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Ribera del Riachuelo: los que viven al lado de las aguas peligrosas

La Justicia intimó al gobierno de la Ciudad a reubicar a más de 1500 familias. Sólo mudaron 200.

Por adriana-carrasco-y-martha-bilbao
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El jefe de gobierno, Mauricio Macri, podría volver a tener problemas con la Justicia federal, esta vez por no cumplir con un plazo impuesto por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, para trasladar a los habitantes que ocupan la ribera del Riachuelo, a la altura de Barracas. Armella es el juez que controla el cumplimiento del plan de saneamiento ordenado en junio de 2006 por la Corte Suprema de Justicia. El fallo que debe cumplir la gestión porteña establece como plazo máximo el 15 de enero de 2013 para mudar a las aproximadamente 1.500 familias que viven a orillas de la cuenca baja del Riachuelo, en la Villa 26 y en la 21-24, ambas en Barracas. La cuestión es que hay por lo menos seiscientas familias que todavía no tienen destino. No es sólo que no se comenzaron a construir las viviendas: no está claro siquiera dónde se va a concretar la obra.

El organismo responsable de construir esos departamentos es el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que en 2011 mudó solo a 166 familias de los asentamientos El Pueblito (137 familias) y Luján (29 familias) a los complejos de las avenidas Castañares y Lafuente, del Bajo Flores, los mismos que habían sido ocupados durante el fatídico diciembre de 2010, y de las avenidas Lacarra y Fernández de la Cruz, en Villa Soldati.

Los números de los vecinos de los asentamientos El Pueblito (Pompeya) y Luján (Barracas) reubicados son los proporcionados por el IVC. En tanto, el organismo oficial señala que de las 117 familias del asentamiento Magaldi (también en Barracas), el 37 por ciento se encuentra reubicado y el 63 por ciento en proceso de reubicación, en los complejos situados en Castañares y Lafuente (32 familias), en el barrio Los Piletones (26 familias), ambos de Soldati, y en General Paz y Castañares (60 familias), Lugano. Por «reubicado», el IVC entiende al grupo familiar que tiene una unidad funcional asignada, aunque todavía no pueda habitarla porque no está construida. Y llama «en proceso de reubicación» a los que ni siquiera tienen vivienda asignada.

El plan continúa con 215 familias de la Villa 26, en proceso de reubicación en los predios de San Antonio 721/51 (64 familias) y Luzuriaga 837 (125 familias) y Lacarra 2049 (26 familias).
Pero el número mayor de vecinos corresponde a la Villa 21-24, y asciende a 1.334 familias. De éstas, el IVC señala a 700 en proceso de reubicación en los predios de avenidas General Paz y Castañares (220 familias), en Orma y Magaldi (160 familias), de Barracas, y en Iguazú 1835 (320 familias), de Nueva Pompeya.

El IVC manifiesta que la construcción de las viviendas de General Paz y Castañares, que tenía como fecha de finalización el 8 de febrero de este año, se encuentra casi lista, con excepción de «algunos detalles de terminación», y que el plazo de entrega vence el 8 de abril. Esperan haberlas entregado para esa fecha. En tanto, faltan dos meses para la finalización de obra en la calle Iguazú y se encuentran aprobados los planos y se ha iniciado la edificación en Orma y Magaldi. «El IVC se encuentra en la búsqueda exhaustiva de nuevos terrenos para proceder a la reubicación de las 634 familias restantes», señala el organismo oficial.

Un poco de historia

No es la falta de tiempo la causa del incumplimiento. Antes bien, han sobrado las resoluciones y organismos que se expresaron en el mismo sentido que Armella y fueron desoídos. En 2006, la Corte Suprema ordenó a los estados nacional, porteño y bonaerense poner en marcha medidas para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Entre otras, relocalizar a las personas que viven en el ultracontaminado camino de sirga de la zona afectada.

En los primeros meses de 2010, el gobierno porteño, con la firma del subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, Sergio Agostinelli, se notificó a las 1.200 familias que viven en las villas situadas a la vera del Riachuelo que debían desalojar sus viviendas sin derecho a indemnización alguna. Las cédulas generaron un escándalo e incluso levantaron chispas al interior del macrismo, que intentó relativizar su alcance.

El fallo que aclaró la diferencia fue el de Armella: relocalizar a la población, dejó en claro, no es igual a «notificarla» de que deben abandonar sus viviendas. La responsabilidad de la relocalización, abundó, es del Gobierno de la Ciudad.

En una audiencia pública, realizada poco después en la Legislatura, se verificó que no había ni noticias de los cuatro complejos o 243 viviendas que, en el marco del Plan Federal, el IVC debía construir. Esto, aunque desde 2006 tenía adjudicados cuatro terrenos cercanos a la zona a desalojar, un obvia exigencia de los vecinos.

