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TEMAS DE LA SEMANA

Nación – Ciudad: ambigüedades de la autonomía

Por Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.

Por Daniel Sabsay
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Abogado constitucionalista y do­cente de la UBA y de varias uni­versidades extranjeras, consultor de Naciones Unidas y una autoridad en la materia, Daniel Sabsay explicó a Diario Z que la Ley Cafiero dejó zonas grises y una suerte de doble comando entre Nación y Ciudad res­pecto del gobierno de la CABA.

¿Por qué existe una agenda pen­diente entre Nación y Ciudad y no entre Nación y -por ejemplo- La Rioja?
No olvidemos que la autonomía de la Ciudad es reciente. Data de 1994 y se fue consagrando a través de los años con suce­sivas leyes y con la Constitución de la Ciudad. Pero hay zonas grises porque existe una suerte de doble jurisdicción: la Ciudad es autónoma, pero transitoria­mente aloja a las autoridades nacionales. A esto se le suma la ley de garantía de los intereses de la Nación, conocida como Ley Cafiero, que implica una suerte de gobierno nacional superpuesto al de la Ciudad. La diferencia con las otras provincias, como La Rioja, es que éstas se constituyeron para conservar su potes­tad de autonomía en 1853. El texto del artículo 129 de la reforma de 1994 -que esta­blece la autonomía de la Ciudad- es poco claro.

¿Por qué?
Porque habla de un gobierno autóno­mo con facultades de jurisdicción. Es una expresión demasiado amplia que se presta a muchísimas interpretacio­nes. No se especifica, por ejemplo, que la Ciudad debería contar con un poder judicial. Esto produjo un doble comando compartido con el gobier­no nacional. Y la Ley Cafiero termina de tomar de la Ciudad muchas de las facultades que deberían ser propias, como la Policía Federal, el Registro de Inmuebles o la Inspección General de Justicia. Es un claro recorte abusivo de las facultades del gobierno porteño.

¿La Constitución de la Ciudad reproduce esos vicios?
No, el texto constitucional de la Ciudad es claro y de­termina que todas estas cuestiones tienen que estar en manos del gobierno local. Pero también es realista y no impone el traspaso de las facultades en un de­terminado plazo, sino que deja abierta a la negocia­ción entre ambas jurisdicciones.

DZ/km

 

Fuente Especial para Diario Z
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