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TEMAS DE LA SEMANA

Pelea por la tierra en la villa Rodrigo Bueno

Un histórico conflicto de negocios, contaminación y disputas políticas.

Por ezequiel-spillman
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Cuatro manzanas linderas a la Reserva Ecológica de Costanera Sur y a metros de Puerto Madero siguen creciendo en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la villa Rodrigo Bueno, un pequeño asentamiento de 4 hectáreas donde conviven diariamente en precarias viviendas casi 1.000 familias.

Hace cinco años tanto Aníbal Ibarra como Jorge Telerman intentaron desalojar a sus habitantes pero un amparo frenó la medida y ahora se espera una resolución por parte de la Justicia. La villa está ubicada a 100 metros de la fuente Las Nereidas, de Costanera Sur, junto a un depósito de autos de la Policía Federal (que ha sido probado que contamina a los niños), la División Perros de la Prefectura, y un obrador de tres hectáreas del gobierno de la ciudad donde se guardan camiones y vehículos del ministerio de Espacio Público y
Al lado del galpón hay un murallón con un terraplén de 15 metros de altura que fue construido durante el gobierno de Aníbal Ibarra con la tierra que descartó de las obras de subtes.

Además, separado por un arroyo de 1700 metros de largo y 5 metros de ancho que desemboca en el Río de la Plata y que viene desde Puerto Madero, se encuentra frente a la ex ciudad deportiva de Boca Juniors cuyo millonario terreno fue comprado por la empresa IRSA a través de la firma Santa Maria del Plata S.A.

Hoy aún la naturaleza rodea el lugar. La mejor forma de ingresar es seguir hasta el final de la Avenida España. Allí se entra por un estrecho pasillo con piso de material y muy oscuro. Otra manera, más complicada, es a través del desarmadero de autos. Cada una de las manzanas, con viviendas de hasta cuatro pisos y con un suelo relleno de escombros, tiene 3 referentes sociales que son los encargados de las relaciones con el Ejecutivo y quienes se ocupan de los problemas de luz, gas y agua.

Según cuenta a Diario Z Luis Espinoza, delegado de la manzana 1 y residente desde hace 11 años, el asentamiento tiene inconvenientes de infraestructura estructurales. «Tenemos problemas elementales como el agua- Por ejemplo en esta época, en pleno verano, no tenemos presión de agua. Vienen camiones cisterna de la UGIS (Unidad de Intervención en villas) pero el tema es que hay que habilitar una cañería nueva».

Actualmente se está utilizando el ramal de agua de la ex ciudad deportiva, sin embargo en la UGIS habían prometido que lanzarían una licitación en diciembre del año pasado para instalar nuevos caños y realizar los trabajos en enero. Los habitantes de la villa se comprometieron, a cambio, poner la mano de obra de forma gratuita.»Necesitamos que Aysa nos dé agua desde un caño maestro», agrega Espinoza.

Otro problema es la luz. «En invierno por las bajas temperaturas se queman los fusibles. No tenemos un transformador sino un transfer con cuatro bocas, una cada para manzana, que no da abasto porque cuando fue instalado debía abastecer a 400 familias y ahora somos más del doble».

Justamente este es uno de los temas centrales. Según revela un reciente estudio del Instituto de la Vivienda porteño (IVC) el crecimiento de la villa fue exponencial.

Originalmente cuando se creó legalmente la Reserva Ecológica en 1986 se instalaron 30 familias en el margen sur.
«Ese asentamiento lo armó el Estado. Cuando avanzó el proyecto de Puerto Madero en la mitad de la década del noventa, a la gente que vivía en los diques se le construyó casillas en este predio», recuerda en diálogo con Diario Z el ex legislador de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, ex presidente de la comisión de Vivienda.

Así, para 2002, según un relevamiento oficial, ya vivían 225 familias. Cuatro años después había 390 familias. Hoy son 990.
Consultados por Diario Z, en el ministerio de Desarrollo Social le tiraron la pelota a Espacio Público, donde jamás respondieron a varios llamados de este medio, y desconocían si había algún plan de subsidios para erradicar la villa.

Subsidios y erradicación
En agosto del 2005, a través del decreto 1.247, firmado por Ibarra, se invirtieron $ 3.000.000 en el denominado «Programa de Recuperación de los terrenos de la Reserva Ecológica». Jorge Telerman era el encargado de llevar a cabo el trabajo como secretario de Desarrollo Social.

«Era uno de los asentamientos más chicos de la ciudad. Elaboramos una propuesta para trasladar a la gente, y se elaboraron dos alternativas: una crediticia y otra a través de un subsidio de menor monto», explica a este medio el propio Ibarra.

