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TEMAS DE LA SEMANA

Salud mental: negocios de la locura

La ley porteña ordena favorecer la externación. Sin embargo, los pacientes suelen estar encerrados.

Por sebastian-premici
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En la ciudad de Buenos Aires hay aproximada­mente 2.500 personas internadas en los hospi­tales psiquiátricos públicos. En los dos más emblemáticos, el Borda y el Moyano, que concentran a más del 70 por ciento de los pacientes y reciben por día entre 20 y 30 nue­vas internaciones, el promedio de permanencia es de diez años.

A pesar que en 2000 fue san­cionada la Ley de Salud Mental 448, que sentó las bases para ini­ciar un cambio cultural alrededor de esta problemática, que ahora deberá complementarse con la ley nacional sancionada el año pasado, la lógica del encierro y la exclusión sigue primando como política de Estado. Después de una década de vigencia de la ley 448, la cantidad de camas que existen en los hospi­tales generales equivalen a menos del dos por ciento del total de los servicios en los neuropsiquiátricos y hay solamente dos casas de me­dio camino para ayudar a la exter­nación de los pacientes.

Según datos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, en el país hay cerca de seis millones de personas con algu­na problemática, de las cuales 400 mil están en la Ciudad. Las patolo­gías más frecuentes son el alcoho­lismo y las depresiones mayores, y les siguen los trastornos de ansie­dad, pánico y por último la psico­sis y la bipolaridad. Este panorama habla más de la necesidad de una atención multidisciplinaria que de encierro.

«Las familias con problemáticas de salud mental o adicciones nos sentimos permanentemente discri­minadas y excluidas por un sistema sanitario que elige a quien le con­viene atender, como si las perso­nas afectadas fueran cosas y no se­res humanos que están sufriendo una enfermedad. Esto ocurre porque muchos no conocen sus derechos, pero sobre todo porque no existen servicios accesibles. Lamen­tablemente, el poder todavía lo tie­nen algunos profesionales que em­pujan a las personas a la calle», aseveró a Diario Z Liliana Cabrera, integrante de la Red de Usuarios, Familiares y Voluntarios por los Derechos en Salud Mental.

El mayor déficit en la Ciudad tiene que ver con la creación de ca­mas de internación en los hospita­les generales. «Con excepción de ocho camas para adicciones en el hospital Fernández y los hospitales Piñero y Álvarez, que ya tenían, no se han habilitado nuevas salas de internación para pacientes de Sa­lud Mental. Avanzar en este tema no sólo permitiría cumplir con la ley 448 sino que descomprimiría el sistema que a la fecha se encuen­tra colapsado», indicó un informe elaborado en mayo último por la Comisión Especial de Seguimien­to y Evaluación de la ley de Salud Mental de la Legislatura porteña, que preside la diputada María Ele­na Naddeo (Diálogo por Buenos Aires).

«La falta de camas en hospita­les generales y casas de medio ca­mino es la apuesta más grande que falta resolver, y aquí es donde se presenta la resistencia del sector médico. La ley establece que cual­quier profesional de la salud mental puede estar a cargo de estos servi­cios. Pero cuando un psicólogo se presenta a concurso rápidamen­te es impugnado por el gremio de médicos municipales o las asocia­ciones de psiquiatría (Asociación de Psiquiatras Argentinos y Argentina de Psiquiatras). ´´Éste es uno de los temas que salió a la luz en el conflicto del Centro de Salud Mental Ameghino, cuando la Ciudad destituyó al director Rubén Sli­pak y donde estaban en juego una serie de designaciones que fueron impugnadas por los sectores médi­cos», explica Naddeo.

Un editorial publicado en el sitio web de la Asociación de Médicos Municipales, que firma su presiden­te, Jorge Gilardi, sostiene: «La me­dicina debe participar en el proceso de diagnóstico y tratamiento, con­servando la identidad de su saber hacer y saber ser en el contexto del equipo interdisciplinario de salud, y no como pretende este proyecto, que habla de un equipo pseudointerdisciplinario que surge de la eli­minación de las incumbencias que nosotros defendemos firmemente desde hace tantos años».

Durante el debate parlamen­tario de 2010, las asociaciones de psiquiatría también emitieron sus opiniones y rechazos a la ley nacional. «En los mismos funda­mentos del proyecto consta que ninguna asociación de especia­listas en psiquiatría participó. En una sola oportunidad, a fines de 2008, pudimos dar nuestro pare­cer, en una exposición de diez mi­nutos, a las comisiones de la Cá­mara de Diputados. Ninguna de nuestras objeciones fueron tomadas en cuenta», señaló Juan Car­los Stagnaro, presidente de la Aso­ciación de Psiquiatras Argentinos), en declaraciones al diario Perfil el 26 de septiembre de 2010.

