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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Organizaciones sociales denuncian persecución al juez Gallardo

Recordaron que, si se suma la gestión de Macri y la de Rodríguez Larreta, Gallardo fue recusado por el gobierno porteño en 771 casos y que sólo en tres la recusación fue confirmada.

 

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Un grupo de organizaciones sociales porteñas denunciaron una persecución del gobierno local contra el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, como un mecanismo tendiente “al impedimento ilegal para la vigencia de derechos de los más desprotegidos”.

“Utilizando argucias legales que fueron creadas con otra finalidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplaza a los jueces cuyos fallos no le gustan, especialmente al Juez Gallardo, y así evita cumplir con las resoluciones judiciales que le imponen medidas a favor de los pobres”, sostuvieron las organizaciones en un documento.

En ese contexto, recordaron que Gallardo fue apartado de 771 casos a través de la recusación durante los ocho años de gobierno local de Mauricio Macri y en el período actual de Horacio Rodríguez Larreta, “y sólo en 3 de esos casos esa recusación luego fue confirmada. En 768 casos la Cámara y el Tribunal Superior manifestaron que eran ilegales”.

Mediante ese mecanismo, “el Gobierno evitó el otorgamiento de viviendas a familias extremadamente vulnerables, la asistencia estatal a las personas más golpeadas por el sistema económico, la protección del patrimonio histórico (para favorecer el mercado inmobiliario), y la investigación sobre las irregularidades en el registro de cadáveres lo que permite la desaparición ilegal de personas”.

Además, las organizaciones denunciaron que fue virtualmente desactivada la “Secretaría Villera”, donde Gallardo “ya había sido reconocido como el juez natural de todos los casos referidos a las villas”.

“Como se comenzó a democratizar la elección de los representantes de los barrios, y empezaron a verificarse elecciones periódicas en la totalidad de las barriadas, el Gobierno de la Ciudad decidió quitarle ilegalmente toda la Secretaría, para pasarla a otro juzgado en el que todo demora muchísimo más de lo necesario, y las elecciones ya prácticamente no se realizan”, alertaron.

El documento público fue firmado por las organizaciones Movimiento Popular La Dignidad, Corriente Villera Independiente, FM La Caterva, el Movimiento Emancipador, Organización Social y Política Los Pibes, FM Riachuelo 100.9 y el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros.

DZ/sc

 

Fuente DYN
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