«Firmé el decreto y se empezó a ejecutar el programa con un éxito bárbaro. En el momento en que se firmaba, se tiraba abajo la casilla y se le trasladaban las cosas a los habitantes», agrega el ex jefe de gobierno. «Logramos ejecutar el 50% y había otro 30% que ya había aceptado», completa.

160 familias recibieron unos $ 20 mil, pero sólo 59 dejaron el lugar y esas viviendas fueron demolidas. En ese entonces había 390 familias en la villa.

Pero una denuncia en 2005 de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y del asesor tutelar de Menores de la Ciudad, Gustavo Moreno, la jueza porteña en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, frenó el plan.

Según la magistrada el gobierno no había sacado los escombros de las demoliciones y que no había hecho un censo entre los habitantes, por lo que cabía la posibilidad de que le entregara subsidios a gente que no vivía allí.

Ibarra agrega un dato más: «Cuando llega el amparo judicial la jueza también solicita urbanizar y además mandó a realizar una pericia psicológica para saber si no daña a los chicos el traslado. En ese momento volvieron a armarse casillas».

Para 2006, luego de la destitución del ex jefe de gobierno, Telerman anunció que continuaría con el programa pero nunca se completó por la orden judicial.

«Hay gente que todavía está a favor de los subsidios, pero la mayoría que no nos fuimos tenemos la posición no vamos a entregar así nomás. Nos asiste el derecho de seguir viviendo en Capital, no nos van a dar un terreno en el conurbano cuando trabajamos en la ciudad», opina el referente de la manzana 1.

La causa y la Reserva Ecológica
De esta manera, el 16 de noviembre de 2009 Liberatori realizó una visita a la villa. Allí participó Jaime Sorín en representación de la Facultad de Arquitectura de la UBA, quien dijo que hay posibilidad fáctica de urbanizar la villa.

Aún falta incorporar a la causa un informe técnico del IVC, que viene demorado, está elaborado por arquitectos y agrimensores. A partir de que se incorpore a la causa, en febrero la jueza podría emitir un dictamen para obligar al Ejecutivo a urbanizar. El futuro fallo puede sustentarse en tres estudios que posee la magistrada: uno elaborado por Arquitectura, otro por antropólogos y un tercero de ingenieros de la UBA.

Espinoza adelanta que, de darse esta posibilidad cierta, presentarán un petitorio a Mauricio Macri para que no haya desalojos.

Sin embargo aún hay dudas sobre si la villa Rodrigo Bueno está asentada sobre la Reserva Ecológica, de 350 héctareas, lo que impediría la urbanización. Para Ibarra por este motivo no puede ser un asentamiento urbano sino que esas hectáreas deben ser para la Reserva: «Es como si en una plaza o en las vías del ferrocarril se levanta una villa, hay que trasladar a la gente».

Di Filippo difiere: «Es mentira, la Reserva se instaló después que la villa. Además Ibarra debería haberse preocupado por sacar el cementerio de autos y no la gente porque está comprobado que contamina que no sólo afecta a la Reserva sino que contaminó a los niños». El dirigente social de la manzana 1 está de acuerdo: «Mi barrio fue creado antes y hay estudios que lo comprobaron».

De todas formas, el ex jefe de gobierno apunta que «en los últimos dos años no se hizo nada, lo único que hizo Macri fue marketing con la villa 31. Cuando me destituyen teníamos 3500 viviendas en ejecución y ahora no hay nada».

La sombra de IRSA
Detrás de la erradicación de la villa Rodrigo Bueno hay intereses económicos. Es que la empresa IRSA, bajo la firma Santa María del Plata S.A., compró en 2003 por 21 millones de dólares el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, que había recibido ese inmenso predio de parte del Estado.

Allí prevé construir un excéntrico barrio cerrado con 11 lujosas torres de hasta quince pisos, centros comerciales, teatros, cines, una marina para embarcaciones y hasta un helipuerto. La inversión está estimada en 500 millones de dólares.
La Asociación Civil Por la Reserva denunció en 2006 que «el traspaso de las tierras y su enajenación se produjo rodeadas de una serie de irregularidades».

Según consignan «se produjo, así, el beneficio patrimonial de un particular en detrimento del patrimonio del Estado: Boca enajenó los valiosos terrenos a un tercero».

Además, la agrupación de vecinos llegó a radicar una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad luego de una intensa Audiencia Pública con las firmas constructoras. Una de las cuestiones, plantean, pasa por un estudio de impacto ambiental con dudosas conclusiones a favor de IRSA. Por eso desde 2006 vienen reclamando otro estudio de factibilidad.

«Cuando hay un privado poderoso vecino al asentamiento, no es difícil pensar en un interés. En la visita a la villa, Sorín (de Arquitectura de la UBA) planteó que IRSA podía colaborar con la urbanización de la Rodrigo Bueno», concluye Di Filippo.

 

Fuente Redacción Z
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