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Proponen que mujeres no deban acreditar su embarazo en preocupacional

La iniciativa fue presentada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para «impedir la discriminación y conseguir la igualdad real de derechos».

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«La idea surgió por las denuncias que recibimos y por una experiencia personal cuando trabajaba en el ámbito privado; a una amiga no la tomaron porque luego del preocupacional se supo que estaba embarazada y entonces me puse a investigar el tema», afirma  Ivana Rodríguez, autora del proyecto y asesora del defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor.

Rodríguez explicó que el proyecto, que se presentó el jueves pasado en la Legislatura y esta tarde en la Defensoría del Pueblo porteño, amplía la ley 554 de la Ciudad, que prohíbe la realización del test de embarazo a las empleadas cuando ingresan a la administración pública.

«La idea es ampliar a lo privado y conseguir que ese test no se pueda pedir en ningún momento de la relación laboral, como por ejemplo antes del ascenso a otro cargo», precisó.

El proyecto prohíbe así «la exigencia de acreditación de embarazo, certificación médica referida al estado de gravidez o cualquier forma de declaración de ausencia de gestación como requisito para los procesos de selección, ingreso, promoción y permanencia, cualquiera sea la forma de contratación, de toda mujer que en la Ciudad de Buenos Aires».

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, que tiene a su cargo la Subsecretaría de Trabajo, y las sanciones por incumplimiento de esa norma van desde multas hasta la clausura del establecimiento, si se reincide en las conductas discriminatorias.

«Desde el inicio de la gestión nos propusimos ejercer plenamente como Defensoría, y la iniciativa legislativa es una facultad muy importante», dijo Amor.

El defensor del Pueblo señaló que el objetivo del organismo a su cargo es «defender los derechos afectados o potencialmente afectados de los ciudadanos» y enfatizó que «es esencial dar debate en la Legislatura, porque la política se construye desde adentro».

La directora de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad, María Elena Naddeo, consideró que «de ninguna manera se puede excluir a una mujer de un trabajo por su estado de gravidez».

«No hay normativa específica que obligue a las empresas privadas en este punto, por lo que esta ley será de gran importancia», señaló Naddeo, quien también colaboró en la redacción y elaboración del proyecto.

El dinero que se recaude por el pago de las multas será destinado al «Plan de igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres», a fin de «garantizar el acceso y equilibrar la participación de mujeres y varones en el ámbito laboral», apuntó Naddeo.

«Así cerramos el círculo y fomentamos la igualdad laboral, que es lo que buscamos: que la igualdad de oportunidades se consolide y no se quede en lo formal», destacó Rodríguez.

DZ/sc

Fuente Télam
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