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Rodrigo Bueno: el reclamo de urbanización llega a la CIDH

Un delegado de la villa porteña se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al gobierno de Mauricio Macri por las precarias condiciones de vida de ese lugar. La audiencia será mañana, en Washington.

Por Redacción Z
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A una semana de la muerte de un niño que se cayó en un pozo ciego y no tuvo asistencia a tiempo y luego de que la causa por la urbanización de la Villa Rodrigo Bueno quedara en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), un delegado del barrio se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington para exponer sobre la precaria situación de los cuatro mil habitantes del lugar.

La audiencia de mañana tiene como título “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América”. Allí, tal como adelantó Diario Z, expondrá un representante de la Villa Rodrigo Bueno, acompañado por la Defensoría General, el CELS y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Será la primera vez que este organismo internacional trate una situación colectiva que afecta a unas 4000 personas.

Qué pasa con la urbanización

Mientras tanto, el TSJ porteño deberá resolver si hace lugar al pedido de los vecinos para que la villa se urbanice o si, en cambio, avala la postura del gobierno porteño, que rechaza la urbanización.

La causa había sido iniciada hace seis años con un amparo de los vecinos del barrio ubicado entre la Reserva Ecológica y la ex Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors. En un fallo de primera instancia, la jueza Elena Liberatori había ordenado que el asentamiento fuera incorporado al Programa de Radicación e Integración de Villas.

El gobierno porteño apeló y la causa recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones. En octubre de 2014, en un fallo dividido, la Sala revocó la resolución que ordenaba al gobierno porteño urbanizar el barrio Rodrigo Bueno. El dictamen de la mayoría sostuvo que estas medidas no deben ser dispuestas por el Poder Judicial. En los fundamentos, se preguntaban si el “derecho a una vivienda digna no quedaría debidamente tutelado a través de un subsidio habitacional”. Y afirmaban que “no existe una obligación legal o constitucional” del gobierno que “habilite a la justicia” a ordenar la urbanización.

Fuente Redacción Z
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