Lo insólito es que el Gobierno porteño vendió uno de los predios destinados a los pobladores, el de Pedro Chutro 2922/28, en Parque de los Patricios. Lo destinó al Polo Tecnológico. Esta «desviación» impulsó la intervención del entonces juez Roberto Gallardo, enfrentado con la gestión macrista, quien había dictado una medida cautelar frenando, él también, la posibilidad de desalojo.

La Justicia no es la única que tomó cartas en el asunto. Dos años antes del fallo de la Corte Suprema, la Legislatura porteña había decretado la Emergencia Sanitaria y Ambiental, que fue renovada y extendida por cinco años en octubre pasado. Su contenido es taxativo: dice que el Gobierno porteño tendrá que «arbitrar los medios necesarios para relocalizar a todas las familias que vivan en villas y asentamientos precarios sobre el camino de sirga del Riachuelo correspondiente a la Ciudad». Además, deberá «brindar una inmediata y adecuada asistencia y atención médica integral de la población afectada», y garantizar su acceso a los servicios de salud y medicamentos. En septiembre de 2009, Gallardo ya había hecho lugar a un recurso de amparo en el que los vecinos de la Villa 26 exigieron al Gobierno porteño que «en forma urgente disponga la afectación de los terrenos y sean destinados a la construcción de viviendas definitivas y a la erradicación de las familias que residen en la Villa 26 (…); que disponga la ejecución de las obras (…) y que se mude a las personas inscriptas en el censo del IVC a las viviendas definitivas construidas (…) en un plazo de 300 días contados a partir del día de la fecha».

Sanear el Riachuelo es mucho más que trabajar en la descontaminación de las aguas, hay que reubicar a los habitantes que están en peligro sanitario. Por eso, el plan anunciado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (compuesta por los gobiernos nacional, bonaerense y porteño) supone la construcción de 17.700 viviendas.

Los que mudan

Ninguno de los vecinos de la Villa 21-24 que habita la franja del camino de sirga fue reubicado. No existen aún viviendas para todos. Hay 220 unidades ya construidas en Castañares y General Paz, otras 320 en construcción en la calle Iguazú y otras 160 -con los trabajos recién comenzados- en Orma y Magaldi. En total deben ser reubicadas 1.334 familias. Se estima que esta cifra, traducida en números redondos, equivale a unos siete mil habitantes.

La familia de Mabel Romero debe ser reubicada, por vivir a menos de treinta y cinco metros de la orilla del Riachuelo. No es fácil para Mabel, a los 37 años, pensar en una nueva vida, con sus seis hijos, lejos de su casa. Su familia llegó a la Villa 21-24 hace 27 años, procedente de Santa Fe. «Sabemos que vivir acá es perjudicial para nuestra salud. Pero tenemos toda nuestra vida social en este lugar. Deseamos que el cambio sea para mejor. Por eso no queremos que nos lleven lejos. Tampoco esperamos limosna. Queremos pagar lo que sea necesario, pero a cambio de una casa tan digna como la que tenemos hoy», dice Mabel. Recuerda cuando vivía con sus padres en una casa de chapa y cartón, y que con mucho esfuerzo lograron levantar una vivienda sólida, de material, con varias habitaciones, living y cocina, y con un patio para que jueguen los chicos.

Los vecinos piden que sus nuevas viviendas no estén muy lejos. Por eso el cuerpo de 24 delegados que representa a los vecinos en las reuniones oficiales sigue buscando predios desocupados en la zona, que sirvan para construir. Hasta ahora hallaron dos: el que ocupaba la empresa Mundo Grúa, en Iguazú 1835, en Nueva Pompeya, donde se están construyendo 320 viviendas, y el de la ex Tacconi, en la calle Orma, entre Luna y Agustín Magaldi, en Barrracas. Los delegados estiman que en este último terreno podrán construirse tres bloques de departamentos con 160 viviendas, número que tal vez podría «estirarse» a 200 unidades. «Pero los dos predios son insuficientes para ubicar a todas las familias», cuenta Coco Rivero, uno de los delegados. La principal preocupación de Rivero es que las familias no sean trasladados al conurbano. «Reivindicamos el derecho a vivir en la ciudad», dice.

Los delegados reconocen que hay áreas de la villa donde es más urgente realizar el traslado. «El sector donde hay mayor problema ambiental es el meandro del Riachuelo. Allí hay muchas aguas servidas y estancadas», refiere otro delegado, Mario Gómez, vecino de la Villa 21 desde hace 34 años.

Diario Z recorrió El Meandro, ubicado entre la vía del tren de carga y la calle Luna: pasillos muy angostos, oscuros y sinuosos. Lo estrecho del lugar y la falta de circulación de aire hace que el olor fétido del Riachuelo sea insoslayable. Más cerca de la entrada a la villa, el sector denominado Tres Rosas, donde está la vivienda de Mabel Romero, muestra un panorama muy distinto. La casa está pegada a la canchita de fútbol y todo el sector es espacioso, aireado.

