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Prohibido prohibir

9 artículos fundamentales de la Ley de Publicidad Oficial vetados. por Gabriela Cerruti.

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En la sesión legislativa del 3 de di­ciembre de 2009, luego de un arduo trabajo de consenso entre todas las fuer­zas políticas se logró la aprobación de la primera Ley de Publicidad Oficial del país. Aunque el texto aprobado tiene impor­tantes deficiencias, define un piso indis­pensable desde el cual se hubiese podido seguir trabajando en relación con la trans­parencia, control y utilidad pública de los fondos destinados a la publicidad oficial.

En enero de 2010, el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó 21 leyes promulga­das por la Legislatura en el transcurso del año pasado; muchas de ellas respondían a sugerencias realizadas por organismos es­pecializados, nacionales e internacionales, respecto del abordaje de problemáticas complejas y a un trabajo sobre políticas públicas de gran trascendencia para la ca­lidad institucional de nuestra ciudad.

Aun­que la Ley de Publicidad Oficial se aprobó por unanimidad, fueron vetados nueve de sus artículos fundamentales que operati­vizan su aplicación, lo que evidencia una reticencia del Ejecutivo a administrar los fondos públicos destinados a la pauta de modo transparente y controlado. Algunos de los artículos objetados comprenden temas centrales como la prohibición del uso propagandístico de los avisos oficiales que incluyen «el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con fun­cionarios del sector público de la Ciudad».

Uno de los puntos más cuestionables es el veto a la prohibición de utilizar el color partidario en las comunicaciones oficiales. El color actual que identifica al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha cambia­do desde la asunción de Macri al mismo amarillo que utilizó el PRO durante la campaña electoral. Macri pregona lo que no hace, habla de libertades, transparen­cia y gestiones eficientes, pero a la hora de llevar a cabo estas políticas frente al Gobierno, se maneja con las peores prác­ticas, vetando leyes que les aseguran y les garantizan a los ciudadanos conocer el destino y manejo de sus impuestos.

 

Fuente Redacción Z
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