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TEMAS DE LA SEMANA

Reducen un 40% las guardias. Graves problemas de atención.

El Gobierno porteño puso en marcha un fuerte ajuste en el sistema sanitario que afecta principalmente la atención primaria en guardias de hospitales y Cesac . Por Franco Spinetta

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Pediatras_1_tito_30012014_aa_46159 Télam Buenos Aires, 30/01/2014 Médicos del SAME durante una protesta en las puertas del hospital Moyano, denuncian que se redujo un 45% el personal de los programas médicos, al despedir a "todos los delegados y participantes del conflicto" generado luego de que el gobierno porteño aprobara una resolución que reduce personal, programas y sueldos, lo que considerar "una caza de brujas de absoluta discriminación ideológica". Foto: Tito La Penna/Télam/aa
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Cinco meses después de que el gobierno porteño ordenara la reducción de un 40% de las suplencias de guardia –a través de la resolución 1.657–, los efectos de la medida continúan haciendo mella en la situación laboral de los trabajadores y, por ende, en la calidad de atención de los pacientes que utilizan sólo el sistema público de salud.

La crisis se cargó a dos directores de los hospitales Álvarez y Moyano porque se negaron a aplicar el ajuste. El tema llegó a la Legislatura, donde María Rachid (FpV) y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda) presentaron dos pedidos de informes para que el Ejecutivo explique cuáles son los alcances de la resolución ministerial. En la reunión de asesores legislativos realizada el martes 31, médicos de distintos hospitales concurrieron para relatar sus penurias cotidianas.

Al mismo tiempo, la discusión salarial comienza a asomar con fuerza. Al cese de actividades que realizaron los profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, se le sumaron dos paros de ATE (viernes 28 de marzo y jueves 3). Los trabajadores reclaman una suba del 35% de los salarios y, también, la derogación de la resolución 1.657.

Las suplencias de guardia son el eje de la discusión. El Ministerio de Salud justificó el recorte encarado desde fines de 2013 porque, advirtieron, existiría un abuso de los trabajadores de esta modalidad, que en lo formal funciona como horas extras. La Coordinadora Gremial por la Salud Pública (Cogresap) denunció que se trata de una flexibilización encubierta: con las suplencias se cubren cargos que desde hace años esperan por su titular.

Trabajo precario

Se calcula que en esta situación hay unos 2.200 cargos, cuyos nombramientos están desfinanciados. Es decir: a pesar de que fueron concursados, el Ministerio de Hacienda no autoriza la partida presupuestaria y el nombramiento se cae. El recorte afecta a unos 1.500 trabajadores que cumplían su trabajo en forma totalmente precaria (cobraban el 70% del sueldo de un titular), sin vacaciones ni aumentos de salario en los últimos tres años. Frente a esta situación, los trabajadores recurrieron a la Justicia patrocinados por la Defensoría General. Presentaron un amparo y el 27 de diciembre de 2013, la jueza subrogante Patricia López Vergara –tomó el caso por la ausencia del juez Roberto Gallardo– les dio la razón con argumentos contundentes. Dijo, entre otras cuestiones, que “de mantenerse la vigencia de la decisión ministerial, muchos de los servicios de los hospitales y SAME dejarían de funcionar, con el consecuente daño irremediable para la población que sólo accede a las prestaciones de salud que brinda el Estado local”.

Además, la jueza cuestionó directamente a la ministra, Graciela Reybaud, porque la resolución “no contiene ningún fundamento” que justifique el recorte: “Muy por el contrario, a la carencia de fundamentación válida, debe agregarse la presunción de que mediante la decisión ministerial se vería seriamente afectado el interés público y se comprometería la regularidad de las prestaciones sanitarias”. Agregó: “Las cuestiones presupuestarias no son un motivo suficiente ni una fundamentación razonable para justificar semejante medida”. Pero el gobierno no acató la decisión judicial. Apeló la medida cautelar y recusó a Gallardo cuando tomó la causa. Las trabas dilataron una posible resolución y el recorte sigue en marcha.

No se salvo ni el SAME

Desde el 17 de marzo, el SAME sintió los efectos del tijeretazo. Una serie de paros activos dejaron en evidencia el nivel de precarización del sistema de emergencias médicas. La delegada Laura Schargrodsky dijo a Diario Z que casi la mitad de los trabajadores del SAME se vieron afectados por el alcance del recorte. “De 168 profesionales, quedaron 98, que además perciben un 42% menos de salario”, explicó. A otros 17 trabajadores se les cambiaron funciones y horarios.
Otra delegada del SAME, Cristina Colom, consideró que ese accionar es “malicioso”: “A veces teníamos puestos repetidos porque había médicos que hacían dos guardias; en el gobierno te dicen que no estás despedido porque seguís con un cargo en el hospital pero te reducen el sueldo a la mitad”.

Como el SAME no posee estructura propia, todo el plantel –salvo los coordinadores que de ocho pasaron a cuatro– son médicos nombrados a través de las suplencias de guardias. No son trabajadores efectivos y cumplen funciones como si su jornada estuviese compuesta por horas extras. Los servicios afectados del SAME son cuatro. Tal como lo había adelantado Diario Z en su edición del jueves 5 de diciembre de 2013, el Programa Asistencial Domiciliario Urbano (PADADU) Clínico, que funcionaba hace diez años, desapareció. En este programa trabajaban unos 35 médicos que atendían 10 mil “auxilios anuales”. El PADADU Clínico se encargaba del “código verde”, es decir, de aquellos pacientes que llamaban al SAME por algún inconveniente menor. Entonces, en vez de movilizar la ambulancia, el médico se acercaba hasta el hogar.

El PADADU Pediátrico también sufrió un fuerte recorte: de 60 profesionales pasó a 30. Este programa funcionaba desde el año 2000 y cubría unas 14 mil consultas anuales. En tanto, el programa de Gestión, Organización y Regulación de Internaciones Pediátricas (Gorip) y el servicio de atención telefónica perinatal “están en serio riesgo de no seguir funcionando”, señaló Schargrodsky. El SAME también dejó de enviar a dos pediatras del equipo del Buenos Aires Presente (BAP), una unidad del Ministerio de Desarrollo Social que atiende a personas en situación de calle.

El ajuste afectó al eslabón más débil de la atención primaria. Con los históricos retrasos en la incorporación de profesionales, la demanda de atención fue cubierta por trabajadores precarizados de las guardias y los centros de salud primarios. ¿Cómo impactó esto? La falta de información es una constante: las direcciones de 13 hospitales –salvo la del Neuropsiquiátrico Moyano– se negaron a responder el pedido de informes de la Defensoría General, que exigía una respuesta sobre cómo y dónde se aplicaron los recortes.

Por ejemplo, en el hospital Tornú, el tope de horas de suplencias se redujo un 35% y sólo pueden autorizar 520 horas mensuales. El área más afectada, indicaron desde este hospital ubicado Villa Ortúzar donde se atienden 328 mil personas por año, es la guardia. “Los puestos de titulares son pocos y la mayoría de los médicos figuran como suplentes”, dijo Guillermo Rossi, delegado del Tornú. “Hay muchas presiones para que se cumpla el tope a rajatabla”, agregó.

La situación se repite en cada uno de los hospitales donde se establecieron topes de suplencias muy por debajo de la demanda de atención. Esto, claro, se ve reflejado en la pérdida de calidad sanitaria y en una sobrecarga para aquellos trabajadores que ahora deben absorber el doble de trabajo.

DZ/rg

Fuente Redacción Z
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