«Por el momento, estamos en medio de la nada. Sabemos que vamos a ser reubicados porque nos censaron, pero no sabemos adónde vamos a ir. Hace un año y medio que estamos en un tironeo par a par, en diálogo con el IVC, porque les planteamos la compra de los terrenos que encontramos cerca de la villa. Esa es nuestra primera pelea: quedarnos cerca. Después vendrá lo demás: que las casas estén bien hechas. No iremos a un lugar que no esté bien terminado. Y tampoco nos iremos hasta que no hayan construido una casa para cada familia. Si nos dividen, es muy probable que las familias que queden para el final sean perjudicadas, o se queden sin nada», explica Mabel.

Moisés Vallejos, a quien todos conocen como «Pepe, el herrero», creyó hasta hace poco que «se salvaba por un pelito» de la reubicación. Pero no. Su casa tiene la sombra de un manzano gigantesco. «Lo planté yo, con mucho cariño, hace 20 años. También planté un paraíso, un banano, nísperos y un rosal. No podría vivir en un departamento.» Moisés confecciona rejas, espuelas y juguetes con metales: aviones, motos, robots. Como muchos de los habitantes que van a ser relocalizados, tiene su taller en la casa. Otra inquietud de los vecinos, en casos como el de Moisés, es que se contemple la situación de quienes tengan comercio o taller en su vivienda, y se los provea de un local donde puedan seguir desempeñando su oficio.

María Vargas vive con Moisés. Su principal preocupación es por la fuente de sustento de la familia, que es la herrería. Pero también está inquieta por las condiciones en que les serán entregadas las viviendas. «Los edificios de Portela, en Soldati, después de la toma quedaron destruidos. Y los entregaron como estaban: sin cerámicos, sin sanitarios. Algunos vecinos del asentamiento Magaldi ya fueron reubicados en esos edificios.»

Uno de los vecinos reubicados en los edificios de Castañares y Lafuente es Elio Gómez. «Uno de los mayores inconvenientes que tenemos es que las casas no están bien terminadas. Seguimos viviendo como si estuviéramos en obra. Todavía vienen albañiles y plomeros a seguir con la construcción y siempre tiene que haber alguien para abrirles la puerta», refiere Gómez. También comenta que «faltan vidrios, rejas, cerámicos. A mi departamento recién hace una semana terminaron de colocarle los vidrios. Los pisos de los dormitorios son de cemento rústico; es una carpeta cuarteada de la que permanentemente se desprende polvillo. Somos nueve familias en un edificio de tres pisos».

«Muchos departamentos tienen pérdidas en los baños pero con el revoque no hay problema, total las paredes de las habitaciones no están hechas con ladrillos: es todo plástico», continúa. «Con las lluvias de marzo, los del segundo piso tenemos goteras en los dormitorios y como los marcos plásticos de las ventanas tienen la salida hacia adentro del departamento, por eso cuando llueve entra el agua», agrega Gómez, quien cuenta que les hicieron firmar un convenio para que no puedan realizar modificaciones. Igual no sería muy sencillo hacerlas, porque «las ventanas no tienen rejas y las paredes de los edificios no son suficientemente fuertes como para soportarlas. Otro problema son las puertas: como no tienen burletes, se desencajan, y las cerraduras no funcionan. Y por si fuera poco, las puertas de acceso a los módulos no tienen picaportes ni cerraduras, puede entrar cualquiera. Tampoco nos instalan el gas, porque la empresa dice que las cañerías están mal hechas, y la luz se corta dos veces al día. Ya se quemaron muchos artefactos y en una oportunidad se generó un incendio como consecuencia de un desperfecto eléctrico. Los edificios los entregaron sin matafuegos, así que nos arreglamos como pudimos», detalla Gómez.

Otro inconveniente es la falta de medios de transporte. «A la noche no tenemos colectivos. Entre las 21.30 y las 22 deja de funcionar el Premetro y la línea de colectivos 46, que es la única que pasa por aquí, ya no levanta pasajeros. Los colectivos siguen de largo. Las líneas que nos llevan directo a Retiro tienen parada recién a quince cuadras de aquí. Los taxis y los remises no quieren venir hasta acá. Ni siquiera podemos conseguir uno cuando alguna persona se enferma. Muchas veces, de noche, nos juntarnos el grupo de vecinos que venimos de trabajar y caminamos juntos las quince cuadras», relata el vecino del asentamiento Magaldi. Otro problema es que no hay vacantes en las escuelas ni existen escuelas secundarias con cursos de cinco o seis años. «Hay colegios que te dan el título en poco tiempo. Con esos estudios es claro que ningún chico va a estar en condiciones de ingresar en la universidad», dice el delegado Coco Rivero.

De todos modos, Gómez sostiene que no todo es negativo. La mudanza fue en diciembre pasado. «Durante el verano no tuvimos que seguir soportando los mosquitos», bromea.

DZ/km

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