Este tercer convenio de transferencias de competencias penales,  sancionado en 2011 a instancias de un proyecto del senador Daniel Filmus, indica que, una vez que sea ratificado por la Legislatura, los jueces de la Ciudad podrán investigar y juzgar los delitos como lesiones, abuso de armas, violación de domicilio, penalización de actos discriminatorios; atentado y resistencia contra la autoridad , abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, falsificación de documentos, profilaxis y estupefacientes, entre otros.

“Desde aquella reforma del ’94 y la constituyente del ‘96 venimos trabajando en pos de tener los mismos derechos y las mismas atribuciones que tienen el resto de las jurisdicciones de nuestro país. La excusa de que el traspaso se haga con los recursos, no puede ser el impedimento para avanzar, menos en una ciudad donde el proyecto de presupuesto enviado para el año próximo supera los 60 mil millones de pesos”, detalló Olmos durante la presentación del Seminario “Transferencia de competencias Judiciales. Nación – Ciudad de Buenos Aires”, celebrado en el Salón San Martín del palacio legislativo.

El presidente del Consejo reclamó la aprobación del tercer convenio “en defensa de la autonomía y de las instituciones políticas de la Ciudad” y recordó que “además de ser una manda institucional, es un compromiso de todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública”.

“La aprobación de este proyecto sería un paso adelante para la justicia porteña porque todos nuestros jueces y camaristas están en condiciones de hacerse cargo de ese paquete sin dilación, dejando de lado la mezquindad y la cuestión de recursos”, sostuvo Olmos ante un auditorio compuesto por funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad. Y agregó: “El Tribunal Superior de Justicia será, en definitiva, la garantía de la alzada final de las causas que se tramitan en nuestra jurisdicción”,

Antes de finalizar, señaló: “Tenemos que continuar trabajando y no claudicar para defender que nuestros ciudadanos tengan la aplicación de la ley a partir de las autoridades de nuestro sistema institucional. Es una discusión político institucional que desde el Consejo vamos a seguir dando para alcanzar la plena autonomía de la Ciudad”.

Fuente Redacción Z