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TEMAS DE LA SEMANA

Plazas vs negocios: porteños privados del espacio público

El PRO busca aprobar proyectos que involucran la cesión de lugares públicos a entidades privadas.

Por Juan Ignacio Agosto
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«En las calles, plazas y parques es donde se construye la identidad ciudadana», dijo el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, cuando le tocó exponer el presupuesto de su cartera para 2012 en la Legislatura, el jueves 20. Lo que no comentó es que no es lo único que el PRO pretende construir en los espacios públicos de la ciudad durante este nuevo mandato.

El contundente triunfo electoral de julio parece haber entusiasmado al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para reflotar viejas iniciativas que implican la modificación del espacio público y que habían sido dejadas de lado en los primeros años de su mandato por la polémica que generaron.

Desde el inicio de la gestión, en 2007, el ejecutivo porteño busca la aprobación de un proyecto de ley para permitir la construcción de un megaemprendimiento inmobiliario, a cargo de la constructora IRSA, en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, junto a la Villa Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica de Costanera Sur. El proyecto pretende ceder el uso del canal que separa a la reserva del predio a la empresa Solares de Santa María SA para el acceso de embarcaciones. Esto obligaría a realizar obras en el canal para que puedan ingresar lanchas y yates de gran calado a la futura marina.

Organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición denuncian que no sólo se está «privatizando» un canal del Río de la Plata, sino que al ser parte de la Reserva Ecológica, está protegido como «humedal de importancia internacional» por la Convención Ramsar.

Pero además, para poder llevarlo a cabo, es necesaria la modificación del Código de Planeamiento Urbano, ya que éste no permite un emprendimiento inmobiliario de tal magnitud. Como compensación, el convenio establece que la empresa cedería 27 hectáreas para la apertura de «calles, espacios verdes y paseos peatonales», aunque en plazos de 20, 30 o 40 años, según cómo avance la obra.

Otra iniciativa que desde hace años el gobierno porteño quiere promover es la construcción de locales gastronómicos y áreas de servicios dentro de los espacios verdes de la ciudad. Frenado en 2008 por temor a quedar como «privatizadores de lo público», el proyecto fue modificado y esta vez afectaría sólo a los espacios más grandes, como el parque Tres de Febrero.

La idea del PRO es emular a los parques de las grandes ciudades del mundo, como el Central Park de Nueva York o el Bois de Boulogne, en París, que cuentan con confiterías y otros locales comerciales. De paso, buscan regularizar la situación de los puestos que actualmente funcionan (como los carritos de choripanes y bebidas).

A diferencia de lo que sucedió en 2008, cuando incluso dentro del macrismo hubo quienes se opusieron a la idea, esta vez el apoyo de los votantes porteños parece haber cambiado la opinión de muchos. Para avanzar, deben derogarse dos ordenanzas dictadas por el ex Concejo Deliberante porteño, que prohíben expresamente estas construcciones.

Los amigos beneficiados

Hace dos semanas, el vicepresidente de la comisión de Protección y Uso del Espacio Público, Adrián Camps, junto al legislador Jorge Selser y la comunera electa Julieta Costa Díaz (los tres de Proyecto Sur) presentaron un recurso de amparo por la presunta cesión de terrenos públicos a la Asociación Argentina de Tenis, que preside Arturo Grimaldi, testigo de casamiento de Mauricio Macri.

Estas tierras, ubicadas en Figueroa Alcorta 7250, habían sido transferidas por la Nación a la Ciudad, a través de la ley 239 de 1999, con el fin de construir un «espacio verde público». Sin embargo, durante años el predio fue utilizado de manera ilegal por el club Obras Sanitarias de la Nación, hasta que en 2009 Macri, a través de un decreto, ordenó desocuparlo y darle el «destino que prevé la ley N° 239».

Pero, según el amparo, el Gobierno de la Ciudad no sólo no cumplió con ese objetivo, sino que le cedió las tierras de manera gratuita a Grimaldi, mediante una certificación (la N° 012113262) firmada por el director General de Concesiones del GCBA, Ezequiel Sabor.

«El macrismo cede terrenos públicos a los amigos o a grupos empresariales para hacer negocios. Para ellos, primero viene el negocio y después la ley», asegura Camps. Además, agrega que «en lugar de ser el Gobierno de la Ciudad el que planifica los proyectos y que después aparezca la constructora para hacerlo, es al revés: una empresa viene, propone, y el Gobierno después intenta modificar las leyes para poder llevarlos a cabo. Pasa tanto en el proyecto de IRSA como en el de la ampliación de la Diagonal Sur».

Un caso particular

La semana pasada, además, el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura porteña un pedido de autorización para prolongar la avenida Julio A. Roca, mejor conocida como Diagonal Sur, hasta la avenida 9 de Julio. Se trata de un viejo proyecto qe data de 1907, ratificado en 1968 y convertido en ley en 2000, que obligará a expropiar 37 lotes privados (aunque desde siempre sujetos a expropiación), indemnizar a los vecinos que viven allí y desafectar otros tres que pertenecen al GCBA. Uno de estos últimos es la plaza de la esquina de Belgrano y Piedras.
La polémica se generó a partir del tercer artículo del proyecto, firmado por Macri; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, que autoriza a construir y concesionar por 20 años para su explotación un estacionamiento público subterráneo, ya sea por la empresa constructora o por terceros.

La ampliación del Malba

Desde que fundó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, hace ya diez años, Eduardo Costantini, pensó que era necesario ampliar su espacio. En 2007, argumentando que la colección de obras se había duplicado y que la cantidad de visitantes era cada vez mayor, planteó al entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, la posibilidad de incrementar la superficie casi en un 50 por ciento. La obra se realizaría bajo la plaza República del Perú, ubicada junto al museo. No hubo acuerdo en ese entonces.

El proyecto, presentado por el Ejecutivo porteño a instancias del museo, autoriza la concesión «a título gratuito e intransferible del subsuelo del polígono lindante con la sede del museo», de cuatro mil metros cuadrados, a la Fundación Costantini para la construcción de un patio de esculturas subterráneo, una sala de exposiciones, dos auditorios para 80 y 100 personas y una sala para los talleres educativos.

También está prevista la construcción de una lucarna vidriada, que permitirá el ingreso de luz y la posibilidad de que los transeúntes puedan ver el patio de esculturas desde la plaza a través de una enorme placa de cristal. Al igual que en el caso de Solares de Santa María, esta construcción subterránea también requiere modificar el Código, motivo por el cual está siendo tratado en la Legislatura.

Desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno de la Ciudad ha mostrado particular énfasis en lo que a espacio público se refiere. La UCEP, organismo ya desarticulado que se encargaba de desalojar de manera violenta los espacios públicos, fue el mejor ejemplo de ello.

Las declaraciones de funcionarios durante la toma del Parque Indoamericano, que les costó la vida a tres personas el año pasado, siguen la misma línea. Sin embargo, cuando se trata de grandes empresas o personas cercanas al jefe de Gobierno, florecen negocios millonarios.

Otras obras controversiales

– Polideportivo en la plaza Marshall Meyer: Vecinos de Saavedra se oponen al llamado a licitación hecho por el gobierno porteño para construir un polideportivo en Goyeneche y Crisólogo Larralde. Se trata de un sector catalogado como U34 donde, según el Código de Planeamiento Urbano, el 85% debe destinarse a espacio verde público.

– Driving de golf en el Parque Sarmiento: Bajo el argumento de que allí se podrá practicar golf gratis en ciertos horarios, el GCBA le otorgó la concesión y explotación a la empresa Servicios Integrales de Alimentación, vinculada al reconocido golfista Florentino Molina. El lugar, que estaría terminado antes de fin de año, contará con noventa boxes, estacionamiento y confitería.

– Terminal de camiones en Parque Roca: El GCBA había cedido a la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas un predio de 15 manzanas en el Parque Mary Terán de Weiss para construir un polo de carga y descarga. Fue frenado por la Justicia el año pasado.

DZ/km

 

Fuente Redacción Z
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