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Piden la reapertura de la causa por la toma del Indoamericano

La Justicia pidió reabrir la causa por la represión en la toma del Parque Indoamericano ocurrida en diciembre de 2010 y también el procesamiento de todos los policías.

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El fiscal general Sandro Abraldes y su par de la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), Abel Córdoba, pidieron esta mañana la reapertura de la causa por la represión en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010 y el procesamiento de todos los policías que fueron beneficiados por la Cámara del Crimen en julio pasado.

Los fiscales reclamaron que se “revoque la falta de mérito y sobreseimientos dictados” el 18 de julio por la Sala Primera de la Cámara y se restituyan “los procesamientos oportunamente decretados en primera instancia” contra más de 40 efectivos de las policías Federal y Metropolitana.

“El fallo impugnado imposibilita al acusador público de llevar a juicio un caso de gran trascendencia institucional, que versa ni más ni menos sobre la criminal actuación de los integrantes de los cuerpos de fuerzas de seguridad en el control del orden público a cuya consecuencia resultaron dos personas muertas y otras cinco gravemente heridas, y en el cual se ha probado, además, el empleo de munición adulterada en el marco de una manifestación”, dijeron los fiscales.

“La resolución en crisis impide dar adecuada respuesta mediante la actuación del Ministerio Público Fiscal a quienes se han visto gravemente perjudicados por las prácticas ilícitas investigadas, constitutivas de violencia institucional, y por ende, lesivas para la integridad, dignidad y la vida de las personas”, añade el documento, de un centenar de páginas.

Abraldes y Córdoba opinaron que las conductas de los uniformados “configuran prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad y extensión afectan la vigencia del Estado democrático de derecho”.

A principios de mayo pasado, la jueza de Instrucción Mónica Berdión de Crudo procesó a 24 efectivos de la Policía Metropolitana y a ocho de la Federal por la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano, del barrio porteño de Villa Lugano.

La medida abarcaba a los jefes del operativo del desalojo y a los efectivos que llevaron adelante la recuperación del predio, donde murieron tres personas y cinco resultaron heridas.

Pero el 18 de julio, la Cámara del Crimen revirtió el fallo y sobreseyó o benefició con “falta de mérito” hoy a los jefes y oficiales que estaban procesados.

Los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi sobreseyeron, entre otros, a los comisarios de la Policía Federal Hugo Lompizano –condenado por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra–, Juan Quinteros y Emilio Miragayam, a los comisionados de la Metropolitana Miguel Ciancio, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi, y a otros 18 oficiales de ambas fuerzas.

Al apelar esa medida –con la intención de que sea la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país, el que en definitiva resuelva la cuestión- los fiscales Abraldes y Córdoba deploraron “la deficiente respuesta judicial frente a hechos constitutivos de violencia institucional en la Argentina”, que incluso “ha sido observada en numerosas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos”.

El fallo que sobreseyó a los policías “involucra a las instituciones, ya que constituye sin hesitación alguna un supuesto de gravedad institucional, y merece ser examinada por un Tribunal Superior en amparo a la garantía del doble conforme”, reclamaron.

El escrito cuestiona punto por punto todos los argumentos de la Cámara del Crimen y consideró que la Cámara del Crimen incurrió en “una errónea aplicación del Código Penal de la Nación”, por lo que pidió que los sobreseimientos sean dejados sin efecto.

DZ/sc

Fuente DYN
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