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Patrimonio urbano: no toda casa será una torre

La Justicia ordenó al gobierno suspender los permisos para demoler edificios anteriores a 1941.

Por olga-viglieca-y-juan-i-agosto
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No hace falta ser adivino. En este caso, la bola de cristal es el montón de escombros a los que quedó reducida la casa de la poeta Alfonsina Storni, de Terrada 578, en Flores. A pesar de que había dos proyectos de ley que la protegían, a pesar de que la Defensoría porteña advirtió al Gobierno de la Ciudad que corría riesgo de ser demolida, a pesar de que los vecinos desde 1997 reclamaban que se convirtiera en un centro cultural, las autoridades no hicieron nada para impedir que la última casa donde vivió Alfonsina se convirtiera en tierra arrasada para mayor lucro de la constructora que piensa ahí construir su edificito. ¿Cuántos poemas habrá que escribir para que valgan más que el metro cuadrado edificado en el barrio de Flores?

La pérdida de la casa de Alfonsina no fue fruto de la desidia o de un descuido. Es una política deliberada del gobierno del ingeniero Mauricio Macri al punto de que los diputados del PRO se negaron a prorrogar la ley que protege a 140.000 edificios construidos antes de 1941. Esto significa: los colocaron en situación legal para que algún interesado avance sobre ellos. Un apto para demolición, digamos, desde el 31 de diciembre en adelante. Son el 20 por ciento del total de los 200 millones de metros cuadrados construidos de la capital.

La historia es simple. La ley 2.548, de noviembre de 2007, establece que todos los edificios construidos antes de 1941 -fecha en que se hizo un relevamiento general de la ciudad- no pueden ser demolidos ni sus fachadas cambiadas sin la autorización del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. El CAAP es el organismo multipartito encargado de establecer el valor patrimonial de los edificios y catalogarlos. Desde 2007, lleva evaluados unos 7.500 edificios de los cuales catalogó un millar, que no podrán ser demolidos. Pasaron a integrar el conjunto de edificios protegidos de manera definitiva por su valor cultural, histórico y/o arquitectónico.

La ley se impuso al poderoso lobby de las constructoras pero éstas consiguieron que se votara una extraña cláusula que exige que la norma sea periódicamente revalidada. Así ocurrió en 2009. Pero este año, en la última reunión de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, todos los miembros del PRO que la integraban se negaron a firmar una nueva prórroga, excepto el presidente de la Comisión Patricio Di Stéfano. Pero Di Stéfano retiró su firma al día siguiente, según dijo, por expreso pedido del Ejecutivo. En el mismo sentido se expresó el entonces presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien dijo, textual: «Mauricio se quiere sacar el tema de encima».
Los legisladores del PRO impidieron así que alguno de los proyectos de prórroga presentados por la oposición obtuviera dictamen de comisión para ser tratado en el recinto, abriendo paso para que a partir del 1 de enero el Gobierno de la Ciudad y quien lo solicite esté autorizado para demoler cualquier edificio anterior a 1941.

La defensa del patrimonio histórico y urbanístico de la Ciudad, una vez más, quedó a cargo de las organizaciones vecinales que interpusieron un recurso de amparo. Basta de Demoler, Fundación Ciudad, S.O.S. Caballito, Proteger Barracas, Salvar a Floresta y Protocomuna Caballito, entre otras.

Así las cosas, el viernes 23 de diciembre la jueza Andrea Danas, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 9 le ordenó al gobierno porteño la suspensión del otorgamiento de permiso de demolición u obra respecto de la totalidad de los inmuebles de dominio público o privado construidos antes de 1941 o que estén incluidos en la categoría de «Edificios Representativos» en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. La resolución se apoya en el artículo 27 de la Constitución porteña, que establece que la Ciudad debe preservar su patrimonio urbanístico y arquitectónico.

El año próximo, la Legislatura deberá discutir varios proyectos de defensa del patrimonio. Mientras tanto, la Justicia le puso un parate a los atropellos de la especulación inmobiliaria.

DZ/km

 

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