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TEMAS DE LA SEMANA

Políticas públicas que parecen negocios privados

Veto a la ley que protege a empresas recuperadas y patrimonio arquitectónico librado al azar.

Por Franco Spinetta
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El viernes 23 de diciembre, mientras las calles y las oficinas públicas estaban vacías por el asueto, Mauricio Macri apeló a otro veto -el número 83 desde que asumió- para dejar sin efecto una ley que protegía a 29 empresas recuperadas hasta tanto se concretaran las más que demoradas expropiaciones de los inmuebles que ocupan. Las empresas recuperadas son las que fueron abandonadas por sus dueños durante la crisis de 2001. Los trabajadores, para no quedar sin su fuente de ingresos, las tomaron y las pusieron a producir bajo el formato legal de cooperativas de trabajo. La Legislatura en los años sucesivos votó distintas leyes, a partir de las cuales les otorgó la propiedad de la maquinaria y determinó la tenencia provisoria de los inmuebles. Más tarde, la ley 1529 declaró a los predios que ocupan 29 empresas de «utilidad pública y sujetos de expropiación». Así se las protegía hasta tanto el Gobierno expropiara los inmuebles.

Este año vencía el plazo para efectivizar las expropiaciones que nunca se hicieron. Por eso era indispensable prorrogar la ley. El regalo sorpresa del jefe de Gobierno dejó estupefactos a propios y extraños: la norma que vetó había sido aprobada el 17 de noviembre con el apoyo unánime de todos los bloques, incluso el PRO.

«Si la Legislatura dictamina que esos inmuebles son de utilidad pública, el Ejecutivo tiene que efectivizar la expropiación. Pero pasaron tres gobiernos -la norma es de 2005- y todavía no se cumplió», señaló Diego Kravetz, autor de la ley. Macri superó ampliamente a sus predecesores: no sólo no ejecutó las expropiaciones sino que dejó a las cooperativas sin amparo legal. «Es un quiebre de las políticas públicas respecto a las cooperativas que surgieron al calor de la crisis de 2001», añadió Kravetz. Diez años después, la legitimidad de las cooperativas es impugnada por la gestión macrista, que las deja sin protección frente a posibles reclamos judiciales de los antiguos patrones.

«Se va armar una fuerte pelea en la Justicia porque no dieron respuesta a una ley que obligaba al Estado a expropiar y poner en regla a las empresas recuperadas», explicó Plácido Peñarrieta, presidente de la cooperativa Chilavert Artes Gráficas. «Los ex patrones pueden volver a recuperar su fábrica o al menos hacer planteos legales. Lamentablemente el Gobierno de la Ciudad parece no estar del lado de los trabajadores», se lamentó Hugo Fusec, presidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA), que agrupa a varias cooperativas.

Contra la participación

Macri cuestiona en su veto la conformación de una «mesa participativa» que debía acompañar el proceso de expropiación. La mesa debía estar integrada por dos representantes del Ejecutivo, por miembros de las comisiones de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura, y por un representante por cada una de las 29 empresas recuperadas.

En el veto, Macri argumenta que «la reglamentación ejecutiva de las leyes» es «una prerrogativa propia del jefe de Gobierno» y por lo tanto «le corresponde a éste trazar los lineamientos y las políticas públicas pertinentes para la ejecución de las leyes». En ese marco, el pedido de conformar una «mesa participativa» resultaría una iniciativa «contraria al principio de división de poderes» establecida en de la Constitución de la Ciudad.

Este criterio difiere del utilizado por el propio gobierno porteño en otros casos, como cuando se conformó -mediante la Ley 3343/09- la «Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis», integrada por representantes del Ejecutivo porteño y nacional, de la Legislatura, Defensoría y delegados del barrio.

«Es discutible la legalidad de la mesa participativa, pero no hay razón para vetar toda la ley porque ése no es el corazón de la norma», opinó la legisladora de Nuevo Encuentro y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Delia Bisutti. Y además indicó que otros argumentos son directamente falaces: «En el decreto se dice que la ley avanzaba sobre los inmuebles que integrarán el dominio público y que para eso se necesita doble lectura, pero en ningún momento la ley 4008 se refiere a ningún inmueble de dominio público», añadió. Según pudo saber Diario Z, al menos tres legisladores del PRO se mostraron sorprendidos por la decisión del jefe de Gobierno. En tanto, Bisutti remarcó que en marzo, cuando se renueven las sesiones ordinarias, la oposición insistirá con la ley 4008 como prioridad.

«El veto es un mamarracho, es una cosa espantosa y los argumentos son pésimos. Los bienes no son del Estado porque nunca se consumó la expropiación. Y nunca se consumó la expropiación porque el Gobierno no cumplió. La ley viene a cubrir el incumplimiento de los sucesivos gobiernos de la Ciudad», señaló Fusec.

La indignación en el movimiento de las empresas recuperadas es fuerte. Eduardo Montes, trabajador de Gráfica Patricios, una de las cooperativas que trabaja con radios, talleres y un bachillerato orientado a la reinserción escolar, aseguró a Diario Z que «Macri sugiere que nos estamos entrometiendo en la labor del Ejecutivo, pero su Gobierno no pagó una sola expropiación como marca la ley. La decisión es política, no jurídica. El PRO no comprende la economía social: hemos demostrado que se puede autogestionar las empresas y que además se puede crecer, como lo han hecho casi todas las cooperativas».

No contar con la expropiación definitiva les genera a las cooperativas diversas dificultades: desde obtener créditos hasta la forma en que se relacionan con sus proveedores y clientes. Esto significa que muchas veces deben producir para terceros que los proveen de materias primas y les pagan menos de lo que ganarían si produjeran directamente. «La ley 1529 nos protegía porque no tenemos ningún papel que diga que nosotros somos los verdaderos dueños», explicó Peñarrieta.

A pesar de tener que competir con empresas poderosas que funcionan sólo por el lucro, a pesar de estar en un limbo legal, sobre el esfuerzo de los trabajadores estas cooperativas lograron sobrevivir a las ferocidades del mercado. Constituyen un cuestionamiento tácito, además, a la función social de los patrones. «Nosotros somos capaces de crear y sostener trabajo de manera distinta», indicó Fusec. «Es un golpe bajo. Y el mensaje es claro: no quieren trabajadores en esta situación. Macri ya había dicho que nosotros somos un mal ejemplo para la sociedad. Ahora está mostrando su verdadera faceta», aporta Peñarrieta.

Apenas se probó el traje de jefe de Gobierno, Macri advirtió que las expropiaciones debían revisarse «empresa por empresa». Esperó la revalidación de su mandato para dar el zarpazo. El legislador PRO Martín Ocampo defendió el veto aduciendo que el Ejecutivo tiene la potestad de «participar en el procedimiento sancionatorio de leyes y resguardar sus competencias». Y agregó: «Estamos tomando una herramienta como la expropiación para la continuidad de emprendimientos productivos y no es la solución técnica adecuada». ¿Por qué entonces el bloque macrista acompañó con su voto la ley vetada? «Fue un error», reconoció Ocampo.

DZ/km

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