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Represión en el Borda: trabajadores seguirán procesados en la causa

Tres trabajadoras del hospital Borda, procesadas por impedir la demolición de talleres protegidos, sufrieron un revés judicial.

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La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Carlos Alberto González y Alberto Seijas, rechazó los recursos de casación presentados por Angela Cristina Díaz Alem, Susana Beatriz Bejarano y María Belén Revollo. El tribunal ratificó el procesamiento de las tres trabajadoras del hospital neuropsiquiátrico por «atentado y resistencia a la autoridad», en el marco de los hechos registrados en abril de 2013, cuando resistieron el desalojo de una protesta que buscaba impedir la demolición de talleres protegidos del hospital.

La decisión del tribunal se produjo en el mismo expediente en el que la Cámara revocó los sobreseimientos a favor de los principales dirigentes del gobierno porteño, entre ellos el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. «Los autos de mérito como el dictado no revisten la calidad de sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella, pues se distinguen por su carácter provisional», advirtieron los jueces en el fallo al rechazar el recurso de casación. En ese sentido, manifestaron que «por ende no constituyen una decisión que ponga fin al proceso o torne imposible la continuidad de la pesquisa».

Los jueces sostuvieron que «los agravios radican exclusivamente en la valoración de la prueba en procura de un nuevo análisis, actividad esta que resulta ajena a la vía intentada».

Las trabajadoras fueron procesadas en el marco de la causa que investiga los incidentes registrados el 26 de abril de 2013 en el hospital, cuando la Policía Metropolitana intentó desalojar una protesta que buscaba impedir la demolición de talleres protegidos para la construcción de un centro cívico. El hecho se produjo durante un violento accionar de la fuerza porteña, que hirió a pacientes, trabajores y médicos del hospital, periodistas y legisladores porteños, mientras efectivos de metropolitana resultaron heridos por piedras arrojadas por manifestantes.

A raíz de los incidentes la Legislatura porteña interpeló al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, cuya renuncia fue solicitada por legisladores de la oposición y gremialistas, y recibió informes de otros funcionarios, como el jefe de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín.

Legisladores porteños denunciaron el 6 de mayo del año pasado ante la Justicia a Macri, ministros y jefes policiales por «dolo eventual», al considerar que se «esparció asbesto en el ambiente» durante la demolición en el hospital.

 

DZ/vr

Fuente DYN
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