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Mussa: ‘Las políticas públicas permiten que haya niños en la calle’

Reportaje a la asesora general tutelar de la Ciudad. Por Romina Calderaro.

Por Romina Calderaro
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Los niños y adolescentes que por algún motivo se encuentren internados en diversos institutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a disponer de un abogado que los represente gratuitamente. Laura Musa, la asesora general tutelar porteña, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos, presentaron una iniciativa que apunta a garantizar que la Justicia escuche la voz y los deseos de los chicos que están involucrados en cuestiones judiciales. Entrevistada por Diario Z, Musa explicó los alcances de la medida y ofreció un panorama general de las políticas de Estado que el gobierno de Mauricio Macri está aplicando en relación con la niñez.

¿Qué es el abogado del niño?
Es una iniciativa que da cumplimiento, finalmente, a la Ley 26.061, de Protección Integral. Esa norma se dictó hace seis años y significó en sí misma un enorme avance jurídico en materia de la relación entre el Estado y los menores de edad. La nueva ley derogó cien años de patronato en la Argentina. Antes teníamos la Ley de Patronato y la Convención sobre de los Derechos del Niño, que eran antagónicas entre sí y formaban parte del sistema jurídico para los menores de edad. Había jueces que aplicaban las dos y la verdad es que era una confusión jurídica que sólo servía para vulnerar derechos. Con el dictado de esta ley, la 26.061, se entendía que se ponía en acto la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, unos de los postulados más importantes, tanto de la convención como de la ley (que el niño es sujeto de derecho, que tiene derecho a ser escuchado), no estaba instrumentado.

¿Y qué cambió con la nueva ley?
En esta ley hay un artículo que dice que el Estado proporcionará a las personas menores de edad un abogado que puede asistirlo en todas las causas administrativas o judiciales de las que forme parte. Esto quiere decir que, cuando se deciden derechos personalísimos de un niño (con quién va a vivir, su identidad, etcétera), el menor va a ser escuchado. Antes se lo banalizaba mucho. Antes en las audiencias se le preguntaba al niño, por ejemplo, con quién quería vivir y su respuesta quedaba como una nota al pie. El modo en el que los adultos somos escuchados en un expediente judicial es a través de un abogado que convierte nuestra petición en una herramienta jurídica. Eso es el abogado del niño: el menor va a ser escuchado como técnicamente corresponde que lo sea. Y como controlo todos los procedimientos en los que son parte los chicos, veo que no tienen abogado en muchas causas -por lo menos las que pasan por mi oficina, que son niños institucionalizados por violencia, por pobreza o por lo que fuere- y los menores internados en instituciones de salud mental. Es importante que la voz de los chicos sea escuchada. Para que cuando el juez tome una medida que se aparte del deseo del niño (algo que puede ocurrir), tenga que fundarla en derecho.

¿Qué hace la asesoría tutelar?
Tradicionalmente, aconseja al juez, cuando hay un niño en un expediente, acerca de lo que el asesor cree que es mejor para el menor. Asesora al juez dictaminando, por ejemplo en un caso de adopción, diciendo «está bien que se lo saque a la madre por tal razón» o «está bien que el niño quede con la familia». Ésa es la función tradicional. Esta opinión del asesor tiene que ver con un artículo muy discutido del Código Civil que dice que el asesor de menores representa el interés de la sociedad y del niño. Pero estos intereses no siempre coinciden. Ahora el niño, a través de su abogado, muchas veces puede decir que en realidad prefiere vivir con su abuela pobre en la villa, porque ahí no tiene miedo o por lo que fuere.

Usted está hace cinco años en el cargo, ¿qué impronta le dio?
Más allá del rol obligatorio que establece la ley, le hemos dado otro contenido: el control y seguimiento de las políticas públicas para la infancia. Porque considero que esas políticas públicas son las que generan que haya niños en la calle. No puedo acusar a la familia de que el niño está abandonado o no está escolarizado cuando lo que me parece es que hay una ausencia estatal que está provocando esto. Lo que hacemos nosotros, además de asesorar al juez, es controlar las políticas públicas en relación con la niñez.

¿Y cómo definiría las políticas públicas de Mauricio Macri en relación con la infancia?
Han ido cambiando, porque al principio nosotros teníamos una discusión permanente acerca de la cantidad de niños institucionalizados, del sentido de las institucionalizaciones y sobre los problemas en el área de salud mental. En el área de desarrollo social hemos acercado posiciones y utilizamos una misma base de datos. Vamos bien en desarrollo social, pero en el área de salud mental ha habido un retroceso. Nosotros teníamos un mejor acceso al programa para chicos con adicciones, teníamos mejor trato en general con los funcionarios, pero desde que asumió la licenciada María Concepción Grosso directamente trata de que no haya relación y prohíbe nuestro ingreso a los lugares de internación. Nuestra visita no discute para nada el diagnóstico ni el tratamiento. Pero sí nos fijamos que si los chicos tienen el alta del equipo de salud mental, deben salir, y hay un permanente incumplimiento de los hábeas corpus en el hospital Tobar García, por ejemplo. En todos los casos rescato que los equipos profesionales tratantes son excelentes: los chicos están bien atendidos. Pero no así el sistema burocrático administrativo, que tiene un problema en ser controlado.

¿Cuál es el panorama de los chicos en situación de calle en la Ciudad?
Muchos terminan en una institución, en hogares. La internación es el último recurso y tiene que darse por el menor tiempo posible. Hay otros recursos: conectarse con la familia ampliada, por ejemplo. Todos los recursos del Estado tienen que funcionar para rearmar los vínculos de esos chicos. Cuando alguno de estos chicos internados en los hogares tiene un brote, lo internan, lo compensan y le dan el alta. Si ese chico fuera de clase media, tendría que volver a su casa. Pero a los chicos que han tenido un problema, los hogares después no los reciben. Con patologías psiquiátricas no los quieren de vuelta. Estamos trabajando sobre este circuito.

Una parte importante de la opinión pública cree que los menores que cometen delitos deben ser tratados como adultos, ¿cómo se modifica esta representación social?
Lo interesante es que hoy no hay ningún sector de la política que pida eso. Ahora, el debate es otro y es muy interesante: la política no quiere asumir que hay que crear un régimen penal juvenil. No podemos seguir haciéndonos los tontos y seguir usando la ley de la dictadura que dice que entre los 16 y los 18 años los chicos son adultos, sólo que recién cuando cumplen los 18 les vamos a dictar la pena y mientras tanto los tenemos en una especie de remojo institucional que son los institutos, donde están sin condena. Es una hipocresía institucional enorme. Y la ley dice que por debajo de los 16, nadie es imputable. Esa es una mentira: a cualquier edad por debajo de los 16 un juez le puede abrir un «expediente tutelar» de cuidado y terminan en un lugar de encierro «por su bien». Están encerrados y esa ley es inconstitucional. En todo el mundo se armaron regímenes de responsabilidad penal juvenil. Es una deuda de la democracia.

DZ/km

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