% en el último año.

Esto significa que no sólo exis­te una regresividad de la asignación presupuestaria en materia de vivienda sino que los magros presupuestos han ido aumentando su subejecución de manera pronunciada. No sólo surge con claridad la falta de una política pú­blica en materia habitacional que ten­ga como propósito garantizar el acce­so a una vivienda digna, sino que nos encontramos con una política y una asignación presupuestaria claramente regresiva que agrava un déficit habi­tacional severo que afecta alrededor de 500 mil personas, lo que significa que uno de cada seis habitantes de la ciudad más rica del país tiene proble­mas relacionados con sus condiciones de habitabilidad y/o la seguridad en la tenencia de su vivienda.

Sólo cabe decir entonces que para resolver estas situaciones es necesario primero aceptar el estado de emer­gencia y la envergadura del problema y luego fijarlo como una prioridad de la gestión, de otra manera tendremos que acostumbrarnos a que los indica­dores sociales presenten cada vez una realidad aún más grave y más difícil de revertir en el futuro.

DZ/km

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