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Represión ilegal para una demolición ilegal

Por Rocío Sánchez Andía, legisladora Coalición Cívica, presente en el Borda el día del desalojo. 

Por Rocío Sánchez Andía
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Para proteger la demolición ilegal del Taller Protegido 19 el gobier­no de Macri no dudó en realizar una represión violenta y por fuera de la ley de Seguridad. Por ello, en el Borda vimos actuar una Metropolitana que violó todos los principios de actuación que rigen según la ley de Seguridad Pública que creó y regula esta fuerza de seguridad. La Metropolitana agre­dió con palos y gas pimienta, antes de iniciar la represión de media mañana, a los legisladores y trabajadores –jun­to con pacientes y militantes– que in­tentamos llegar a un tipo de acuerdo para bajar la tensión. Esto configuró una violación al principio de oportuni­dad que debe regir el trabajo policial. No existía ningún tipo de amenaza y la policía decidió utilizar la violencia.

Antes de iniciar la represión la in­fantería y las fuerzas especiales –sin identificar y con el rostro cubierto– provocaban verbal y gestualmente a los que estábamos ahí. Las fuerzas policiales deben adecuar su accionar al principio de legalidad: incitar a co­meter un delito e iniciar una riña es una violación al marco legal.

Cuando los responsables políticos dieron la orden de atacar, la Metro­politana acentuó sus ilegalidades, en primer lugar al iniciar una represión en el transcurso de una negociación. La policía privilegió el uso de la fuer­za sobre las acciones de prevención y disuasión lo que constituye una viola­ción al principio de gradualidad. Final­mente, la Metropolitana usó armas de fuego por fuera del principio de razo­nabilidad tirando sobre la multitud, a corta distancia y al cuerpo. Existe un manejo correcto de las armas que la Metropolitana decidió no respetar.

Pero lo más grave es que este accionar ilegal se reveló como una decisión política del gobierno de Macri, que sostiene que nada debe cambiar. El accionar represivo fue ilegal porque la decisión política de actuar fue ilegal. Esta decisión la sos­tuvieron durante toda la represión negándose a establecer un canal de diálogo y manteniendo la demolición del taller protegido hasta dejarlo en ruinas. La sostuvieron después de la represión poniendo a las víctimas como “agresores” y sosteniendo a Montenegro como ministro.

La grave conclusión es que Macri y el PRO reprimieron, violando un fallo judicial y en un hospital repleto de pa­cientes –no casualmente los pacientes pobres–, para garantizar negocios inmobiliarios. No tiene autoridad polí­tica ni –fundamentalmente– humana, para conducir a las fuerzas policiales.

DZ/km

Fuente Especial para Diario Z
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Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica.