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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Piden tomar ‘medidas urgentes’ por encuestas falsas

En la denuncia se alude a una ‘campaña sucia’ que provendría del PRO.

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El fiscal federal Jorge Di Lello requirió hoy que se tomen «medidas urgentes» para hacer cesar el perjuicio que pueda causar la difusión de una falsa encuesta contraria al candidato a la jefatura del Gobierno porteño del Frente para la Victoria, Daniel Filmus.

En un dictamen firmado este mediodía, la fiscalía con competencia electoral entendió que si bien en principio ese fuero no sería competente para analizar lo denunciado, más vinculado al ámbito penal, se deben tomar «medidas urgentes» ante el vencimiento de los plazos con miras a los comicios del domingo próximo, informaron a Télam fuentes judiciales.

De esta manera la causa volvió ya al juzgado electoral porteño donde la magistrada deberá tomar la decisión al respecto.

Servini recibió la denuncia pasado el mediodía de ayer y esta mañana la remitió a la fiscalía federal con competencia electoral para que se determine si correspondía impulsar una investigación, algo que ya ocurrió.

En la denuncia se alude a una «campaña sucia» que provendría del PRO y por eso se solicita que se determine si las comunicaciones que reciben los votantes de la Ciudad provienen de «call centers» que trabajan para el actual jefe de Gobierno y candidato a la reeleción Mauricio Macri.

En la encuesta, que llega a los hogares como una grabación, se pregunta, según se refirió a la juez, si se considera que «Filmus ha sido afectado por el caso Schoklender» y si la respuesta es positiva se continúa con una serie de preguntas retóricas como «¿Sabía usted que el padre de Filmus es arquitecto y trabajaba en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado?» y se contesta: «Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?».

En la denuncia se incluyeron afiches pegados en la Ciudad en los últimos días, con la firma de agrupaciones de izquierda que desmintieron la autoría.

La denuncia fue presentada por Mauro Riano, apoderado del oficialismo y el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, en el marco de la ley 19945 que castiga el «despliegue de actitudes engañosas que tiendan a inducir a otro a sufragar de determinada forma o a abastenerse de hacerlo».

La acusación prevé penas de dos meses a dos años de prisión en suspenso.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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