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TEMAS DE LA SEMANA

Obstaculizan el aborto no punible en la Ciudad

La Justicia porteña reestableció un protocolo con restricciones para acceder a la práctica. Hasta ahora regía una cautelar que lo suspendía.

Por Alejandra Hayon
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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad restableció el cuestionado protocolo para el acceso al aborto no punible, sancionado en 2012 por el entonces ministro de salud porteño Jorge Lemus, y actualmente ministro nacional. Hasta ahora estuvo suspendido por una medida cautelar que consideraba que imponía trabas y restricciones para las mujeres que querían hacer uso de este derecho.

La resolución 1252 –más conocida como el Protocolo Lemus- fue sancionada en 2012 luego de que la Corte Suprema de Justicia obligara a todas las provincias y a la Ciudad a establecer los lineamientos de acceso y atención para los casos de abortos no punibles. En el fallo conocido como F.A.L., el máximo tribunal aclaró que todas las mujeres embarazadas producto de una violación pueden realizarse un aborto sin necesidad de autorización judicial ni denuncia penal previa y sin estar expuestas a equipos interdisciplinarios de médicos o autoridades para aprobar la práctica.

“Con este último fallo retrocedimos al protocolo de Lemus que contradice todas las recomendaciones de la Corte Suprema y le pone obstáculos a las mujeres que necesitan realizárselo. La Corte ya dijo expresamente que obstaculizar el acceso al aborto no punible es violencia contra las mujeres”, explicó a Diario Z María Rachid, ex legisladora que presentó el amparo que acaba de ser anulado en esta nueva instancia.

El protocolo sancionado por Lemus fue rechazado por organizaciones de mujeres, de derechos humanos y los sectores políticos opositores al PRO. El motivo: imponía condiciones que hacían más difícil y restrictivo el derecho a abortar y que excedían lo dispuesto por la Corte.

Entre los obstáculos que interpone están el límite de las primeras doce semanas de gestación para realizar el aborto, la intervención de un equipo interdisciplinario, y la aprobación del director del hospital. Además, el protocolo exige la denuncia penal como requisito para acceder a la práctica.

“Que exijan la denuncia penal es una barbaridad. No sólo porque excede lo dispuesto por la Corte sino porque es inconstitucional. Es una gran hipocresía que contradiga todas las indicaciones de la Corte que además están en la guía que rige del ministerio nacional”, aclaró Rachid.

Para la legisladora mandato cumplido el protocolo nacional para acceder al aborto no punible –que contempla los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia- está en peligro con la nueva gestión de Lemus como ministro nacional. “Si Lemus hace los mimo que con la Ciudad es muy probable que haya un retroceso de grande magnitud en cuanto al aborto no punible”, se lamentó.

Rachid apelará el último fallo y pedirá que suspendan el protocolo de Lemus –como lo hacía la cautelar- hasta que no haya sentencia definitiva.

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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