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Proyecto de ley para la regulación de la seguridad privada

Para que el Estado controle la calidad profesional y la subordinación de los vigiladores.

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La Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó un proyecto para modificar parcialmente las leyes 1913 y 2895, con el propósito de que el Estado controle la calidad profesional y la subordinación de los vigiladores de la seguridad privada a los principios y pautas de Derechos Humanos, y demás normas constitucionales, nacionales y locales.

En los fundamentos de la ley, la Defensora del Pueblo Alicia Pierini, destaca la necesidad de que sea el Estado, como garante de los derechos, el que fiscalice la evaluación y certificación de conocimientos de los aspirantes a integrar el Registro Público de Agentes de Seguridad de gestión privada. Dicha evaluación está hoy a cargo de los institutos que los dictan sin intervención de la autoridad de aplicación, la que solo recibe la información de los aspirantes que han concluido el curso.

En cuanto a los institutos actualmente habilitados para dictar los cursos, la Defensoría del Pueblo advierte que prevalece la utilización de modalidades de evaluación que requieren poca reflexión y escaso trabajo conceptual por parte de los alumnos.

Un aspecto relevante para evaluar, por ejemplo, sería que explicite los cursos de acción que el aspirante seguiría frente a situaciones concretas: qué criterios tendría en cuenta, si las decisiones que adoptaría se ajustan a lo que la ley indica, si conoce a fondo los estándares de derechos humanos en materia de uso de la fuerza así como en la protección de sujetos vulnerables, y si se incorporan conceptos de asistencia a la víctima en las capacitaciones que se dictan.

La Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad, autoridad de aplicación de la ley 1913, tiene entre sus funciones la de reglamentar y controlar la realización de los cursos de capacitación y entrenamiento anual. Además de acreditar educación secundaria los prestadores a título personal deben obtener un certificado de capacitación técnico-habilitante. Estos certificados solo pueden ser otorgados en la actualidad por establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial. Por este motivo resulta fundamental establecer un mecanismo en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, que permita acreditar que quienes aprueban los cursos estén en condiciones de desarrollar tareas de vigilancia, por lo que se hace necesario reformar la ley 1913 para incluir el requisito de aprobar la evaluación en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder ejercer la función legalmente.

Por su parte, la creación del Instituto Superior de Seguridad Pública por ley 2895 se presenta como una oportunidad para que los cursos de seguridad de gestión privada puedan ser dictados por un organismo propio del Gobierno de la Ciudad. La inclusión de estos cursos en la oferta académica del Instituto Superior de Seguridad Pública permitirá fortalecer la inscripción de la seguridad de gestión privada en el marco de la seguridad pública.

DZ/LR

 

Fuente Redacción Z
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