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TEMAS DE LA SEMANA

Escuelas sin terminar, aulas sin ventanas ni luz, estructuras inservibles

Según la Auditoría, el 86% de las obras carece de documentación.  Y los trabajos son tan ineficientes que una escuela construida en Cildáñez debió se demolida.

Por Alejandra Hayon
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escuelas

Las obras de infraestructura que el Ministerio de Educación porteño realizó durante 2013 se destacan por las irregularidades en la documentación, demoras en el fin de obra, poca o ninguna planificación, estructuras mal hechas que tuvieron que rehacerse. Y el colmo: una escuela que tuvieron que demoler porque la construyeron sobre el arroyo Cildáñez sin las previsiones del caso.

La información surge de un relevamiento que hizo la Auditoría General de la Ciudad sobre las 190 contrataciones hechas en 2013 por el área de infraestructura por un valor de 490 millones.

Según detectó la Auditoría, algunas no coincidían con lo pautado en el presupuesto, otras no fueron informadas correctamente o , directamente, las autoridades no supieron identificar la fuente de financiamiento. Según explica el informe –presentado en octubre de 2015 a la Legislatura porteña- en el 86 por ciento de los casos no estaban los expedientes ni la documentación relativa a cada obra.

En casi todas las escuelas los trabajos excedieron los plazos acordados en las licitaciones. En uno de cada tres casos, la obra se extendió un 150 por ciento más de lo previsto. Una de las irregularidades más escandalosas fue que en casi el 70 por ciento de las reformas no se cumplió con las normas de accesibilidad: medidas obligatorias de puertas, pasillos, herrajes y baños para que los establecimientos puedan ser utilizados por chicos discapacitados.

«La Ciudad privatizó el mantenimiento de las escuelas y el servicio no se controla. En cada auditoría se observan las mismas deficiencias, pero jamás nos llamó un funcionario preocupado por el deterioro permanente de la infraestructura escolar», afirmó a Diario Z Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad.

En la escuela Nº3 Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318), la obra para reformar la planta baja y el subsuelo estuvo paralizada durante meses. En ese tiempo los 200 estudiantes, 38 niños pequeños y 40 trabajadores tuvieron que arreglarse sólo con el espacio disponible en el primer piso con una única escalera, sin rampa ni salida de emergencia.

Según la Auditoría, en las escuelas en donde se incorporó tecnología nueva -como paneles de energía solar y sistemas termomecánicos para climatizar el aire- no capacitaron al personal encargado del mantenimiento diario, por lo que muchas veces quedaron sin uso.

Algo similar ocurrió con las llamadas “terrazas verdes” que se instalaron en los techos de tres escuelas. Al momento del informe, estaban sin ningún tipo de mantenimiento e, incluso, una de ellas no tenía la baranda de protección para evitar accidentes.

Otras irregularidades encontradas fueron la de la escuela Nº16 Presidente Mitre, ubicada en Sarmiento 2832, donde no previeron baños para los chicos de las salas de 2 años.

O la del Normal Nº9 y el Liceo Nº7 –que comparten edificio en Callao 450- en donde se hicieron aulas sin ventilación ni luz natural.

En la escuela N°14 Gral. Mariano Necochea, del Distrito 3, nunca se pudo usar la rampa móvil porque fue construida con mayor peso y dimensión de la que puede soportar el mecanismo.

Pero lo más curioso sucedió en la escuela Nº 8 del Distrito 13, en Homero 2159, Cildáñez. Según constataron desde la Auditoría, como la constructora no previó los refuerzos estructurales necesarios para construir sobre un arroyo, como era el caso, hubo que demoler gran parte de lo levantado.

Segura explicó que además de la falta de inversión y control que se detalla en el informe, el presupuesto porteño de Ecuación sufrió un recorte de siete puntos y una subejecución de 700 millones de pesos. “Esa plata hubiera alcanzado para construir lo que falta”, opinó la funcionaria.

«Más que desidia lo que hay es una clara política de concebir a la educación como un bien y no como un derecho. El Estado tiene un rol subsidiario orientado a aquellos que no tienen capacidad de pago y, por lo tanto, se deslinda de garantizar una educación pública de calidad e inclusiva», concluyó la auditora.

 

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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