Amparado en un decre­to, o con el respaldo de una ley, el Gobier­no de Mauricio Ma­cri avanza en una de las marcas distintivas de su gestión: conver­tir los terrenos públicos de la Ciu­dad en fuente de negocios. Un verbo (rezonificar) y un adjetivo (ocio­so) son las palabras mágicas que le per­miten poner precio a los espacios que todavía que­dan sin rematar. Ala subasta de los terrenos «ociosos» de Catali­nas Norte, al avance de empresas privadas sobre la Costanera Sur, se suman el intento de asignación -vía decreto- de una buena por­ción del Parque Roca en benefi­cio de una federa­ción de empresarios del transporte, y el recientemente lan­zado proyecto Par­que Donado Holmberg, en el que se subastarán terrenos ubicados en la traza de la ex Autopista 3 (AU3), previa «rezonificación». Va­mos por parte.

Con cierto sigilo, y decreto del Poder Ejecutivo mediante, el Go­bierno de la Ciudad le asignó a una federación de empresas de camio­nes de carga unas 15 manzanas del Parque Roca para crear un polo logístico que albergue contenedo­res, un hotel, un restaurante y pla­yas de carga y descarga. No obs­tante, un amparo de la Defensoría del Pueblo logró que la Justicia lo declare nulo por inconstitucional. Y aunque fue una iniciativa hasta ahora frustrada, sirve como ejem­plo de la visión sobre qué tipo de desarrollo proyecta para la zona Sur, no siempre coincidente con los intereses de los porteños.

El decreto 291/10 es del 13 de abril y pasó casi inadvertido en la Legislatura. Previo a su firma, el proyecto de un polo logístico había sido mencionado en algunas comi­siones, como la de Desarrollo Eco­nómico y Vivienda, pero nunca tra­tado en profundidad.

Publicado el decreto, la defen­sora adjunta de la Ciudad de Bue­nos Aires, Graciela Muñiz, presentó un recurso de amparo por incumpli­miento de los artículos 89 y 90 de la Constitución porteña, que estable­cen que ese tipo de propuestas de­ben ser tratadas por la Legislatura y presentadas en audiencia pública.

«Parece que este decreto pasó inadvertido, pues nadie se había dado cuenta de que incursiona en varias contravenciones», dijo a Dia­rio Z Muñiz, que solicitó «la nuli­dad por inconstitucionalidad» y una medida cautelar «para que se pro­híba la firma» del convenio de otor­gación del predio a la Federación Argentina de Entidades Empresa­rias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

El martes 15 de este mes, el Juz­gado Contencioso Administrativo y Tributario N° 10, Secretaría N° 20 de la Ciudad de Buenos Aires resol­vió suspender la ejecución del de­creto que otorgaba el uso precario de terrenos del Parque Polideporti­vo Roca a la Federación y ordenó al Poder Ejecutivo porteño abstenerse de firmar el Convenio de Permiso.

El expediente que originó la Resolución de la Justicia se basa en la denuncia iniciada por Mu­ñiz ante «la violación de los art. 10, 82, 89, 90, 128 y 130 de la Constitución de la Ciudad, el Có­digo de Planeamiento Urbano y la Ley 470 de la Corporación Buenos Aires Sur SE, por haberse obvia­do la participación de la Legisla­tura porteña en el trámite previo y en defensa y protección de la pro­piedad pública».

La Corporación Bue­nos Aires Sur SE tiene la administración del Par­que Roca desde 2005 y debía «promover un plan de modernización y utilización plena del pre­dio». Pero según explicaba el docu­mento firmado por Macri, ese espa­cio «en la actualidad se encuentra ocioso» por lo que el Gobierno de la Ciudad justificó la adjudicación del predio a la Fadeeac.

Desde la Defensoría también cuestionaron que la administración del predio del polideportivo haya pasado de una empresa del Esta­do a un conjunto de empresas pri­vadas. Urbanistas consultados por Diario Z coincidieron en que les lla­ma la atención que la consideración de un polo logístico en un parque no haya pasado por la revisión de Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público. El decreto sólo lle­va la firma del jefe de Gobierno, del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera.

Razones de la polémica

«En primer término, su promul­gación era inconstitucional porque no se respetó el mecanismo de tra­tamiento legislativo. Segundo, no puede cambiarse el objeto de uso de un predio público. Tercero, la zona está categorizada por el Códi­go de Planeamiento Urbano como una Urbanización Parque (UP), por lo que no se puede construir por ejemplo un hotel», explicó Muñiz.

En cuanto al objetivo del cam­bio de administración de esas 15 manzanas en el sur de la ciudad, el decreto era poco claro. Según el do­cumento del Ejecutivo, a la Fadeeac se le otorgaba «un permiso de uso precario y gratuito por un término máximo de cinco años sobre el pre­dio (…) con el objeto de que hiciera los estudios de factibilidad, a los fi­nes de presentar un proyecto para la realización de un polo logístico consistente en una plataforma con espacio para contenedores, playas de maniobras, circulaciones y esta­cionamiento y carga y descarga de camiones».

No obstante, párrafos más arri­ba, entre los considerandos, se de­talla que la Fadeeac presentó un proyecto para el desarrollo de ese polo logístico que, además de lo anteriormente detallado, incluía: «naves de depósito, zona de talle­res mecánicos, lavadero y manteni­miento de camiones con un circuito de servicios para sus usuarios, in­cluyendo una estación de servicio, área de gastronomía y hotelería», lo que daba a entender la existencia de un proyecto previo al decreto.

En el decreto se argumenta: «Con relación al proyecto presenta­do [por la Fadeeac], la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de De­sarrollo Económico destacó el signi­ficativo aporte que supondría para la disminución del tránsito, al pro­veer un espacio estratégicamente ubicado para la concentración de transporte de carga con accesos privilegiados desde las autopistas que conectan las vías de entrada y salida de la Ciudad y el puerto».

En la Subsecretaría de Desarro­llo Económico no dieron explicacio­nes ante los insistentes llamados de este medio. En tanto de la Fadeeac, afirmaron: «No tenemos nada que decir sobre ese proyecto».

Pros y contras

El predio se encuentra en el Sur de la Ciudad, dentro del Parque Po­lideportivo Julio Argentino Roca. Según un recorrido realizado por Diario Z, allí ya se puede ver un depósito que contiene adoquines, contenedores con materiales de obra y un estado de abandono.

«La Constitución de la Ciudad le da permiso al Ejecutivo a dar un predio en concesión por no más de cinco años», admitió Delia Bisutti, diputada de Proyecto Sur y jefa de la Comisión de Desarrollo Económi­co, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura porteña. No obs­tante, coincidió con Muñiz. «En el decreto no está claro si hay un pro­yecto previo. Indica que le concede el predio para hacer un estudio de posibilidad para la construcción del predio logístico… pero si aún no se hizo el estudio, por qué le va a con­ceder el espacio antes».

Omisión o descuido, el decreto pasó inadvertido ya que pocos le­gisladores estaban al tanto. El úni­co pedido de informes se dio vía la Defensoría del Pueblo que, según Muñiz, «realiza una lectura minu­ciosa del Boletín Oficial porteño».

El oficialismo legislativo justifi­có el objetivo del decreto como una oportunidad de inversión producti­va. «Es una decisión política de la Ciudad el fomentar el desarrollo en el sur porteño. Es por eso que el Mi­nisterio de Desarrollo Económico es punta de lanza en este caso», expli­có Enzo Pagani, diputado del PRO, y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico.

La inconstitucionalidad del de­creto no es tal según Pagani que se refirió al artículo 104, inciso 21, que indica que la constitución de la Ciu­dad le «otorga (al Ejecutivo porte­ño) permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades comercia­les y para todas las que están suje­tas al poder de policía de la Ciudad, conforme a las leyes».

El sur postergado

Según la diputada Bisutti, en una primera lectura, el proyecto «podría llegar a ser positivo, pero se deben aclarar algunas cuestio­nes como el impacto de esas acti­vidades en la zona».

El cambio de objeto del Parque Roca es otro de los cuestionamien­tos que surgían de este decreto.

El Parque Julio A. Roca com­prende unas 120 hectáreas y po­see canchas de tenis, fútbol, voley, entre otras, así como una piscina y áreas de juego para niños. Allí con­curren escuelas del lugar y es utiliza­do por colonias de verano a donde asisten unos 3.000 chicos. También funciona allí una escuela de inicia­ción deportiva y el servicio de Zoo­terapia que depende de la Secreta­ría de Salud de la Ciudad.

Según el Código de Planea­miento Urbano, es zona UP, es decir que todas las actividades que se de­sarrollen allí se bien relacionar con el esparcimiento y el deporte.
«No sé cómo podrían convivir las actividades deportivas y de re­creación con el proyecto de la Fa­deeac. Macri sigue llevando la ges­tión de la Ciudad como si fuera una empresa privada y deja que los espacios verdes se conviertan en ociosos para realizar iniciativas cuestionables» afirmó la defenso­ra adjunta.

 

Fuente Redacción Z