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TEMAS DE LA SEMANA

Reforma judicial: por qué no charlamo’ un rato

La iniciativa oficial para modificar el funcionamiento del Poder Judicial recibió cuestionamientos apocalípticos de la oposición. En algunos aspectos, la reforma también fue cuestionada por el CELS. Se debate si efectivamente amplía el acceso a la Justicia de los sectores de menores recursos.

Por Eduardo Blaustein
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justicia justicia CABEZONES

Otra vez sopa. Entre los apuros con que el Gobierno presentó su batería de iniciativas para democratizar el Poder Judicial, los cuestionamientos apocalípticos y sin contrapropuestas de la oposición, las declaraciones golpistas en una asamblea de productores agrarios en Santa Fe, la denuncia a la vez confusa y resonante de Jorge Lanata sobre presunto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado con el oficialismo, más la convocatoria de un nuevo cacerolazo, la Argentina vuelve a sumergirse en un escenario que tiene algo de invivible. Todo eso cuando apenas pasaron unos días de la tragedia social expuesta por las inundaciones de Capital, La Plata y Santa Fe y que se supone que por unas horas mostraban la cara de un país mal planificado pero “solidario”.

Como ante tantas iniciativas oficiales, de contenidos promisorios pero desplegadas con un bajo nivel de consulta previa, la oposición reaccionó antes de tiempo, sin haber leído los proyectos, y respondiendo con presagios de fin del mundo. Lo mismo que hicieron cuando el alejamiento de Martín Redrado del Banco Central (“el país quedará sin reservas”), con la resolución 125 (“los productores irán a vivir a las villas”), la Ley de Medios (“un proyecto chavista”), etcétera. La batería de proyectos no fue finalmente, incluso para quienes tenían grandes expectativas o simpatizan con el kirchnerismo, tan ambiciosa como se creía. Los tres proyectos que entraron por Diputados significan avances innegables: acceso más democrático a puestos en el Poder Judicial, publicación transparente del estado de las causas, lo mismo para las declaraciones juradas de jueces y legisladores. Tienen puntos oscuros (o tenían, ya que están en revisión) las tres iniciativas que entraron por el Senado: límites excesivos a las cautelares, creación de cámaras de Casación, nueva composición del Consejo de la Magistratura. En este último punto se abre positivamente la posibilidad de que los integrantes del Consejo no provengan únicamente de los corporativos mundos judiciales y de los abogados, se propone la elección popular de parte de los integrantes, pero cambian riesgosamente las mayorías en el Consejo a la hora de tomar decisiones trascendentes (de los dos tercios actuales a la mitad más uno).

Para fabricar más bulones

La creación de nuevas cámaras de Casación, dicen especialistas que no están alineados con la oposición rabiosa, corre el riesgo de dilatar aún más los tiempos extensos que insumen los pleitos. Un experto prestigioso, Gustavo Arballo, apeló a una idea simpática al respecto: en una fábrica de bulones, a la hora de incrementar la productividad no se necesitan más supervisores sino más operarios. Algo parecido, dice, sucede con las cámaras de Casación, instancia a la que sólo podrían llegar los litigantes con más espaldas. Lo que se necesita, dicen los críticos más sensatos, es ampliar y agilizar la posibilidad de acceso a la Justicia creando más tribunales y no sólo más superestructuras. Otros dicen que para realmente agilizar los trámites judiciales es imperioso simplificarlos, actualizarlos, incorporar más procedimientos orales. Algo parecido pasa con el intento de limitación de cautelares. La iniciativa pareció la respuesta exacerbada a planteos presentados por el establishment corporativo o la fabricación en masa de miles de cautelares contra el Estado en oscuros tribunales del interior en relación con los salarios de gendarmes y prefectos. Para Arballo el intento de limitar las cautelares finalmente no afectaría a quienes tengan buenos recursos y buenos abogados para pelear, pero sí debilitaría a los más desprotegidos.

Lo mismo dijeron el CELS, que hasta planteó problemas de constitucionalidad, y los integrantes de Justicia Legítima. Es llamativo que aunque ese espacio nació para discutir y respaldar parte sustancial de las movidas oficiales, no parece haber sido del todo escuchado siendo que terminó presentando en el Senado una serie de modificaciones posibles al texto original. El CELS planteó que “las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad” y que ese organismo pidió “el dictado de medidas cautelares contra el Estado para asegurar, entre otros supuestos, el acceso a la educación de migrantes, la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas, la suspensión de normas limitantes en forma inconstitucional de la libertad personal o la suspensión de actos administrativos de expulsión de migrantes. Del mismo modo, las medidas cautelares pueden ser necesarias para defender la libertad sindical”. Esta objeción no implica que el CELS no comparta la necesidad de “cumplir con el objetivo de evitar los usos abusivos que se han conocido en estos años”, particularmente los abusos de sectores de poder.

Conversemos 

Apenas el CELS, que mantiene cordiales relaciones institucionales con el oficialismo, planteó sus objeciones, los senadores kirchneristas invitaron a sus representantes a sumarse al debate. La invitación se extendió a otras organizaciones: la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y la Asociación de Abogados Laboralistas. La respuesta oficial fue la adecuada y finalmente enriqueció y abrió el debate. Pero esa reacción tardía habla de una falla previa típicamente kirchnerista: pudo acelerarse menos y articular antes con diversos actores para extender y enriquecer el debate. De modo simétrico, si la oposición inicialmente sólo se enfurruñó y optó por desaparecer de la primera discusión en comisiones, luego se sumó al debate, lo que trajo algo de paz.

Ese mejor diálogo por ahora no afectó ciertos titulares de tapa ni las críticas exacerbadas de algunos espacios de la familia judicial, ni bajó el tono de ciertas declaraciones políticas. Poca ayuda para una mejor discusión, a lo que se suma la nada casual convocatoria –con fuerte respaldo mediático– a un nuevo cacerolazo. No es que las protestas con cacerolas no sean legítimas, lo que llama la atención es algún oportunismo. Lo que parece atisbarse sobre la reforma del Poder Judicial es (ojalá) acuerdo en algunos avances más que interesantes y un eventual horizonte de judicialización para otras iniciativas como el que aún vivimos con la Ley de Medios, a tres años y pico de su sanción. En lo que hace a los vértigos decisorios del oficialismo, acaso el triunfo electoral ajustado de Nicolás Maduro en Venezuela permita hacer una lectura sobre la necesidad de abrir mejor el juego político.

DZ/km

Fuente Especial para Diario Z
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Diario Z
Periodista, escritor, autor de Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso.