Este nuevo aniversario encuentra a la Ciudad en medio de un proceso de descentralización inconcluso. Son muchísimos los aspectos pendientes. Marcada por un sesgo centralista, la gestión de Mauricio Macri ha puesto palos en la rueda que impidieron la concreción de avances significativos e, incluso, se tradujeron en retrocesos.

Con esa lógica, sólo tres días antes de la elección de 2011, dictó el polémico decreto de creación de las Unidades de Atención Ciudadana -una suerte de continuadoras burocráticas de los ex CGP- que vinieron a quitarles injerencia a las comunas sobre los servicios desconcentrados, a limitar sus competencias exclusivas e, incluso, a afectarlas patrimonialmente.

Está medida fue dejada sin efecto en sede judicial. No obstante y aún con mayoría oficialista en las juntas de catorce de las quince comunas, el PRO ha mostrado un profundo menosprecio por la voluntad popular que derivó en el desfinanciamiento y el recorte de las competencias de las comunas.
En paralelo y fruto de su desconfianza en la participación ciudadana, desarticuló todas las instancias de debate iniciadas en gobiernos anteriores y -con la complicidad del Frente para la Victoria- vació de sustento a los Consejos Consultivos Comunales.

Los pocos progresos se refirieron a la realización de trámites y los mecanismos de atención vecinal. Lo concreto es que las comunas continúan sin contar con recursos humanos, físicos y económicos para planificar, ejecutar y controlar las competencias que les son propias en materia de espacio público y para ejercer las que les corresponden de manera concurrente con la administración central. Una vez más, el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura no fue confeccionado previa consulta a las juntas ni elaborado participativamente con intervención de Consejos Consultivos.
Frente a este escenario, resulta necesario comprender que los verdaderos perjudicados son los vecinos, imposibilitados de acceder a soluciones adecuadas frente a problemas urbanos cotidianos, ajenos a una gestión incapaz de darles respuesta.

Poner en manos de instancias locales cuestiones que tienen impacto para los vecinos contribuye a una mejor identificación de las demandas sociales y permite que su atención sea rápida, eficiente y participativa. Por eso, pese a los esfuerzos oficiales por convertirla en letra muerta, la Ley de Comunas constituye una herramienta indispensable para distribuir el poder público y establecer una relación más directa, próxima, ágil y transparente entre el gobierno y la ciudadanía.

DZ/rg

Fuente Redacción Z