El pasado 9 de junio, el juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Darío Reynoso, dictó sentencia ordenándole al Gobierno porteño a que brinde en 30 días “la información sobre la ubicación física de las cámaras de vídeo vigilancia privadas incorporadas a la red pública”.

Para Presti, presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, “revelar donde están las cámaras públicas hace a la inseguridad, y que ello sería colaborar con futuros delitos, ya que brindar información acerca de los sitios que son video-vigilados permite, indirectamente dejar al descubierto los lugares que no cuentan con éstos dispositivos”.

Además, indicó en un comunicado que el plazo de 30 días que dictaminó el Juez es “únicamente a los efectos de informar la ubicación de los dispositivos de establecimientos privados incorporados a la red pública” y agregó que el Ejecutivo sólo contaría con diez de éste tipo de cámaras.

DZ/pt