Diario Z intentó comunicarse con las asociaciones de psiquiatría y con la dirección de Salud Mental porteña, a cargo de Juan Garral­da. No obtuvo respuesta.

Hace cuatro años, el Consejo General de Salud Mental -un órga­no interdisciplinario creado por la ley 448 para colaborar en el armado de políticas- había planificado crear 20 camas en los hospitales genera­les Argerich, Durand, Gutiérrez, Tornú y Pirovano, entre otros. «Pero la presión del gremio de los médicos municipales tiró abajo este plan de apertura de camas en hospitales generales», explica Ángel Barroco, miembro del Consejo.

La presión corporativa también se expresa en una serie de decre­tos del actual gobierno -809 y 868, ambos de 2008-. Así se creó la jun­ta asesora para la elección interina de médicos y postulantes para car­gos en diferentes áreas de la salud mental. «Es un grupo exclusivo de médicos, elegidos a dedo, donde no se aplica ningún tipo de racionalidad en los procedimientos. Seguramente, con la vigencia de la ley nacional habrá muchos problemas legales», señaló Mirta Gariboti, ase­sora en temas de salud mental de la legisladora Diana Maffía.

Encierro y recursos

«La atención psiquiátrica está marcada por una lógica tecnocien­tífica farmacológica. Las enferme­dades se consideran irreversibles y donde hay que tener control sobre el otro porque prima el concepto de su peligrosidad. En la Ciudad se sigue este modelo», dice Barroco.

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), «Vidas Arrasadas», las internacio­nes psiquiátricas duran entre cinco y diez años, mientras la Organiza­ción Mundial de la Salud dice que no deberían superar el mes. Dentro de ese lapso, en las primeras 72 o 96 horas se aplica la estabilización farmacológica para luego iniciar un proceso de traslado hacia una clíni­ca de día o casa de medio camino. Pero la lógica del manicomio no es la externación.

El Ministerio de Salud de la Na­ción estima que los neuropsiquiátri­cos gastan entre 4.000 y 5.000 mil pesos por paciente. Algunos tienen alta médica pero son retenidos por orden judicial. Justamente, la nueva ley nacional de salud mental esta­blece que las altas deben ser fijadas por profesionales y no por la Justi­cia, como ocurre hoy. En la Ciudad, la Cámara de Apelaciones en lo Pe­nal, Contravencional y de Faltas de­claró la ilegalidad de mantener in­ternados a chicos con alta médica.

«Además de lo que sale un pa­ciente internado, hay que sumar­le el del aparato del Poder Judicial vinculado a los insanos incapa­ces, discapacitados o quienes es­tán bajo la ley de internación, re­presentado por jueces, curadores, trabajadores sociales, peritos, fo­renses, policías. La locura es una gran fuente de ingresos para mu­chos», agregó Barroco.

«Para lograr que algo se modi­fique es necesario un plan, un pre­supuesto, algo que no se tiene en la ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de la falta de decisión política del gobierno porteño, lo peor es que los hospitales generales tien­den a repetir la lógica del manico­mio», explica Yago Di Nella, director nacional de Salud Mental y Adiccio­nes. Los servicios «eligen qué atender y qué no. Y cuando se logra in­gresar a algún familiar, los derivan en no más de 48 horas a los neuropsiquiátricos, en muchos casos con declaraciones exageradas para que un juez demore el menor tiempo posible el traslado», re­sumió Cabrera.

Según el proyec­to de Presupuesto de la Ciudad, la Dirección de Salud Mental tiene asignados 370 millones de pesos, de los cuales casi el 70 por cien­to está destinado al Moyano (117 millones) y el Borda (123,5 millo­nes), 17 millones para rehabilita­ción psiquiátrica y un millón para el Centro de Salud Mental Nº 1. «La Ciudad debería abocarse a generar 20 camas para hombres y mujeres en los hospitales gene­rales. Tenemos que replantear la reconversión del Borda, Moyano y el Tobar García y en dos años po­dríamos tener salas de internación más acotadas, una mejor atención ambulatoria y espacios dedicados a la resocialización de los pacien­tes», concluyó Naddeo.

DZ/km

 

Fuente Redacción Z
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